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La seguridad jurídica española, a examen

Los vaivenes del Tribunal Supremo reabren las dudas sobre un factor clave para la inversión y el crecimiento económico

Cientos se personas realizaron un escrache por el fallo sobre hipotecas del Tribunal Supremo.
Cientos se personas realizaron un escrache por el fallo sobre hipotecas del Tribunal Supremo.

La controvertida decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas fue aplaudida por la banca por preservar la “seguridad jurídica”. Mismo concepto que sirvió al Gobierno para mostrar su rechazo a la postura del pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo. “La compra de una vivienda es un gran plan de inversión y de vida que debe contar con seguridad jurídica”, aseveró Pedro Sánchez en el tuit en el que anunciaba la aprobación del real decreto ley que traslada a las entidades la obligación de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados.

Más allá de quién blande con más razón el argumento de la seguridad jurídica, lo cierto es que los vaivenes judiciales y legislativos no contribuyen a la estabilidad y predictibilidad que deben regir todo sistema normativo. Y, episodios desafortunados como el vivido estas semanas en el Supremo, hacen pertinente la pregunta: ¿hay la suficiente seguridad jurídica en España?

No se trata de una disquisición únicamente teórica. Todos los informes sobre entorno económico e inversión incluyen referencias a la estabilidad normativa, la eficacia de los tribunales o la efectividad de las resoluciones judiciales. El dinero huye de la incertidumbre.

Antes de cualquier análisis, hay que señalar, en primer lugar, que el concepto de seguridad jurídica no tiene una definición cerrada. El Tribunal Constitucional incluye, dentro del mismo, principios como los de certeza, legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable o prohibición de la arbitrariedad. Pero, como ha advertido en sus resoluciones, no se agota solo en ellos y pueden incluirse otros atributos que aporten claridad y previsibilidad al ordenamiento.

En segundo término, debe tenerse en cuenta que la seguridad jurídica es exigible a lo largo de toda la vida de la norma. Desde su creación, en donde debe primar la claridad; durante su vigencia, que tiene que regirse por la estabilidad; y, finalmente, en su aplicación por parte de los tribunales, momento en el que debe ser eficaz. Estas distintas etapas imposibilitan análisis unitarios y obligan a atender a indicadores específicos.

La resaca de las renovables

Cuando se plantea la cuestión de la seguridad jurídica en España, en la mente de los abogados aparece automáticamente el conflicto suscitado por el recorte en las primas de las renovables, que aún mantiene vivos más de 30 arbitrajes internacionales. ¿Ha manchado este problema la imagen del país? Teresa Zueco (DLA Piper) cree que ya se han extinguido todos “coletazos”, porque los inversores comprenden que fue la crisis la que provocó el giro legislativo. Opinión que suscribe Vicente Conde (Osborne Clarke), quien cree que ya se ha “disipado” la inquietud que sí se detectaba en los años posteriores.

Una de las circunstancias que mina la estabilidad normativa en España es la “ingente” producción normativa. El término lo emplea la CEOE en el informe que anualmente calcula el número de normas con rango legal dictadas en el país. En 2017, entre leyes, leyes orgánicas y reales decretos leyes, el Congreso aprobó 517 textos. Cifra a la que hay que sumar las cerca de 250 normas que surgieron de los parlamentos autonómicos. En total, los boletines oficiales sumaron casi un millón de páginas.

No obstante, la falta de mayorías claras en el Congreso ha relajado la avalancha legislativa. En 2015, último año de la mayoría absoluta del PP, el número de leyes se acercó a 900.

La moderación normativa es una de las circunstancias que explica la mejora en la percepción del entorno regulatorio que apunta la última edición del Barómetro del clima de negocios en España, elaborado el ICEX-Invest in Spain, encuesta que mide el atractivo de nuestro país para los inversores extranjeros. La mejoría no oculta, sin embargo, que la nota en este apartado sigue siendo un aprobado raspado. Peor parados salen los juzgados mercantiles, que reciben un suspenso. La nota global de España como destino de inversión, no obstante, es de 2,92 sobre 5.

La discreta calificación del barómetro del ICEX parece menos mala cuando se acude a estudios que ofrecen datos comparados entre países, como el informe Doing Business del Banco Mundial que, en el apartado en que mide la calidad del sistema judicial, sitúa a España en el puesto 23, por delante de Alemania (26), y con mejor nota que el promedio de la OCDE: 70,9 puntos sobre 100, frente a 67,6.

Sin sonrojos

En términos comparativos, la duración de los procesos judiciales tampoco aparece como un factor que deba sonrojar al sistema español. Los litigios comerciales necesitan en España una media de 510 días, frente a la media de 582 de los países de la OCDE. En Alemania son 499.

Entre abogados que trabajan con inversores extranjeros no existe una visión uniforme sobre si España es percibida como jurídicamente segura. Teresa Zueco, socia de DLA Piper, subraya que “nunca” ha visto una transacción en la que se pidan “medidas de seguridad adicionales” por celebrarse en nuestro país. “No tenemos normas que llamen la atención negativamente o actúen de forma disuasoria”, asevera.

En la misma línea, José Antonio Sánchez-Dafos, socio de Latham & Watkins, defiende la “solidez y madurez” del sistema jurídico español. Y apunta a que, de hecho, los tribunales nacionales ofrecen un alto grado de certidumbre. “Nuestro Derecho está muy codificado. En los países anglosajones, en cambio, el sistema está más basado en la jurisprudencia y los jueces pueden variar sus criterios con más facilidad”, explica.

Desde una perspectiva más crítica, el socio de Osborne Clarke, Vicente Conde, afirma a que la evaluación de España variará según con quién sea comparada: “al lado de países de otros continentes, para los inversores somos el paraíso. Si la comparación es con Alemania, se percibe menos seguridad jurídica”.

Según relatan los letrados, la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas no ha suscitado ninguna inquietud entre sus clientes internacionales. “Son mucho peores los bandazos gubernamentales, especialmente si transmiten la idea de que no se respetan las decisiones de los jueces”, concluye Conde, que advierte que el peor enemigo de la seguridad jurídica no son los jueces, sino la política.

 

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