Un cálculo equivocado

El Gobierno italiano ha desafiado consciente y abruptamente la política de estabilidad impuesta por Bruselas a sabiendas de que dispone de dos grandes ventajas que le permiten afrontar la tormenta con un cierto margen de maniobra. El propósito es claramente electoral, faltaría más: el Ejecutivo italiano ha descubierto con alborozo que enfrentarse a “los burócratas de Bruselas” proporciona una gran cantidad de votos; y muchos más si, por añadidura, se promete que con ese exceso de ocho décimas en la senda del déficit (2,4% en 2019 frente al 1,6% comprometido) el Gobierno “acabará con la pobreza”. Que una promesa sea falsa nunca ha sido un obstáculo para que sea creída. Cuentan además Giuseppe Conte y Luigi Di Maio con que Italia es demasiado grande para quebrar o para ser expulsada de la Unión. La probabilidad de que un enfrentamiento público sobre los parámetros del déficit se resuelva al final, tras una exhibición de desplantes, en una negociación es prácticamente del 100%.

Por supuesto, todo país es libre de exponer y defender la variación de su programa de estabilidad tal como le parezca oportuno. Lo que resulta provocador es que esas propuestas, que pueden tramitarse mediante negociación, se presenten como una imposición de parte cuyo efecto inevitable es poner una vez más de manifiesto la debilidad del entramado institucional del euro. El problema para el Gobierno italiano es que no está en condiciones de provocar impunemente. Ha bastado el anuncio del 2,4% seguido del “de aquí no nos movemos” para que la Bolsa se haya caído y la prima de riesgo del país haya superado holgadamente los 300 puntos básicos. Di Maio y el ministro de Finanzas, Giovanni Tria, están ya buscando a toda prisa una puerta trasera para salir del enredo. La que tantean hasta el momento es mantener el 2,4% para 2019, pero comprometerse a recortes del déficit en 2020 y 2021.

No existen la euforia sin coste ni las promesas estratosféricas sin cálculo racional del gasto. Cualquier decisión tiene consecuencias y, por tanto, requiere una planificación prudente que el Gobierno italiano ha olvidado en esta ocasión. No tiene sentido económico autodeclararse en rebeldía contra Bruselas si la sublevación eleva la prima de riesgo y los gastos financieros de la deuda devoran los márgenes presupuestarios conseguidos. Un paso adelante, dos atrás. Por eso es necesario que cualquier cambio de programa financiero sea negociado. Las relaciones de Bruselas en el caso de Italia están, a salvo de detalles, muy puestas en razón. Porque no se trata de que Roma no cumpla con los objetivos generales de déficit (que los cumple), sino de que su déficit estructural está aumentando. Por cierto, si alguien revisa el déficit español observará que prácticamente todo él es de carácter estructural. Lo cual significa que se ha reducido en términos absolutos como consecuencia de la fase de crecimiento; una recesión volvería a disparar el déficit a los niveles de 2011. Esta es la brillante política de estabilidad desarrollada por los Gobiernos de Rajoy.

Es difícil imaginar qué argumentos pretende manejar el Gobierno italiano para ganar el pulso con Bruselas. Los triunfos de que dispone son estrictamente políticos; pero ahí se acaba su capacidad de persuasión. Tria debería haber caído en la cuenta de que el BCE es la única institución que está comprando bonos italianos. La regulación monetaria y la economía financiera de Roma están en manos de Fráncfort, y las probabilidades de que el Ejecutivo italiano imponga sin más un trágala son muy reducidas.