Reformas que son de nuevo postergadas
La ola de desaceleración que experimentan las economías europeas ha alcanzado la península Ibérica mostrando su lado más amable: frente a las rebajas de las previsiones de crecimiento de nuestros socios europeos, tanto la Comisión Europea como el FMI mantienen, básicamente, las mismas métricas de crecimiento para la economía española durante este año 2019. Si acompañamos estas previsiones con los indicadores adelantados de la AIReF para el primer trimestre, que estima un crecimiento de un 0,7%, se puede afirmar sin temor a graves desviaciones que la economía española resiste bien el clima de desaceleración. La noticia es, en sí misma, positiva, pero no deja de contener letra pequeña: en un contexto de desacople de la economía española del ciclo de nuestros socios europeos, y con bajos tipos de interés, la probabilidad de acumular nuevos desequilibrios se incrementa notablemente, particularmente a través del sector exterior, que ya ha dado los primeros signos de deterioro.
La respuesta a esta situación debería estar dirigida a aprovechar lo que queda de momento de crecimiento para fortalecer la posición de la economía española en los aspectos en los que mantiene debilidades estructurales: una alta tasa de desempleo, una posición fiscal todavía muy frágil, una productividad de nuevo menguante y un nivel de desigualdad económica y social que apenas ha remitido desde los años del ajuste.
El tiempo corre en contra y la ventana de oportunidad está a punto de cerrarse. Urge actuar con responsabilidad
A afrontar estos problemas debería haberse dedicado esta legislatura, la más corta de la democracia. Sin embargo, la ausencia de mayorías parlamentarias sólidas y, en el último periodo, el enfrentamiento entre la mesa del Congreso de los Diputados, el pleno, y el Gobierno ha dificultado, si no imposibilitado, el desarrollo legislativo, uno de los menos productivos en términos de leyes aprobadas. A dos semanas de la disolución de las Cortes, 31 proyectos de ley del Gobierno y 21 proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios se encuentran en algún tipo de trámite parlamentario. Así, quedan en el aire iniciativas como la ley de cambio climático y transición energética, la puesta en marcha de los nuevos impuestos sobre transacciones financieras o sobre servicios digitales, la búsqueda de sostenibilidad del sistema de pensiones o la modificación de la reforma laboral de 2012.
La agenda legislativa no ha sido lo único paralizado: el Gobierno anunció, una semana antes de la convocatoria de las elecciones, el gran proyecto que representa la Agenda del Cambio. La Agenda es un set de políticas económicas y reformas impulsadas y coordinadas desde el Ministerio de Economía y Empresa, que incluían reformas relacionadas con la promoción de la competitividad, la lucha contra la desigualdad, el impulso a la recualificación de los recursos humanos, el fomento de la I+D o la aceleración de la transición ecológica. Por primera vez desde la tristemente malograda Ley de Economía Sostenible de 2010, España presentaba una ambiciosa iniciativa reformista, articulando un conjunto coherente de medidas dirigidas a robustecer el crecimiento a largo plazo de la economía española.
Con el decaimiento de muchos de estos proyectos, incluyendo el propio desarrollo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, España corre el riesgo de volver al punto de partida. La nueva mayoría resultante de las elecciones puede no sentirse concernida por estas iniciativas ya lanzadas, y es bastante probable que, sea cual sea la composición de las Cortes, algunas de ellas se abandonen definitivamente.
Los meses de incertidumbre que se abren afectarán también al desarrollo e implementación de numerosas reformas que siguen siendo imprescindibles. España mantiene una desigualdad inaceptable, un mercado de trabajo dual con un alto nivel de desempleo, una productividad que no despega, no ha logrado encontrar todavía un modo de garantizar la sostenibilidad de las pensiones, tiene que hacer frente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y debe reconstruir su dañado ecosistema innovador. Aspectos todos ellos donde los retrasos pueden incrementar la necesidad de tomar medidas no deseables en el futuro. Si la desaceleración se acentúa, la adopción de algunas reformas implicará un mayor impacto social y una mayor contestación por parte de la opinión pública. El tiempo corre en nuestra contra y la ventana de oportunidad reformista está a punto de cerrarse. Urge actuar con responsabilidad y pensando en el largo plazo.
José Moisés Martín es economista y consultor.
