El nuevo Canal de Panamá cumple 30 meses sin resolver los litigios

Se dirime estos días en la Cámara Internacional de Comercio (ICC) de Miami uno de los arbitrajes que enfrenta a Sacyr y sus socios del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que es como decir con Panamá. Se trata, en concreto, de las vistas para el segundo arbitraje de los seis interpuestos por los sobrecostes de las obras de ampliación del canal. Este caso se refiere a las diferencias de precio por el cambio del basalto y material para el hormigón al considerar GUPC (además de Sacyr, lo forman la italiana Impregilo, la holandesa Jan de Nul y la local Constructora Urbana) que el ofrecido por ACP era de baja calidad.

La reclamación procede de 2013 y las dos partes acudieron al DAB (Junta de Resolución de Conflictos, la instancia previa de expertos), que reconoció parte de las demandas del consorcio y el pago del 60% de la reclamación, es decir, 286 millones. No conformes, ni los unos ni los otros, con la resolución, acudieron al tribunal de Miami, que ahora debe determinar si le concede más dinero al GUPC o si tiene que devolver la compensación recibida.

Las obras del Puente Atlántico de Vinci no sufren controversia pese a las desviaciones

La resolución no se espera hasta la segunda mitad de este año. De los arbitrajes, el primero se resolvió en 2017 a favor de ACP, que reicbió 20 millones, y el pasado diciembre, el denominado Arbitraje número 5, correspondiente a los anticipos, el tribunal dictó laudo a favor de ACP y GUPC tuvo que devolver 482 millones de euros (el 41%, 225 millones correspondieron a Sacyr). Quedan el número 3 (de las Compuertas y Ajustes de Mano de Obra), que está pendiente que las partes designen al presidente del tribunal arbitral para constituirlo, y el 4 (de Perturbaciones, Condiciones Físicas Imprevisibles y otros), en el que las partes seleccionaron al presidente del tribunal y se fijó fecha de audiencia para abril de 2019. Aparte está el arbitraje de inversión interpuesto por Sacyr ante Uncitral, el órgano de derecho mercantil internacional de la ONU, por considerar que Panamá perjudicó la inversión española al no darle protección.

Y, mientras tanto, el tercer juego de esclusas motivo del conflicto ha cumplido ya 30 meses de funcionamiento sin problemas. Durante este tiempo ha estado operativo el 99,97% del tiempo, mejorando la condición contractual que obliga a superar el 99,60% de cumplimiento. Tampoco ha habido ningún incidente achacable al GUPC. En ese tiempo han atravesado el canal más de 5.000 barcos. En 2017 el tercer juego representó el 37% de los ingresos totales de peajes y el 34% de tonelaje transitado. Este mayor tonelaje por buque por las esclusas neopanamax (barcos más grandes, que antes no podían atravesar el canal) representa 3,4 veces más toneladas por tránsito respecto a las esclusas originales y se traduce en un peaje medio de 448.000 dólares frente a 121.000 (3,7 veces más). En 2018, la previsión es que se ingresen 1.300 millones de dólares (109 en 2016 y 819 en 2017). En 30 meses, 2.440 millones.

En 2018, la ACP ha declarado un excedente de 1.199 millones de dólares (el 38% de los ingresos totales, que fueron 3.171). En total, la ACP ha aportado al estado 1.703 millones de dólares, 44 más de lo presupuestado y 53 más que el año anterior.

Todavía quedan por dirimir cuatro de los seis arbitrajes por sobreecostes

Pero más allá de los arbitrajes, en los que el consorcio reclama la módica cantidad de 3.300 millones de euros por sobrecostes frente a los 2.850 millones firmados en el contrato (por cierto se criticó en el sector que había una baja temeraria), el conflicto conduce irremediablemente a un paralelismo con la construcción del Puente Atlántico, que atraviesa el canal en la parte caribeña con más de 4,5 kilómetros de largo y cuatro carriles. Se inició a principios de 2013 y el plazo era de 1.274 días (tres años y medio) hasta julio de 2016. A día de hoy, no se ha acabado, aunque se espera para este año. El constructor es la firma francesa Vinci. El presupuesto inicial era de 366 millones de dólares, al final han sido 570 millones, es decir, una desviación del 55% y de cuatro años.

Sin embargo, no ha habido conflicto ¿Hay distinto rasero con la empresa francesa que con la española? La ACP ha asumido las desviaciones. Según fuentes del consorcio, “no hay ninguna razón para que ACP no asuma el coste ya que imprevistos hay en todas las grandes obras, como en el Puente Atlántico o en el metro de la capital de Panamá”. “El buen funcionamiento del canal, la supervisión que en todo momento hicieron de la obra y los ingresos que tienen es la mejor garantía de que GUPC ha cumplido con sus obligaciones y que los promotores de la obra deben asumir en justicia el coste, lo cual está legitimado por la ley panameña y el contrato firmado”, completan.