El Supremo confirma la multa de 300.000 euros a Jaime Botín por ocultar acciones de Bankinter

A Jaime Botín ya no le quedan más instancias a las que recurrir. El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 300.000 euros al expresidente de Bankinter por no declarar que tenía una participación de casi el 8% en el capital de la entidad. Este hecho se considera una falta muy grave según la Ley del Mercado de Valores. El caso se remonta a 2013, cuando la CNMV abrió una investigación después de que las autoridades tuvieran conocimiento de varias cuentas secretas en Suiza ligadas a la familia Botín gracias a la publicación de la lista Falciani.

Jaime Botín, hermano de Emilio Botín, fue condenado por la Audiencia Nacional en enero de 2018 a pagar una multa de 300.000 euros por incumplir su obligación de notificar a la CNMV su participación significativa en Bankinter. Los jueces redujeron la cuantía de los 500.000 euros que inicialmente le impuso el Ministerio de Economía en julio de 2015. El directivo estaba obligado a declarar que poseía esas acciones, ya que fue presidente de Bankinter (desde noviembre de 1989 hasta marzo de 2002) y consejero y vicepresidente de Cartival (desde 1997), la compañía a la que se traspasó el paquete accionarial del 7,85% del capital social de Bankinter.

El caso se inició cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre las cuentas de varios españoles en el banco suizo HSBC, entre los que había 12 miembros de la familia Botín. Fue así como se descubrió que su participación real en la entidad era de casi el 23% y no del 16,3% que tenía declarado ante el supervisor.

Jaime Botín reclamó la prescripción de la sanción, pero el Tribunal Supremo interpreta que el plazo de prescripción de cinco años que recoge la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores debe comenzar a contarse desde el día en que finalizó el incumplimiento del deber de comunicación en que consiste la conducta infractora, ya que se trata de una información de carácter permanente.

El abogado de Botín argumentó también que desde el año 2005 solamente tienen obligación de presentar declaración de participaciones significativas en sociedades cotizadas los beneficiarios de fundaciones que ostenten en dichas sociedades el cargo de administrador o directivo y que Botín dejó de ser consejero en Bankinter en 2002, por tanto, tres años antes de la entrada en vigor. El tribunal no le da la razón y recuerda en la sentencia que en la web corporativa de Bankinter figura como vicepresidente Cartival "con expresa indicación" de que esta sociedad está representada en el consejo por Alfonso Botín "siendo Jaime Botín-Sanz de Sautuola el accionista significativo a quien representa".

Jaime Botín y sus hijos reclamaron ante el Tribunal Supremo que el Estado les devolviera 25 millones de euros que pagaron al ser descubiertos tras la publicación de la lista Falciani. Hacienda les informó de que conocía sus cuentas en Suiza y les instó a pagar 200 millones de euros. La mayoría de los evasores pagaron de forma voluntaria, pero después los Botín reclamaron parte de ese dinero en los tribunales. Botín intentó hace unos meses cerrar un acuerdo con el Ministerio de Cultura para no ir a la cárcel por tratar de vender sin permiso un cuadro de Picasso.