La agencia tributaria de México despide a cientos de funcionarios por los recortes
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone un 13% menos de presupuesto para el fisco
La amenaza del desempleo ronda a los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De manera intempestiva y bajo el argumento de un “ajuste administrativo” cientos de trabajadores del fisco mexicano han sido notificados esta semana de que deberán presentar su renuncia voluntaria, o de lo contrario, serán cesados. Frente a este callejón sin salida, algunos de los afectados han colgado en sus redes sociales los vídeos en los que se les informa de la situación. “Si no me firman la renuncia de todas formas los voy a cesar”, indica un hombre a un grupo de trabajadores en una de las imágenes que han circulado en la red recientemente. La ola de despidos masivos se ha cebado en el interior del país, en los Estados de Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Veracruz. El número de afectados por entidad oscila entre los 200 y los 700 empleados, según las versiones de los medios locales. El SAT no ha confirmado la cifra de empleados de los que va a prescindir.
La dependencia ha reconocido algunas de las bajas y ha explicado que la medida responde a los principios de "austeridad, eficiencia y ahorro" del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las administraciones generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios”, se indica por escrito. El fisco mexicano ha adelantado que también se eliminarán los privilegios y altos sueldos de los directivos.
En otro de los vídeos colgados en Internet, uno de los portavoces del SAT explica a una decena de empleados que en el proyecto de los presupuestos mexicanos de 2019 no están contempladas sus plazas. El Gobierno de López Obrador prevé un recorte de 13% en los recursos al SAT respecto a los recursos recibidos en 2018. De ser aprobado el plan por los legisladores, la entidad pasará de recibir 13.722 millones de pesos a solo 11.980 millones de pesos (unos 600 millones de dólares a tipo de cambio actual). En octubre pasado, el presidente anunció que su Gobierno suspenderá las inspecciones fiscales durante los primeros meses de su Administración.
#ComunicadoSAT: Ajustes administrativos tienen como objetivo evitar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia: https://t.co/WOoDllhK5N
— SATMX (@SATMX) December 21, 2018
López Obrador, aseguró esta mañana que las denuncias de despidos injustificados serán revisados. "Se está respetando los derechos de los trabajadores de base, sindicalizados, ya hemos dicho que el ajuste es hacia arriba, entonces voy a revisar este tema". Estas declaraciones no han logrado calmar los ánimos. En un evento posterior, en el Estado de Oaxaca, el mandatario ha sido recibido con pancartas de reclamos: "Repudio total a los despidos injustificados", "Somos SAT. No al despido injustificado" y "Basta de despidos injustificados".
Los trabajadores del SAT no han sido los únicos damnificados de los ajustes presupuestales previstos para el siguiente año. A comienzos de esta semana, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aseguró que la comisión tuvo que prescindir de 385 trabajadores eventuales ante el posible recorte de una tercera parte de su presupuesto para el siguiente año. El discurso de austeridad de la actual administración está generando un ambiente de incertidumbre entre cientos de servidores públicos. Los funcionarios de rango medio temen perder su empleo mientras que aquellos de alto rango se oponen a perder su salario: más de 11.000 funcionarios buscan un amparo contra Ley de Remuneraciones, norma que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Los inconformes pertenecen a diversas entidades: Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e incluso entre los quejosos figuran miembros del SAT.
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