Las operadoras tendrán que llevar Internet de calidad a seis millones de habitantes rurales antes de 2020

Antes del 1 de enero de 2020, el 90% de los ciudadanos de los municipios de menos de 5.000 habitantes tendrán que tener una conexión de banda ancha de 30 Mbps, y este porcentaje no podrá ser inferior al 85% en ninguna de las comunidades autónomas La medida afectará a cuatro millones de hogares y a casi seis millones de personas que viven en el ámbito rural, según fuentes del sector.

Pero esa extensión de Internet de calidad correrá a cargo de las compañías privadas y, pese a la propaganda oficial de los sucesivos gobiernos, no contará con un solo euro de ayudas públicas. De esta manera, España podrá cumplir (casi) con uno de los objetivos de la Agenda Digital que establece para el año 2020 extender hasta el 100% de cobertura las redes de 30 Mbps. El otro objetivo es alcanzar un 50% de penetración de servicios de al menos 100 Mbps.

El 19% de la población española tiene un nivel de cobertura menor a los 30 Mbps según los últimos datos oficiales correspondientes al 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital dependiente del Ministerio de Economía.

El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado jueves la orden por la que se activa este plan de extensión de banda ancha que, en realidad, data de una obligación que se incluyó en la subasta de frecuencias de 800 Mhz del 4G en 2011. El plan no se ha podido poner en marcha desde entonces porque los operadores no dispusieron de esas frecuencias hasta bien entrado 2015, debido a que estaban ocupadas por las televisiones. Posteriormente, el Gobierno fue dilatando los plazos del también llamado plan 800 hasta que el actual Ejecutivo lo ha puesto en papel oficial.

De acuerdo con la orden ministerial, los operadores tienen dos meses para presentar una propuesta conjunta en la que se indique el número de ciudadanos a los que prevé proporcionar cobertura adicional cada una de las firmas. Eso sí, el Ministerio les da libertad para usar cualquier solución tecnológica, es decir, podrán utilizar fibra óptica, cable, ADLS o tecnologías inalámbricas. Fuentes el sector indican que en la mayor parte de los municipios optarán por la tecnología móvil porque es la más barata y rápida de desplegar.

Los operadores no se han dormido y ya están haciendo los deberes. Recientemente, han contratado a la Aptica, una consultora especializada en la implantación de redes de telecomunicaciones, para que se encargue de diseñar el reparto de municipios entre las tres compañías que están obligadas a dar la cobertura.

Un plan que cuenta con los recelos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que estima que el reparto del mercado podría dar lugar a la configuración de "monopolios zonales" y a la eliminación de facto de la competencia en el mercado minorista de banda, entre los tres operadores licenciatarios y frente a terceros.

Solapado con el plan Rajoy

La extensión de Internet y, en general, la equipación en materia de telecomunicaciones es un una materia que se presta al electoralismo, así que todos los gobiernos en mayor o menor medida han hecho bandera de la banda ancha para todos. Además del plan 800, en el que no hay ninguna financiación del Estado, está en marcha el plan llamado 300x100,que pretende dar un plan de impulso a Internet en zonas donde actualmente no hay conexión de alta velocidad. El plan fue presentado a bombo y platillo en Teruel en marzo pasado por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Su objetivo es de extender la banda ancha, con una inversión de 525 millones de euros, a todos los municipios hasta 2021, lo que supone el 95% de la población española. El 5% restante es la población que reside en casas aisladas y zonas alejadas de núcleos.

Con este enunciado se solaparía con el plan 800 pero, a diferencia, de este, la instalación se pretende que sea esencialmente por fibra, para conseguir Internet de alta velocidad, más de 100 Mbps, en lugar de los 30 Mbps de la actuación de las operadoras.

El plan Rajoy que, en realidad es una extensión de un plan anterior denominado Programa Nacional de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), sí cuenta con ayudas públicas. En 2018, se han estimado favorablemente la concesión de 203 ayudas por 130 millones de euros que, sumadas a las aportaciones de los operadores beneficiarios, supondrán una inversión total de 202,12 millones de euros.