El empresario mexicano Del Valle carga contra Linde y Guindos en el arbitraje contra España por el Popular

Antonio del Valle lidera un grupo de inversores mexicanos que han demandado al Estado español en dos arbitrajes internacionales (Ciadi y Uncitral) para pedir una reparación por la pérdida de su inversión en el Popular. El texto de la demanda repasa todo el proceso de caída del banco y reprocha al Banco de España que no facilitase suficiente liquidez y al Gobierno español que no enviase mensajes de confianza en el banco para evitar la fuga de depósitos. Además, consideran que el proceso de venta no fue en realidad una subasta competitiva y que había otras alternativas que no destruyesen la inversión.

El primer dardo contra Linde viene a sugerir que los inversores se sintieron engañados sobre la situación del banco a raíz de una reunión con el gobernador. "En febrero de 2014, algunos de los demandantes se reunieron con el gobernador del Banco de España, Luis Linde, quien agradeció a los demandantes su confianza en España y la considerable inversión realizada en uno de sus bancos. El señor Linde también afirmó que Banco Popular tenía una buena situación financiera y que confiaba en su gestión, lo que confirmaba el convencimiento de los inversores mexicanos sobre la situación financiera del banco y que Banco Popular era una inversión sólida", dice la demanda.

No obstante, para ese momento, el grueso de la inversión de los inversores mexicanos ya estaba realizada y ellos estaban ya dentro del banco. Fuentes del Banco de España rechazaron ayer hacer ningún comentario, alegando que no se comenta la agenda ni las reuniones del gobernador. sin embargo, fuentes cercanas a personas presentes en la reunión aseguran que lo que hizo Linde fue congratularse de la confianza mostrada por inversores extranjeros en una entidad española.

Pero la acusación de fondo es que el Banco de España se negó "inexplicablemente", según los demandantes, a facilitar toda la liquidez que necesitaba el Popular ante la fuga de depósitos de 17.000 millones que sufrió desde diciembre de 2016 y que llegó a superar los 1.000 millones diarios en los peores momentos. Del Valle señala que el Popular logró solo un total de 3.500 millones de liquidez de emergencia, menos de un tercio de lo que había solicitado.

Sin embargo, el Banco de España ya contestó a esas acusaciones en el Congreso en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la crisis financiera: "El Banco de España actuó aplicando la legalidad más estricta y dando —puedo decirlo— todo lo que podía dar en función de las garantías aportadas, en función de los recortes que podía aplicar a esas garantías", afirmó entonces Linde. Y el propio expresidente del Popular, Emilio Saracho, reconoció en esa misma comisión que el tipo de garantía que podía aportar el banco para pedir liquidez era "de malo a muy malo a horroroso", que "algunos tenían defectos de forma" y que lo que hizo el Banco de España no fue "caprichoso" sino "prudente", "exactamente lo que hubiese hecho cualquier administrador de la cosa ajena".

Trato discriminatorio

La demanda se dirige contra el Estado español, así que además de cargar contra el Banco de España lo hace contra el Gobierno. Le reprocha un trato discriminatorio por no haber brindado al Popular el apoyo que había dado a otras entidades con problemas, con garantías para la emisión de deuda, inyecciones de capital o incluso declaraciones públicas para tranquilizar a los depositantes. Del Valle pone como ejemplo no solo los apoyos previos al rescate, sino también otras medidas y declaraciones más recientes, como las que sirvieron para frenar la fuga de depósitos de CaixaBank y Sabadell por la crisis catalana o la caída en Bolsa de Liberbank.

