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El bono social pierde el 20% de beneficiarios desde 2010

Las eléctricas y las entidades sociales afean que el Gobierno no tenga en cuenta la renta dentro de la ayuda

El mecanismo estatal para ayudar a los colectivos vulnerables a pagar el recibo de la luz, el bono social, disminuye su cobertura año tras año. Unos 500.000 clientes han perdido el subsidio de 2010 a 2015. Una parte responde a la depuración de fraudes. Pero tanto las eléctricas como las entidades sociales señalan también que el sistema de acceso al descuento de hasta un 25% en la factura está desfasado y el Gobierno no ha actuado.

El bono social pierde el 20% de beneficiarios desde 2010

La ayuda, para la que el año pasado las eléctricas aportaron 186 millones de euros, cubre a cuatro colectivos que pueden solicitar acogerse a ella: pensionistas, familias numerosas, aquellas con todos sus miembro en paro o consumidores con una potencia contratada inferior a tres kilovatios en su primera vivienda. Cuando se puso en marcha, en 2009, se aplicó de manera automática a 2,6 millones de viviendas, entre ellas muchas segundas residencias. La cifra de beneficiarios creció hasta tocar su máximo en 2010: tres millones de hogares. Y desde entonces ha caído a 2,4 millones, pese a la dura y larga crisis económica.

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) atribuye parte de la caída sostenida en la cobertura al “trabajo de depuración” que han hecho las empresas para identificar situaciones de fraude. Por ejemplo, de segundas residencias o de pequeños locales que se acogían a la ayuda irregularmente. Unesa ha retirado el bono a 600.000 clientes, y cree que hay muchos fraudes sin detectar.

Al margen del engaño, empresas y entidades creen que el bono no llega siempre a quienes lo necesitan. “Los actuales criterios de ingreso no permiten garantizar que los clientes beneficiarios del mismo sean realmente clientes vulnerables”, critican desde Endesa, una idea que comparten otras comercializadoras como Viesgo, Gas Natural o EDP.

En noviembre de 2015, últimas cifras disponibles, siete de cada 10 beneficiarios recibían la ayuda simplemente por tener una baja potencia contratada. Otro 12% eran pensionistas; el 8%, familias numerosas y el 2,8%, desempleados. ¿Dónde ha crecido más el bono social? Entre las familias numerosas la cobertura ha subido un 14% entre 2014 y 2015.

El bono social pierde el 20% de beneficiarios desde 2010

Según una directiva europea de 2009, España debía establecer medidas para los colectivos vulnerables a la pobreza energética. El Gobierno nunca hizo una definición de “consumidor vulnerable”, sino que lo equiparó con las condiciones para acceder al bono social. Este bono, sin embargo, no ha llegado a desarrollar un reglamento para dar acceso según el nivel de renta. Así, una familia numerosa tiene acceso siempre a esta ayuda, sea cual sea su renta, pero un hogar con un hijo, aunque sus ingresos sean mínimos, no lo tiene garantizado.

Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales un 20% de los españoles es un pobre energético o está en riesgo de serlo: no puede hacer frente a las facturas, queda bajo el umbral de la pobreza tras pagar los recibos o le es difícil una temperatura adecuada en casa.

El Ministerio de Industria declinó responder si considera el bono una herramienta efectiva para combatir la pobreza energética. El Gobierno central lo usó ante el Tribunal Constitucional como uno de los argumentos para lograr la anulación del decreto ley catalán que decretaba una tregua invernal de cortes. El alto tribunal entendió que el Ejecutivo ya había optado por “un diseño de protección del consumidor vulnerable a través de la bonificación del precio".

Tanto la Defensora del Pueblo como la asociación de consumidores FACUA critican que nunca se haya desarrollado el criterio de renta, que la promoción de la ayuda sea limitada y el trámite para acceder a ella, farragoso, algo con lo que las eléctricas no coinciden. “La desvinculación entre el bono y el nivel de renta engendra una evidente situación de discriminación”, asegura una resolución de la Defensora del Pueblo.