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EP Firmas BLOGS Coordinado por Daniel Leguina

“De cien vecinos que éramos ya solo quedamos dos”

Ante la despoblación rampante que genera el capitalismo, hoy buscamos alternativas que atraigan nuevos residentes al mismo tiempo que se respeta la calidad de vida y del medioambiente

Una anciana camina con el andador en el municipio de Pescueza.  ANDY SOLÉ
Una anciana camina con el andador en el municipio de Pescueza. / ANDY SOLÉ

La manifestación de la ‘España vaciada’ hizo resurgir en la agenda mediática un asunto que, sin embargo, no tiene nada de novedoso. Que la mitad de los municipios españoles se encuentren en riesgo de extinción y que casi 4.000 cuenten con menos de 500 habitantes no es un hecho reciente. Las migraciones de población procedente de zonas rurales hacia núcleos urbanos se desencadenaron durante la segunda mitad del siglo XX a consecuencia del crecimiento económico resultado de la industrialización, y el mayor nivel de bienestar que por ello proporcionaban las ciudades, lo que en términos históricos se denominó éxodo rural. Si bien es cierto que este fenómeno fue perdiendo velocidad, es una tendencia que ha persistido hasta nuestros días y especialmente empeoró a raíz de la crisis económica de 2008.

Pero ya no son solo los pueblos los que experimentan la pérdida de población, sino que algunas capitales de provincia y cabeceras de comarca también han empezado a decaer. Actualmente, el 90% de españoles vive en el 30% del territorio.[1] Estamos evolucionando hacia un modelo territorial de capitales muy pobladas y municipios despoblados, que no es en modo alguno sostenible. En los núcleos de población que están perdiendo a sus habitantes es ya habitual escuchar frases de este tipo: “De cien vecinos que éramos ya solo quedamos dos”, como reividicaba el cantautor Labordeta en una de sus letras.

Ahora bien, la gestión política del problema es difícil, pues requiere estrategias que, además de integrar diferentes niveles de gobierno, presenten un enfoque innovador y discriminatorio que puede llegar a generar incomprensión u ofensas en otros actores políticos y territoriales. Entre las propuestas de los partidos políticos destaca la accesibilidad a internet de banda ancha y 3G como medida estrella, además de incentivos al empleo y al emprendimiento, diversas reducciones fiscales y una mayor dotación de recursos públicos.

Aunque algunas de estas iniciativas son muy necesarias -garantizar la cobertura de servicios básicos y mejorar las telecomunicaciones, así como las vías de transporte y los medios de transporte público interurbano-, hay que ser cautelosos a la hora de desarrollar nuevas medidas fiscales e inversiones en infraestructuras y servicios, pues queda la duda de que el medio rural pueda soportar el desarrollo de las grandes conurbaciones o regiones metropolitanas que, como ‘agujeros negros del desarrollo’, se tragan todo alrededor de su amplia zona de influencia.

A simple vista puede parecer que la raíz del problema está en la falta de empleo y, aunque la oferta laboral es un factor importante para la recuperación demográfica, no es la causa principal de la pérdida de población. La obsesión por la rentabilidad económica propia de los sistemas capitalistas es lo que ha llevado a mermar la población en el medio rural; así lo analiza desde una perspectiva histórica Luis del Romero en su libro Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido.

Una mentalidad más cooperativa y el trabajo entre ayuntamientos puede fortalecer la prestación de servicios públicos en zonas con poca población

Por ello, parece una buena ocasión para apostar por otros modelos productivos, distintos de la tradicional fórmula de empresa capitalista, que permitan aprovechar la enorme riqueza cultural y natural de la que disfrutan los municipios rurales, activando la economía y generando empleo a la vez que se mantiene la calidad del medio ambiente.

La Economía Social y Solidaria[2] defiende un modelo que priorice a las personas por encima del capital. En este sentido, tanto las iniciativas privadas como las políticas del sector público deberían tener en cuenta la eficiencia social de sus proyectos y no solo su rentabilidad económica. Dar importancia exclusivamente al capital como generador de riqueza nos ha llevado a ocupar masivamente las ciudades y a abandonar aquellos pueblos con excelentes condiciones para la vida humana. Aún con más motivo incluso, los servicios públicos no pueden ni deben prestarse desde un enfoque lucrativo, concentrando las inversiones donde la demanda es mayor e infradotando las zonas con más impedimentos demográficos y geográficos.

El trabajo en red, anteponer la cooperación frente a la competitividad, representa otro de los principios de este modelo económico. Las sociedades cooperativas o laborales, las sociedades agrarias de transformación, los grupos de consumo comunitario, las mutualidades o las asociaciones y fundaciones del tercer sector social son fórmulas empresariales alternativas que evitan ciertos problemas que generan, por ejemplo, las centrales de suministro de energía térmica, los vertederos de residuos o las industrias ganaderas de cría intensiva, que están proliferando en el medio rural y que tienen un coste ambiental muy elevado y muy poca capacidad para crear puestos de trabajo. De nuevo, un principio que también conviene adoptar en las administraciones públicas, especialmente en el ámbito local. Una mentalidad más cooperativa y el trabajo conjunto entre ayuntamientos puede fortalecer la prestación de servicios públicos en zonas donde los municipios cuentan con poca población.

Las localidades rurales, a fin de cuentas, necesitan atraer población, y para ello requieren alcaldes y líderes políticos entusiastas, dispuestos a cooperar y a promocionar pequeñas iniciativas con el fin de mantener a la gente que ya reside en ellas y de favorecer la llegada de nuevos vecinos. Asimismo, es ineludible una revisión del modelo de financiación con partidas presupuestarias que beneficien a las entidades más cercanas al medio rural, como ayuntamientos, comarcas y agencias de desarrollo; sin olvidar, sin embargo, que está redistribución de recursos no debería acabar en la construcción desmesurada de inmensos equipamientos y obras públicas inservibles.

 * Ana Lascorz es analista política de la Fundación Alternativas


[1] Pazos-Vidal, S. (2019). “Reto demográfico”. Agenda Pública, El País, 7 de abril. Disponible en: http://agendapublica.elpais.com/reto-demografico/

[2] Martínez del Arco, M. A., Sabín Galán, F., Álvaro Moreno, A., Gallero Moreiras, A. y Salsón Martín, F. (2019). La Economía Social y Solidaria: Balance provisional y perspectivas para España. Laboratorio de Fundación Alternativas. Disponible en: https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/zoom-economico/la-economia-social-y-solidaria-balance-provisional-y-perspectivas-para-espana

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