Expertos piden que las ciudades puedan destinar sus ahorros a vivienda social

La asociación española de gestores públicos de vivienda y suelo (AVS), integrada por organismos públicos que promueven vivienda social, han enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le reclaman que los Ayuntamientos puedan destinar su superávit a construir vivienda social.

“Es fundamental para garantizar la Política de Vivienda propuesta por el nuevo Gobierno que se permita que el superávit presupuestario y el consiguiente remanente de tesorería municipal puedan dirigirse a la financiación de programas de vivienda pública asequible tanto en régimen de alquiler como de venta mediante su consideración como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)”, sostiene la asociación en la misiva enviada a Hacienda.

La AVS, integrada por 26 organismos de gestión pública de vivienda de diferentes comunidades, reclama un cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012. Esta norma regula un protocolo para equilibrar las cuentas públicas y establece contrapesos para que en momentos de bonanzas las administraciones públicas ahorren para cuando vengan mal dadas. Por eso, impide a los Ayuntamientos destinar sus ahorros a inversiones que no sean sostenibles (IFS). Y la definición de estos está muy restringida.

Superávit desde 2012

 “Tras la normativa dictada en los últimos años, con la excusa de la aplicación de criterios anticrisis, los gestores públicos se han visto imposibilitados para mantener su tradicional actuación de promoción de vivienda pública protegida para las capas más desfavorecidas de la población”, añade la misiva.

Los ayuntamientos registran superávit presupuestario desde 2012 y han reducido su deuda de forma considerable desde entonces. De hecho, tienen acumulado en los bancos más de 25.000 millones de euros en cuentas corrientes por no poder gastar sus ahorros. No obstante, el actual Gobierno ha acordado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) flexibilizar el concepto de inversiones financieramente sostenibles para que los alcaldes puedan gastar más.

“Resulta inconcebible que existan ayuntamientos que, con una elevada demanda de vivienda social por parte de los ciudadanos, contando con suelo del Patrimonio Municipal suficiente para ello y fondos provenientes de superávit presupuestario, no lo puedan emplear en satisfacer esta demanda de vivienda tan necesaria y exigida por la sociedad”, señala la asociación en la carta.