No solo números, también personas con vida cotidiana

Desde hace un tiempo, en la política pública la despoblación es un tema de recurrente actualidad. Pero en muchas ocasiones parece que se trata más de números que de las personas que hay detrás de esos números. De sus derechos y situaciones y de su propia vida cotidiana. Los que desde hace muchos años investigamos de manera científica este tema ya conocíamos sobradamente la situación. También que estamos en la fase de salida de la misma. Lo peor claramente ha pasado hace ya algunos años. Pero los que tienen responsabilidad pública deben enfocar el tema sobre la base de la calidad de vida de los ciudadanos rurales: no son tan importantes los números como las personas y cómo se desenvuelven en su espacio rural cotidiano. La despoblación rural es un problema para las personas cuando afecta su vida cotidiana. Cuando adquiere, en consecuencia, una dimensión moral. Esta dimensión moral es multidimensional y por tanto, se advierte como una (in)justicia posicional por los individuos que residen en una zona despoblada. Cuando ser pocos es un problema, en primera instancia relacional. Estas zonas existen en España.

La vulnerabilidad geográfica agrava la vulnerabilidad social

Así, la despoblación es un problema de múltiples matices sociales y territoriales que difícilmente se puede abordar bajo un solo parámetro poblacional. La despoblación se decodifica casi individualmente, en una misma comunidad rural, no afecta por igual. En el ámbito de los comportamientos cotidianos, los afectos y las emociones poco pueden hacer las políticas públicas, más allá de arropar a los ciudadanos. Que los ciudadanos rurales se sientan arropados en su Estado, donde se han disuelto las comunidades rurales, incluye que en cada lugar quienes representan al Estado deben tener una relación amigable e incluso participativa. Pensemos en pueblos donde vive una persona o pocas personas, la Administración no se puede mostrar lejana. Los (micro)comportamientos y acciones muchas veces son más resolutivos que los grandes planes.

Los ciudadanos rurales constituirían otra dimensión que hace relación a la elegibilidad y a la (micro)posicionalidad espacial. Esto tiene un ámbito público y otro privado. En el ámbito público, el Estado debe asegurar que cada ciudadano tenga efectivamente los mismos derechos y servicios: sanidad, educación, seguridad… en cada lugar geográfico, pero sobre todo en las áreas más despobladas. En el ámbito privado, el Estado no debería más que animar las iniciativas de cada ciudadano mediante procesos absolutamente transparentes que premien la capacidad de cada individuo. En las democracias rurales, el Estado debe asegurar el progreso de cada individuo de acuerdo a sus capacidades, pero protegiendo a los más vulnerables. La vulnerabilidad geográfica agrava la vulnerabilidad social.

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Qué debemos aprender de la escasa aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible de 2007, una ley ruralista que pretendía fomentar la población rural. Principalmente que no ha tenido una notable aplicación, debido sobre todo a su enciclopédica ambición. También que constituyó un reciente hito legislativo que concedía una dimensión rural al espacio antes (primordialmente) agrario. De esta manera ya se entendía el territorio rural como espacio de poblaciones rurales. Un cambio de prisma importante. ¿Cuál es el papel de una estrategia nacional sobre la despoblación en este camino? Habría dos opciones: la primera, un documento sintético sobre el papel del Estado en la (solución) de este fenómeno, es decir, un consenso sobre cuáles son las responsabilidades del Estado y cuáles no. Esto es relevante, nos lleva a un Estado minimalista o maximalista. Por otro lado, que parte de la solución del problema recae en la sociedad civil (rural). El Estado debería ser maximalista en lo público y minimalista en lo privado. Y en segundo lugar, el puzle político, donde se ensamblan las políticas sectoriales, las políticas autonómicas, las propuestas de los municipios en un solo documento. ¿Qué habría de nuevo en esta segunda opción? Probablemente poco, simplemente la exposición pública de todo lo que se está haciendo sobre despoblación por diversas administraciones. La estrategia (de aquí su nombre) no conlleva necesariamente coordinación, sino se avanza en otros ámbitos de convergencia política.

Hasta ahora la política estatal sobre despoblación se ha quedado más en las palabras que en los hechos. Pero, como todos los textos programáticos de los grandes partidos incluyen la preocupación por la despoblación y el desequilibrio territorial, será ahora buen momento de precisar un pacto político. La reciente estrategia sobre despoblación del Gobierno, un documento abierto que engloba grandes principios socioterritoriales sobre todo el muy reclamado que la posicionalidad espacial no discrimine al ciudadano rural, pero sin una notable negociación con las Comunidades Autónomas, quedará en uno de tantos textos programáticos de nuestra historia rural.

El debate sobre la despoblación rural anima otros como la configuración territorial del Estado. Son diversos los escalones administrativos en nuestras democracias rurales generados en un proceso y contexto histórico. Desde el municipio hasta el Estado nacional. ¿Qué puede aportar cada uno? Sólo leyendo los principales periódicos nacionales, en todas estas escalas existen iniciativas para dinamizar la población rural. La mayor parte de los casos de forma inconexa. La articulación de todas las escalas territoriales podría constituir un notable logro o consecución en las spatial politics, tanto a nivel horizontal como vertical, de una verdadera estrategia, no enciclopédica, sobre despoblación rural que llevase a un nuevo acuerdo territorial sobre las necesidades y derechos de los ciudadanos. Todo esto nos lleva mucho más allá de la propia despoblación rural. Aquí radica verdaderamente la magnitud del fenómeno.

Ángel Paniagua es investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científica.