Aumenta la deuda de los sectores agrícola y agroalimentario

El endeudamiento del sector agrario creció en el segundo trimestre de este año. Entre abril y junio se situó ascendió a 19.758 millones de euros, un incremento de casi el 5% respecto al pasivo acumulado en el mismo periodo del año anterior y un 0,9% sobre el primer trimestre de 2018. Esta deuda equivale de casi 20.000 millones equivale al 71% de la renta agraria del último ejercicio.

La misma tendencia, al alza, se dio en la industria agroalimentaria aunque a ritmos diferentes tanto sobre el trimestre precedente, cuando el incremento ha sido del 3,1%, como sobre el mismo periodo del año anterior, en que la subida ha llegado al 3,6%. Esta evolución ha elevado a casi 22.000 millones la deuda agregada por este sector, uno de los más exportadores de la economía española. Esta cantidad supone algo más del 78% del valor añadido bruto que genera esta actividad.

En ambos sectores, los créditos de dudoso cobro siguen bajando. En el sector agrario se han situado en el 6,4%, 0,6 puntos menos que en el trimestre anterior. Por su parte, en el agroalimentario quedan en el 5,1% frente, con datos del Banco de España. En ambos casos, son cifras similares a la media de la actividad económica que tiene un 6,3%, excluidos sectores en crisis como la construcción o el inmobiliario.

Desde la organización agraria Unión de Uniones, con importante presencia en Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valencina, optan por destacar que desde 2015 el endeudamiento ha crecido un 30%. En cambio, en los años precedentes, el pasivo bajaba.

Este aumento se achaca básicamente a la mayor demanda de créditos en periodos de sequía para mantener la actividad, a la baja rentabilidad de algunas producciones, a inversiones para la modernización de explotaciones en aras de una mayor eficiencia reduciendo costes y mejorando rendimientos. También hay que buscar causas en la adaptación de las explotaciones a las exigencias medioambientales y de bienestar animal. Otro elemento que explica el fenómeno son los retrasos en los pagos de las ayudas de la Política Agrícola Común por parte de algunas comunidades autónomas.