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El Constitucional anula la sentencia que tumbó el bono eléctrico y pide al Supremo que vuelva a fallar

El alto tribunal considera que se vulneró el derecho a un proceso público con todas las garantías

Dos operarios trabajan en una torre del tendido eléctrico.
Dos operarios trabajan en una torre del tendido eléctrico. Getty

Golpe del Tribunal Constitucional (TC) a las empresas energéticas. El pleno del alto tribunal ha dado la razón a la Administración General del Estado (AGE) y ha anulado la sentencia del Tribunal Supremo que tiró abajo el llamado bono social eléctrico, una tarifa subvencionada que se aplicaba a los consumidores con bajos ingresos. Los magistrados han decidido revocar dicha resolución al haberse vulnerado el derecho a un proceso público con todas las garantías, previsto en el artículo 24.2 de la Ley Fundamental.

Según ha detallado el TC, el tribunal ha admitido el recurso de amparo de la AGE contra la decisión del Supremo, ya que el órgano judicial no aplicó la normativa nacional por considerarla incompatible con una directiva europea, pero lo hizo sin, previamente, recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Eso implica que se resolvió sin tener en cuenta esta "fuente" legal. Por todo ello, el Constitucional ha decidido anular la sentencia del Supremo y devolver el caso a dicho órgano judicial: "Para que dicte nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado", han detallado los magistrados.

El Supremo tumbó el bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. La sentencia consideró que el coste de ese descuento se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no justificó los criterios con que distribuye el coste de la subvención. Además, reconoció el derecho de las eléctricas demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas, de manera que se reintegren todas las cantidades que hayan pagado por ese concepto, más los intereses legales correspondientes. Fuentes del sector calcularon entonces que ese importe puede superar los 500 millones de euros.

El bono social es un descuento del 25% en la factura de la luz al que tienen derecho algunos colectivos considerados vulnerables, que alcanza a unos 2,4 millones de clientes, y que supone un coste de unos 200 millones de euros anuales, que sufragan las compañías eléctricas. Estas han reclamado siempre que esa subvención debe asumirla la Administración, por lo que llevaron el asunto a los tribunales.

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