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COLUMNA i

El nuevo sello de Correos

La empresa se prepara para entrar en el club de los grandes con un nuevo contrato del servicio público universal y la internacionalización

Juan Manuel Serrano.
Juan Manuel Serrano.

El 26 de julio de 2018 Juan Manuel Serrano asumía la presidencia de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, una empresa con 302 años de vida. El nuevo inquilino se tomó el cargo con entusiasmo y el objetivo de imprimir un nuevo sello a Correos que la haga una sociedad dinámica y activa para colocarse entre los grandes y ser un referente en el sector.

Fácil no lo tiene; pero empeño, le sobra. Se puso a ello con varios frentes abiertos que arreglar y el pistoletazo de salida parece haber sido el reciente acuerdo de Correos con los sindicatos según el cual se ha comprometido a crear 11.200 empleos fijos (entre nuevos contratos y conversión de temporales en indefinidos) y a subir los salarios un 9% entre 2018 y 2020 para una plantilla que supera las 52.000 personas. Mejorado de esta forma el clima laboral, después de vivir sin convenio desde 2013, el reto se presenta en competir en igualdad de condiciones tanto en la esfera nacional como internacional.

La estrategia de Serrano pasa por dos puntos básicos: la negociación con el Gobierno de un nuevo contrato sobre el Servicio Postal Universal (SPU) y la internacionalización de la empresa. El SPU supone que Correos debe cumplir la misión de llegar a todos los puntos de España. De momento, esa actividad se regula por el acuerdo que firmó en 2010, en función de la Ley Postal promulgada entonces, por un periodo de 15 años que le obliga hasta 2025. Cada año y vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) recibe una compensación por ese servicio, que no ha seguido una línea de coherencia, habiéndose producido oscilaciones desde los 75 millones de euros del primer año a los 318 o 518 millones de 2013 o 2014 y a los 150 millones del proyecto de PGE de este año, en el que los ingresos previstos alcanzan los 1.966 millones en una empresa que no está acostumbrada precisamente a tener numeros negros en sus cuentas.

La compañía espera a que Bruselas apruebe la nueva metodología para cumplir la normativa

Esta circunstancia ha supuesto que Correos haya sido objeto de denuncias por parte de los competidores en las que le acusaron de recibir subvenciones públicas. Serrano prácticamente se estrenó con la exigencia de Bruselas de devolver 167 millones de euros consideradas subvenciones excesivas . El pago definitivo fue de 134 millones derivados de aplicar ajustes fiscales a la cifra inicial y que computarán como pérdidas en el ejercicio de 2018.

Precisamente, el acuerdo de 2010 contemplaba firmar a lo largo del periodo de vigencia un nuevo contrato entre Correos y el Gobierno con una nueva metodología en el que se refleje el coste real que supone el SPU y cuyo monto la empresa recibiría como compensación. Es un contrato de encomienda a Correos para la ejecución del Plan de Prestación de Servicios Postales que normaliza la situación e impide que se consideren subvenciones.

Sin embargo, pasados ya ocho años no se ha hecho nada. Por eso parece muy conveniente que la nueva metodología sea aprobada cuanto antes por Bruselas. Tanto Correos como la SEPI, su accionista universal, se están han volcado. De lo que se trata es de que, una vez que se tenga la metodología de cálculo del coste del SPU sea aprobada por la Comisión Europea, que debe dar su visto bueno mediante un dictamen, que posteriormente pasará al Gobierno español para que realice un procedimiento administrativo. Asimismo, tiene que ser comunicada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Consejo Superior Postal. Las previsiones apuntan a se arreglará este año.

La sociedad aspira a cerrar este año un acuerdo para instalarse en el sureste asiático

En ese objetivo de mejorar la competencia se encuentra la otra línea estratégica del grupo, la internacionalización. Mientras la mayor parte de los operadores extranjeros, públicos y privados, ya están operando en España, Correos no ha salido del perímetro español. La firma pretende, más pronto que tarde, lograr ese avance. El primer paso se centra en lograr un servicio peninsular y desarrollarlo durante 24 horas al día.

Pero el objetivo está fuera de la península con un salto revolucionario. el periscopio de Serrano está puesto en el sureste asiático, porque allí está el origen del mayor movimiento de paquetería y la estartegia indica que hay que actuar desde allí. El presidente de Correos confía en que, sin pasar muchos meses, haya cerrado un acuerdo con una firma local para instalarse en dicha zona y comenzar su actividad.

Una aventura tan ambiciosa requiere digitalizarse con rapidez y ayudar a que se digitalicen las pymes, que son los principales clientes reales y potenciales. Correos se convierte así en un elemento coadyuvante para dar solución a las pymes como país y llevar las empresas españolas allí donde está el origen. Serrano está convencido de que no habrá problemas de financiación y que, incluso, la compañía puede acudir por primera vez a los mercados. Posteriormente, ya vendrían otras actuaciones en Europa y Latinoamérica, territorios más receptores que emisores.

Otro reto al que se enfrenta la empresa postal es a la mejora de la logística. A ello responde la construcción de la denominada Rampa 7 en Barajas, que permitirá mejorar sustancialmente el reparto de mercancías y cuya entrada en funcionamiento se prevé para 2020. Ahora cuenta con dos naves más pequeñas que no son suficientes.

 

De jefe de gabinete de Sánchez a impulsor del servicio postal

M. Á. N.

Juan Manuel Serrano acompañó a Pedro Sánchez, como director de gabinete desde que fue elegido secretario general del PSOE en 2014 y en la travesía del desierto del actual presidente del Gobierno hasta su acceso al poder. Y mucho debió confiar Sánchez en Serrano, ingeniero técnico de Informática y licenciado en Derecho que fue gerente de la FEMP, para impulsar el servicio postal. Este hombre destaca que, mientras los bancos cierran sucursales, Correos las potencia (hoy cuenta con 2.396 oficinas) con la prestación de servicios que acercan la Administración al ciudadano.

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