La Abogacía respalda el decreto de los VTC del Gobierno y lo blinda frente a reclamaciones millonarias

El Gobierno se ha apoyado en un informe de la Abogacía del Estado para defender la validez de su polémico real decreto ley sobre los vehículos de alquiler concertado (VTC) —conocido como anti-VTC o anti-Uber— y tratar de esquivar indemnizaciones multimillonarias. El abogado del Estado jefe del Ministerio de Fomento firma un informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que asume que la norma va a causar “perjuicios” a los propietarios de las licencias, pero considera que la “eventual discordancia” entre los cálculos del Gobierno y los que hagan las empresas “queda corregida” en el propio decreto.

Más información

Directo | La huelga indefinida de taxis en Madrid y Barcelona

El sector del taxi se subleva a cuatro meses de las elecciones autonómicas y locales

Los taxistas intentan bloquear Ifema, en imágenes

La normativa transfiere a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos la competencia para regular la actividad de estas empresas, a las que, a modo de indemnización en especie, da un plazo de cuatro años para seguir operando en el interior de las ciudades. Pasado ese tiempo, sus coches no podrían realizar trayectos urbanos si así lo deciden las comunidades o Ayuntamientos. La norma prevé incluso que se pueda ampliar ese plazo si las empresas justifican que los cuatro años no compensan el perjuicio que les causa. La Abogacía del Estado argumenta que los titulares de las licencias no son sus dueños —por lo que la norma no afectaría al derecho de propiedad regulado en el artículo 33 de la Constitución— y que tampoco les está privando de su autorización sino que únicamente “delimita su alcance”.

El sector de los vehículos de transporte concertado (VTC), asesorado por reputados despachos de abogados en Madrid y Barcelona, cree que varios artículos del decreto son inconstitucionales. El informe de la Abogacía del Estado los repasa uno a uno y concluye lo contrario. Sobre la cuestión competencial, por ejemplo, afirma que “no afecta al régimen de las comunidades autónomas” porque simplemente modifica un artículo de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que es una ley ordinaria que “ni delimita ni regula las competencias” autonómicas.

La Abogacía también respalda la “extraordinaria y urgente necesidad” que debe justificar todo real decreto ley (frente a la tramitación como ley ordinaria, que requiere debate parlamentario) y da por bueno como motivo la “patente conflictividad social” que alega el Ejecutivo para actuar.

El Gobierno aprobó el decreto anti-VTC en septiembre pasado, tras las contundentes protestas de los taxistas en verano, y consiguió así desviar el foco de atención del Ministerio de Fomento a las comunidades y las grandes ciudades. Pero no se ha librado del todo de la patata caliente, puesto que las empresas creen que los cuatro años de moratoria son insuficientes y le están reclamando muchos más o compensaciones económicas. Si no reciben respuesta, acudirán al contencioso-administrativo, aseguran fuentes jurídicas. Estas hablan de hasta 16.000 pleitos llegando casi a la vez a los juzgados. “Va a ser como las cláusulas suelo”, desliza esta fuente. Los abogados están a la expectativa, pero avanzan “largas batallas jurídicas”.

La semilla del problema está en la liberalización que registró el sector entre los años 2009 y 2013, gracias a la ley ómnibus que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 que permitía solicitar licencias de transporte con conductor sin límite. El Gobierno del PP volvió a regular el sector en 2013 al aprobar una nueva Ley de Transporte Terrestre, que imponía una ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi pero que no fue obligatoria hasta el desarrollo reglamentario, en 2015. Nunca se ha cumplido. Actualmente hay un VTC por cada seis taxis y el Tribunal Supremo sigue concediendo licencias resultantes de solicitudes anteriores a que el límite 1/30 entrase en vigor en 2015. El alto tribunal considera que a esas solicitudes se les debe aplicar la ley existente cuando se presentaron, es decir, sin aplicar la ratio 1/30 de forma retroactiva. En ciudades como Madrid ya hay tres licencias por cada taxi.

El sector del taxi hace huelga como presión para que las comunidades y los Ayuntamientos regulen y restrinjan ya la actividad de las VTC. Entre sus principales demandas está la de la precontratación: que sea necesario pedir un VTC horas antes del viaje.