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Aumenta la deuda de los sectores agrícola y agroalimentario

El pasivo conjunto de ambas ramas de actividad supera los 40.000 millones

Maquinaria agrícola en el delta del Ebro.
Maquinaria agrícola en el delta del Ebro.

El endeudamiento del sector agrario creció en el segundo trimestre de este año. Entre abril y junio se situó ascendió a 19.758 millones de euros, un incremento de casi el 5% respecto al pasivo acumulado en el mismo periodo del año anterior y un 0,9% sobre el primer trimestre de 2018. Esta deuda equivale de casi 20.000 millones equivale al 71% de la renta agraria del último ejercicio.

La misma tendencia, al alza, se dio en la industria agroalimentaria aunque a ritmos diferentes tanto sobre el trimestre precedente, cuando el incremento ha sido del 3,1%, como sobre el mismo periodo del año anterior, en que la subida ha llegado al 3,6%. Esta evolución ha elevado a casi 22.000 millones la deuda agregada por este sector, uno de los más exportadores de la economía española. Esta cantidad supone algo más del 78% del valor añadido bruto que genera esta actividad.

En ambos sectores, los créditos de dudoso cobro siguen bajando. En el sector agrario se han situado en el 6,4%, 0,6 puntos menos que en el trimestre anterior. Por su parte, en el agroalimentario quedan en el 5,1% frente, con datos del Banco de España. En ambos casos, son cifras similares a la media de la actividad económica que tiene un 6,3%, excluidos sectores en crisis como la construcción o el inmobiliario.

Desde la organización agraria Unión de Uniones, con importante presencia en Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valencina, optan por destacar que desde 2015 el endeudamiento ha crecido un 30%. En cambio, en los años precedentes, el pasivo bajaba.

Este aumento se achaca básicamente a la mayor demanda de créditos en periodos de sequía para mantener la actividad, a la baja rentabilidad de algunas producciones, a inversiones para la modernización de explotaciones en aras de una mayor eficiencia reduciendo costes y mejorando rendimientos. También hay que buscar causas en la adaptación de las explotaciones a las exigencias medioambientales y de bienestar animal. Otro elemento que explica el fenómeno son los retrasos en los pagos de las ayudas de la Política Agrícola Común por parte de algunas comunidades autónomas.

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