Las elecciones dejan en el aire (otra vez) más de 1.300 puestos de confianza del Gobierno

Dicen fuentes informadas que uno de los presidentes de una gran empresa pública nombrado tras la llegada del PSOE al Gobierno se presentó a su equipo diciendo que su misión allí era que Pedro Sánchez ganase las elecciones generales. Pues bien, estamos a un paso de celebrarlas, el próximo 28 de abril, y de que se produzca el típico baile de sillas que acompaña a los cambios de Ejecutivo. Los altos cargos y los puestos de confianza designados tras la toma de posesión de Sánchez, el pasado 2 de junio, están inquietos, ultimando a toda prisa los proyectos ante su eventual relevo y lamentando que su mandato haya sido más corto de lo que esperaban.

Son un total de 1.356 personas, entre altos cargos (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, embajadores, responsables de organismos y empresas públicas, de fundaciones y agencias y de la Casa del Rey) y los denominados eventuales, que son los asesores designados por el Ejecutivo, que ocupan 649 puestos, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Un colectivo que pasará a estar en funciones en el momento en que se convoquen oficialmente las elecciones a través del Boletín Oficial del Estado, el próximo martes, limitando su capacidad de decisión y actuación. Y cesarán en sus cargos cuando los nuevos gobernantes tomen posesión, un mes después de los comicios en el caso de que haya mayoría suficiente, explica Pedro González Torroba, funcionario del Ayuntamiento de Madrid y profesor colaborador de Deusto Business School, y designen a sus sustitutos posteriormente, primero a los altos cargos, luego a los asesores y después a los responsables de las empresas públicas. Entre junio y septiembre las ternas podrían estar hechas.

Durante este periodo, agrega González Torroba, la gestión en las empresas públicas acostumbra dar menos problemas que dentro de la Administración General del Estado porque sus presidentes y los miembros de los consejos de administración suelen ser más técnicos que políticos aunque tengan las mismas limitaciones que ellos. “Se continúa con la gestión plena, intentando terminar los asuntos que están en marcha. Aunque ahora se pararán los proyectos y decisiones estratégicas, especialmente las que impliquen crecimiento del gasto, para no condicionar el futuro del que viene”, indica Carmen Gomis, exsecretaria de Estado para la Función Pública.

Sin inauguraciones

Así lo corroboran en Adif, el gestor público de infraestructuras: “Aquí los procesos no se paran por más que se entre en periodo electoral o cambie el Gobierno. Nos afecta más la ausencia de Presupuestos que el adelanto electoral, aunque de manera parcial, en aquellos proyectos que están en una fase inicial, en planificación o estudio. Y somos conscientes de las limitaciones que impone la ley electoral, que prohíbe los eventos como la colocación de primeras piedras, puestas en servicio, inauguraciones…”.

Es lo que sucede en el caso de los gestores profesionales, que cada día son más, según Gomis. Aunque, a su juicio, se debería exigir más rigor en la elección de los altos cargos públicos, a veces nombrados por su color político.

En la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista mayoritaria en 15 empresas que emplean a 74.000 trabajadores, han cambiado todos los presidentes (Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa, Hunosa, Enusa, Ensa, Agencia Efe, Mayasa, Cepides, Cetarsa, Hipódromo de la Zarzuela, Defex y Saeca) con la llegada de Pedro Sánchez, a excepción del de Cofivacasa. Aunque de los 80 directivos del grupo que componen los comités de dirección de las compañías, la mayoría se mantuvieron en el cargo, indican fuentes de la SEPI, alegando que se trata de “una estructura muy profesional”.

El Estado también tiene participaciones en otras empresas como Red Eléctrica, Paradores, Aena, Renfe o Loterías y Apuestas del Estado, por citar algunas donde también se ha producido un relevo en la presidencia con el Gobierno del PSOE. Y en otras como Indra, Enagás o IAG se han mantenido los gestores que había. Hay menos casos como el de la mencionada Adif, en la que se ha dado la sustitución, pero se ha optado por la segunda persona del organigrama anterior.

“Tenemos un sistema de gerencia pública muy colonizado por los partidos políticos. Y durante muchos años esto se ha visto de manera muy normal por la opinión pública. Pero en los últimos meses se ha hablado de dedazo”, aprecia Francisco Longo, director adjunto de ESADE Business School, para quien no es propio de un país moderno que con cada cambio de Gobierno se produzca un vuelco en la dirección de empresas y organismos públicos. “Sería razonable que por debajo de un ministro hubiera uno o dos niveles de dirección política, como secretarios de Estado y secretarios generales; sin embargo, el 95% de los directores generales deberían ser profesionales”, opina. En las sociedades públicas, el líder debe tener capacidades gerenciales, aunque lo habitual es que la confianza política sustituya al mérito, agrega. Y concluye diciendo que cuanto más avanzada es una democracia, más reducido es el número de políticos, tal y como sucede en Canadá, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca e incluso en países como Portugal o Chile, que han profesionalizado la gerencia.