¿Hipotecando la formación?

En España existen actualmente casi medio millón de préstamos con garantía hipotecaria inmobiliaria concedidos a familias, lo que representa algo más de 500.000 millones de euros de saldo vivo. La agilidad del sistema bancario español a la hora de conceder una hipoteca ha sido un factor clave en el desarrollo del mercado inmobiliario residencial, que después de la crisis muestra señales de recuperación, sobre todo en lo que se refiere a transacciones. Hoy en día, gracias a la revolución digital, en España es posible contratar una hipoteca en 48 horas sin tener que acudir a una oficina bancaria. Un servicio que está a la vanguardia de lo que sucede en otros países del entorno.

Con el objetivo de aportar mayor protección al cliente en este ámbito, la esperada ley hipotecaria —Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario— obliga a los empleados de banca a tener una formación adecuada para la concesión o asesoramiento sobre préstamos o créditos hipotecarios. Así, el nuevo texto señala que las partes intervinientes en estas operaciones deberán tener conocimientos en materias relacionadas con la economía, las finanzas, el proceso de compra de viviendas, tasaciones, garantías, así como de la organización y del funcionamiento de los registros de la propiedad. Y, todo ello, antes del 29 de julio del presente año. Del mismo modo, estos profesionales deberán acreditar anualmente una formación continua que avale su actualización permanente.

Para el sector bancario fundamentalmente, así como para otros agentes implicados en este tipo de operaciones, supone una exigencia de formación, que afecta a miles de empleados en un corto espacio de tiempo, un plazo récord de dos meses desde que se publicara la ley hipotecaria. Dentro de las entidades financieras, la norma podría afectar también a directivos, comités de riesgos e incluso a los miembros del consejo de administración, dependiendo de la operativa de cada entidad.

Estas exigencias de formación vienen a ser la tónica general en los mercados financieros para tratar de dar mayor protección al consumidor. La normativa MIFID II, que entró en vigor en enero del año pasado, obliga a que cualquier empleado que asesore o informe sobre productos financieros o del mercado de valores reciba formación sobre ellos. Y ahora, esta formación, se extiende al producto bancario estrella de la banca, las hipotecas. Sin duda, se persigue garantizar la profesionalidad y el adecuado asesoramiento a los clientes, antes de tomar decisiones sobre un producto tan importante como es la hipoteca de la vivienda personal. Lástima que estas medidas no vayan acompasadas con acciones públicas de alfabetización financiera que reduzcan la brecha entre los conocimientos de la gente de a pie y los profesionales que comercializan productos financieros.

Mónica Guardado y Virginia González son profesoras de Afi Escuela de Finanzas.