Endesa y los sindicatos rompen la negociación del convenio tras 18 meses

La dirección de Endesa y los sindicatos desaprovecharon ayer la última oportunidad para cerrar con acuerdo la negociación del V Convenio Colectivo después de 18 meses y 48 reuniones. Esto significa que la empresa hará decaer el actual convenio y dará por finalizado el periodo de ultraactividad (prolongación del convenio si no hay acuerdo para su renovación) para aplicar nuevas medidas laborales que los sindicatos rechazan y que han anunciado que responderán con acciones legales, apelando al mismo tiempo a la necesidad de que intervengan los grupos políticos.

El principal escollo que ha bloqueado la negociación desde el principio radica en la denominada tarifa de empleado, una cantidad de energía que los trabajadores y jubilados de la compañía reciben como pago en especie y por la que solo desembolsan los peajes y los impuestos, pero no libran del consumo. En el caso de Endesa, los 9.500 empleados y los casi 27.000 prejubilados y pasivos reciben cantidades que van desde 15.000 kWh hasta 30.000 kWh al año, dependiendo de su antigüedad en el grupo. La propuesta de los sindicatos era poner una limitación máxima anual de 30.000 kWh para la vivienda habitual y segunda vivienda.

La compañía, que cuantifica en torno a 40 millones de euros anuales el coste de este "beneficio social", ofrecía 2.500 kWh (consumo medio de una vivienda en España) y cubrir la diferencia hasta los 9.000 kWh (consumo medio de un empleado de Endesa, según sus datos) con gastos en guardería, fondos de pensiones, seguros de vida y médicos, entre otras opciones. Según fuentes de la empresa, "parece que los sindicatos quieren que todo el colectivo del grupo, activos y pasivos, consuma 12 veces más que un consumidor medio". Para los jubilados, se buscaría otra forma de compensación que, según sus postulados, no se pudo plantear por la negativa de los sindicatos a negociar la nueva tarifa de empleado propuesta y a revisar el pacto de prejubilaciones.

Las fuentes de la empresa han subrayado, además, que la representación sindical no ha hecho ninguna contrapropuesta final a la que habían presentado, confirmando que, una vez acabada la ultraactividad, lo que hará la empresa es “contractualizar” las condiciones de convenio de forma individual. Es decir, recogerán todos los derechos que disfrutan a título individual. Esto supone que “queda a expensas de la interpretación unilateral de la empresa la posibilidad de inaplicar alguno de los conceptos”, según los sindicatos, que han recomendado, en una carta enviada a los trabajadores, que firmen con un “recibí, no conforme”.

Para los prejubilados, las condiciones actuales quedan contractualizadas hasta la fecha de su jubilación, a partir de la cual, serán pasivos y ya no dispondrán de tarifa eléctrica, mientras el personal pasivo perderá los beneficios sociales. No obstante, la empresa ha concedido un periodo de seis meses para que puedan acudir al mercado y contratar con la comercializadora que más les convenga. A partir de entonces, dejarán de disfrutar de la tarifa de empleado.

Fuentes de la representación sindical, que acusan a la empresa de "haber hecho gala de mala fe negocial" y de "haber roto unilateralemnte la negociación", destacan que propusieron continuar negociando el convenio dejando como último tema a tratar la tarifa de empleado. “Hemos vuelto a reiterar la obligación de mantener la Comisión. Sin embargo la dirección ha vuelto a condicionar el Convenio a su único objetivo que no es otro que la tarifa de empleado”, manifiestan. Asimismo, han comunciado que elevarán a la Dirección General de Trabajo consulta acerca de la posibilidad de mantener la actual comisión negociadora.

Esas fuentes añaden que la propuesta de la empresa “era del todo injustificada e inasumible, ya que la única pretensión de la dirección era la de rescatar la provisión de 760 millones de euros que supone la tarifa de empleado del personal pasivo con la probable finalidad de convertirla en beneficio del ejercicio y transferirla automáticamente al principal accionista de Endesa, Enel”. “Por ello estamos dispuestos a negociar una reordenación razonable del derecho a la tarifa, proponiendo un marco en el que se empiece por unificar las mismas condiciones para su disfrute por todos los trabajadores de convenio marco y de convenio origen, tanto activos como pasivos, con una limitación máxima anual del suministro de 30.000 kWh para la vivienda habitual y segunda vivienda y manteniendo este derecho en caso de incapacidad, jubilación, viudedad y huérfanos menores de 21 años”, completan.

Los empleados reclamaban, además, que se aplicaran los mismos acuerdos que se alcanzaron en las centrales de Almaraz y Trillo, participadas por Endesa junto a Iberdrola y Naturgy. Entre las condiciones pactadas en estas plantas se fijan una tarifa de empleado de 30.000 kWh anuales, respetar el 80% de salario y un acuerdo de garantías de empleo, jornada de 1.642 horas anuales (la de Endesa es 1.650 horas) y mantener una estructura de seis grupos profesionales y 19 niveles competenciales, según los sindicatos. La empresa ha recordado que la gestión de las nucleares corresponde a Iberdrola y que la sociedad no es lo mismo que Endesa.

Ataques a Enel

El desencuentro ha provocado movilizaciones de los trabajadores, que han hecho paros de media hora y de una hora en días determinados y manifestaciones ante la sede social y alguna ante la embajada de Italia. Los sindicatos han acompañado estas protestas con denuncias por “el expolio” de Endesa del que acusan a Enel, propietario del 70% de la empresa. Según UGT, desde el nombramiento de Francesco Starace como consejero delegado de Enel, “la gestión de Endesa está suponiendo un expolio constante vía reparto de dividendos, así como transmisión constante de activos”. “Lo más preocupante es que todas estas operaciones se hacen sin ningún tipo de control por parte de los organismos oficiales como CNMV o CNMC, incumpliéndose las condiciones de la opa de Enel sobre Endesa que suponían mantener el nivel de inversiones, preservar el perímetro geográfico y respetar la autonomía empresarial”, añaden.

Esta política se ha trasladado, a su juicio, a los derechos de los trabajadores. “Cuando en 2017 denunció el convenio colectivo del grupo, lo hizo con la pretensión de acabar con parte de esos derechos, como acabar con la tarifa de empleado que es salario en especie y con su acuerdo de garantías”. Ya en la junta general de accionistas de la eléctrica, los representantes de UGT, CC OO y Sindicato Independiente de Energía, atacaron a Starace por la política llevada a cabo, además de beneficiarse de la política fiscal aplicada.

Los sindicatos abundan en que las negociaciones han sido un “continuo chantaje” y, por ello, quieren insistir en llamar a los grupos políticos para que intercedan, cuestión que todavía no ha recibido ninguna respuesta. La empresa ha contestado que estas acusaciones responden a su intención de presionar en las negociaciones del convenio.