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OPINIÓN i

El 'blues' bancario italiano

Casi no habían terminado de sonar las campanadas del nuevo año, que marcaban también el tercer aniversario de la Directiva Europea de Resolución Bancaria (BRRD), cuando Italia se despertaba con un nuevo accidente bancario, el tercero en esos tres años con normativa europea común para crisis bancarias.

Concretamente, a primera hora del primer dia hábil de 2019, el banco Carige, procedente de una histórica caja de ahorros de Génova y la Región de Liguria, era suspendido de cotización, e intervenido por el Banco Central Europeo, al no haber podido conseguir al cierre del año la ampliación de capital a que se había comprometido con el supervisor para corregir el déficit de recursos propios.

Es cierto que, ni la decisión de intervención constituye una gran sorpresa –el principal accionista, con un 28%, ya había anticipado su incapacidad y/o falta de voluntad para secundar la ampliación requerida-, ni la entidad tiene un tamaño o complejidad como para desestabilizar al conjunto del sistema, pues se trata de la décima entidad, con unos activos algo inferiores a 25.000 millones.

Pero por encima de los números, y de la importancia cuantitativa, la intervención de Carige va a constituir una nueva fuente de desconfianza para un sistema bancario italiano que, a sus propios problemas estructurales (sobrecapacidad, fragmentación, y activos improductivos) ha tenido que añadir en los últimos meses el lastre de una deuda pública (más de un 10% de los balances bancarios en el conjunto del sistema) que ha sufrido una importante pérdida de valor desde que el nuevo gobierno comenzó su “pulso” frente a Europa con un proyecto de presupuesto inaceptable, finalmente reconducido, pero con un pesado lastre sobre la prima de riesgo italiana.

Por otra parte, la desconfianza sobre el sistema bancario emerge, en primer lugar, por las dudas existentes en cuanto al grado de saneamiento efectivo de los activos improductivos en Italia, pero también por las dudas que ese pais genera en cuanto a la reestructuración de su sistema bancario.

En este sentido, la decisión de intervención de Carige probablemente dará paso a un nuevo proceso de resolución bancaria en Italia, que será el tercero (tras los de Monte Paschi di Siena y los bancos Venetos) justo cuando se cumplen tres años de vigencia de la BRRD. Precisamente la heterogeneidad de las medidas de resolución tomadas en los dos casos anteriores, con una interpretación un tanto alambicada de la BRRD, en contraposición con la resolución de Banco Popular, que se atuvo fielmente a la mencionada directiva, ha pesado de forma sistemática sobre la credibilidad de las autoridades italianas, aunque también en cierta medida sobre las europeas, en cuanto a la estricta aplicación de la BRRD.

Ángel Berges y Javier Pino son profesores de AFI- Escuela de Finanzas

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