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‘Celdas de respeto’ para los 13 presos de las ‘black’

Prisiones recluye a en los módulos menos conflictivos de los Centro Penitenciarios de Soto del Real y Navalcarnero a Rato y los otros condenados

Rodrigo Rato
Rodrigo Rato entra el pasado 25 de octubre en la cárcel de Soto del Real.

Sentados durante semanas unos juntos a otros en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, hoy los trece condenados por el escándalo de las tarjetas black que ya han ingresado en prisión están distribuidos en dos grupos distantes uno de otro más de 70 kilómetros. Siete de ellos eligieron para cumplir sus penas el Centro Penitenciario de Madrid IV, en la localidad de Navalcarnero, al suroeste de la capital. Los otros seis —entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato—, la de Soto del Real, al norte de la Comunidad de Madrid. En lo que Instituciones Penitenciarias ha hecho coincidir a todos es en el tipo de módulo dentro de ambas cárceles en los que están recluidos: los llamados módulos de respeto, destinados a presos poco conflictivos.

El primero en entrar en la cárcel fue el antiguo dirigente de CCOO Antonio del Rey de Viñas. Lo hizo el 15 de octubre tras presentarse en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, un establecimiento penitenciario destinado solo a reclusos en tercer grado o régimen de semilibertad situado en la ciudad de Madrid. Condena a 2 años y seis meses de prisión, el antiguo sindicalista de CCOO pretendía con ello acceder de modo inmediato a este régimen penitenciario, el más liviano, pero la dirección del centro lo rechazó y lo envió a la prisión de Navalcarnero, donde permanece aún pendiente de ser clasificado. La entrada de Del Rey en la cárcel de Navalcarnero atrajo a esta prisión a otros seis condenados: los sindicalistas Rodolfo Benito (CCOO) y Miguel Ángel Abejón (UGT); los exconsejeros de Caja Madrid por el PSOE José María de la Riva, Jorge Gómez Moreno y Francisco Pérez Fernández, y el del PP Javier de Miguel Sánchez. “Se trata de darnos apoyos unos a otros”, admitió a EL PAÍS días antes de ingresar uno de ellos que pidió que no se revelara su nombre. Fuentes penitenciarias aseguran que se les suele ver a todos juntos en el patio de la prisión.

Algo similar ocurrió con la cárcel de Soto del Real. El primero en acudir fue Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda con José María Aznar. Lo hizo el 18 de octubre. Le siguieron en los siguientes días Rato, Gonzalo Martín Pascual (UGT), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (PSOE), Francisco Baquero (CCOO) y José Antonio Moral Santín (IU). Estos dos últimos, el 29 de octubre, apurando el plazo dado la Audiencia Nacional. En las próximas semanas, las Juntas de Tratamiento de ambas cárceles —formadas por el director, el subdirector de tratamiento, el jefe médico, un trabajador social, un educador y un jefe de servicios de ellas— decidirán en qué régimen penitenciario cumple cada uno su condena, aunque fuentes de Instituciones Penitenciarios apuntan que la previsión es que todos lo hagan en un primer momento en el segundo grado u ordinario, que les impediría disfrutar de permisos de salido hasta cumplir una cuarta parte de sus condenas. No obstante, cada seis meses esta clasificación será revisada.

Dos encarcelamientos pendientes

De los quince condenados por las tarjetas black que deben ingresar en prisión porque sus penas superaban los dos años de cárcel, aún no lo han hecho dos. Uno es el ex vicesecretario de Organización del PSOE Madrileño Antonio Romero Lázaro, condenado a tres años y dos meses. La Audiencia Nacional le dio un plazo de diez días a contar desde el pasado 30 de octubre para hacerlo después de que el político alegara razones familiares. El segundo es el miembro de la comisión de control de la entidad financiera nombrado por IU, Rubén Cruz Orive. Condenado a dos años y seis meses, pidió que se suspendiera la ejecución de su condena por motivos de salud. La Audiencia Nacional ha solicitado un informe médico para decidir si lo acepta.

Mientras esto se produce, Prisiones ha optado por recluirlos en los módulos de respeto de ambos centros penitenciarios. Creados durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el fin de este tipo de módulos es hacer de la cárcel un lugar algo más amable para facilitar la reinserción, pero “sin privilegios”, según recalcan todas las fuentes penitenciarias consultadas. Destinados a acoger a aquellos a los que ingresan por primera vez en una prisión y tiene penas bajas —como ocurre con los trece de las black—, y a reclusos poco conflictivos, de edad avanzada o que por su buen comportamiento han conseguido un destino laboral dentro de la prisión, se caracterizan por la ausencia de altercados. Allí, los internos deben cumplir unas normas de convivencia, repartirse tareas y autogestionar los conflictos que surjan. “A veces, se es un poco más laxo en el cumplimiento de los horarios y se organizan más actividades, como salidas al exterior o talleres de lectura, pero el día a día es idéntico al resto de la cárcel”, destaca un funcionario.

No obstante, fuentes penitenciarias afirman que existen diferencias entre los módulos de respeto de unas cárceles y otras, y que los de las prisiones de Navalcarnero y Soto del Real –construidas en 1992 y 1995 respectivamente- “no son los mejores” ya que albergan cada uno a más de un centenar de internos. “En estas cárceles, se han convertido en un ‘cajón de sastre’ donde se destinan a los presos a los que no se sabe dónde ubicarlos, como ha ocurrido con los de la [tarjetas] black”, señala un funcionario, que añade que “estos espacios ayudan realmente a la reinserción cuando son más pequeños, como ocurre en cárceles más modernas como la de Estremera”, también en Madrid. En este sentido, otras fuentes penitenciarias consideran que los trece presos "se equivocaron a elegir la prisión. Hay cárceles que, por sus instalaciones o el tipo de presos que tienen, son mucho mejores, como la de Aranjuez". En esta se encuentra el expresidente de Baleares, Jaume Matas, condenado por el caso Nóos.

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