Recetas para después de una crisis

La presentación del libro Una visión macroeconómica de los 40 años de la Constitución Española, de José Luis Malo de Molina, fue una piedra de toque para que la ministra, Nadia Calviño, pusiera en marcha la política económica del Gobierno para la nueva legislatura. La todavía ministra en funciones, que parece contar con la confianza de Pedro Sánchez para continuar al frente del departamento. mostró una contundencia en el canutazo con la prensa que lleva a pensar que se prepara una legislatura con el apellido de reformista, sobre todo si sigue las recomendaciones del Banco de España (BE).

En la presentación del libro del que fuera su director de Estudios durante 24 años estuvo también el gobernador, Pablo Hernández de Cos, que fue precisamente quien le sustituyó en el cargo antes de pasar a su actual puesto. Y, bajo la atenta presencia de la ministra, el gobernador desgranó los desafíos pendientes de la economía española y las reformas que, según la institución, debe aplicar el Ejecutivo. Los canales para un mayor crecimiento están identificados: van desde los incentivos para promover reformas que favorezcan el clima empresarial, la inversión privada y la apertura comercial al exterior hasta sus efectos positivos sobre el desarrollo de la capacidad fiscal y el incremento del gasto en educación, en sanidad y en otros bienes públicos.

A su juicio, el balance del periodo constitucional es “netamente positivo, pero no debe conducir a la complacencia” porque la economía se enfrenta a muchos desafíos importantes y “la expansión y la extensión de los efectos positivos a la ciudadanía dependerán en buena medida de cómo se afrontan” en una etapa de ralentización en la que va a seguir el crecimiento a un nivel más bajo, y habrá que afrontar esos desafíos preferiblemente al principio de la legislatura. Según el gobernador, la magnitud de los retos hace que sea prioritario alcanzar amplios acuerdos políticos para abordarlos con prontitud y decisión, como ocurrió con el consenso de la etapa en que se redactó la Constitución. Son las recetas para después de una crisis.

Algunos de esos desafíos son consecuencia de la crisis y de las transformaciones recientes, como el desequilibrio de las cuentas públicas o el envejecimiento de la población; pero hay otros que son estructurales y se arrastran desde el principio de ese periodo, tales como la productividad y el mercado de trabajo. Este ha sido una de las obsesiones del BE, y de Malo de Molina en particular. Existe el problema de elevado desempleo, así como las altas tasas de temporalidad, que llevan aparejadas consecuencias en términos de eficiencia, capacidad de crecimiento y desigualdad de las rentas de los hogares, visible sobre todo en la crisis por la destrucción de empleo.

El otro problema estructural es el modesto crecimiento de la productividad, debido principalmente a las deficiencias en el sistema educativo y de formación, el reducido nivel de capital tecnológico (40 puntos por debajo de la media europea), la elevada temporalidad (de nuevo), la baja calidad de las instituciones y el funcionamiento de los mercados de productos y servicios, según el BE. “Algo que podría ayudar a activar la dinámica de la productividad, que tiene que ver con el papel del sector público, sería el establecimiento de una evaluación periódica y sistemática de las políticas públicas, que no hemos sido capaces de establecer en las últimas décadas”, advirtió el gobernador.

La magnitud de los retos hace que se sea prioritario alcanzar amplios acuerdos

El país arrastra problemas estructurales como la productividad y el mercado laboral

La mejora de la productividad se asocia a las reformas. Facilitaría la competitividad para mantener superávits exteriores holgados que favorecerían la reducción del elevado endeudamiento exterior. Además, la mejora de la competitividad no tendría que concentrarse exclusivamente en la moderación de los costes laborales y financieros. Asimismo, parece fundamental mantener la cultura de la estabilidad macroeconómica, ya que la persistencia de elevados niveles de déficit y deuda restringe el margen de maniobra de la política fiscal para contrarrestar posibles escenarios adversos.

Y queda el fenómeno del envejecimiento, lo que afecta a las pensiones y se refleja en que la tasa de dependencia (cociente entre la población mayor de 65 años y la que está en edad de trabajar), que al inicio del periodo constitucional estaba en torno al 16%, ahora se sitúa en el 25% y superará el 50% a mediados de siglo. Los efectos de esta evolución se harán patentes al afectar al consumo y al ahorro y al generar una reducción de la fuerza laboral y, posiblemente, el avance de la productividad, además de poner a prueba la eficacia de las políticas de demanda.