En el caso del Popular, sostienen los demandantes, el Gobierno no solo no contuvo la crisis de liquidez, sino que la agravó. Por dos vías. Por un lado, la demanda señala que de los 17.000 millones de fuga de depósitos al menos el 30% correspondía a entidades públicas. Por otro, sostiene que las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, el 18 de mayo de 2017, señalando que no preveía inyectar dinero público en el banco aceleraron la fuga de depósitos que llevó a la caída del Popular. Del Valle y sus socios reprochan al Gobierno que no tomó medidas para detener las crecientes salidas de depósitos en 2017, "como expresiones públicas de confianza en Banco Popular para los depositantes, aliento público a los ahorradores para mantener sus depósitos en Banco Popular (...) y otras medidas que la demandada ha utilizado para otros bancos que enfrentaban crisis de liquidez". No se hace mención en la demanda a la declaración del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, cuando dijo el 2 de junio que con respecto al Popular había "tranquilidad absoluta" en el Ejecutivo.

El texto de la demanda también apunta al Ministerio de Economía por el papel que le otorga la normativa comunitaria en los procesos de resolución. Y recuerda que el Plan de resolución que el Popular pactó en 2016 con la Junta Europea de Resolución y el Gobierno español no contemplaba la venta a un tercero sino la reestructuración de la entidad y las medidas adicionales necesarias para restaurar la viabilidad del grupo manteniendo la confianza del mercado en todo momento.

Del Valle también sostiene que la subasta del Popular no fue en la práctica competitiva. Asegura que solo el Santander estaba en condiciones de acudir con ese precio de un euro. De hecho, aporta la respuesta que dio el BBVA, en la que decía que estaría dispuesto a presentar una oferta si hubiera más tiempo y se modificasen las condiciones. Y también reprocha que no se invitase a entidades extranjeras a participar en la subasta. La demanda afirma que el precio habría sido mayor de no realizarse una subasta relámpago y sostiene que su venta en un proceso de resolución respondía a un plan predeterminado que podía haberse evitado.

"El impacto de la resolución sobre los inversores del Banco Popular fue devastador", afirma la demanda, recordando que los 300.000 accionistas perdieron toda su inversión en la entidad. Del Valle y sus socios consideran que esas pérdidas son "completamente atribuibles a los actos y omisiones" del Estado español.

Dos arbitrajes, un solo proceso

La demanda de arbitraje de Del Valle está presentada bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral). Fue presentada el pasado 23 de agosto por Antonio del Valle y otros inversores mexicanos tenedores de acciones y bonos del Banco Popular. En paralelo, con los mismos argumentos, se ha presentado otra demanda encabezada por GBM Global ante el Centro de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi). Del Valle y parte de los inversores no han acudido al Ciadi porque su doble nacionalidad española y mexicana se lo impide, pero han propuesto a España que ambos procedimientos se consoliden en el Ciadi con las salvedades que sean necesarias, de forma que en la práctica haya un solo proceso, pero eso tendría que ser aceptado por el Gobierno. En total, los demandantes de ambos arbitrajes invirtieron 470 millones de euros en el Popular a través de las ampliaciones de capital de 2013 y 2016 (aunque luego la propia demanda maneja otras cifras que suman 550 millones). No obstante, no cifran la cuantía de la reclamación por daños sino que hablan de una cuantía pendiente de ser determinada, eso sí, con intereses y costas.

La ampliación de capital, una alternativa

La demanda relata que en diciembre de 2016, Antonio del Valle se reunió con Luis Linde y Fernando Restoy, gobernador y subgobernador del Banco de España, respectivamente. Y que desde el supervisor le sugirieron una posible fusión de Banco Popular con un banco más grande como BBVA o Santander. Del Valle temía que eso perjudicase gravemente a los inversores de Banco Popular e insistió en que la mejor solución para el banco era una ampliación de capital.

Del Valle asegura que su grupo de inversores mexicanos junto con el grupo chileno Luksic (que ya había invertido 100 millones) estaban dispuestos a comprometerse a suscribir el 50% de una ampliación de capital de 3.000 millones de euros y que estaba en conversaciones con otros accionistas como Allianz y Crédit Mutuel que se mostraban también dispuestos a participar en la ampliación. Según relata la demanda, Barclays envió una carta el 3 de junio ofreciendo participar en una ampliación de capital y el 5 de junio, Deutsche Bank envió otra en que expresaba su interés en asegurar el 50% de una ampliación de capital de 4.000 millones. Pimco, siempre según la demanda, confirmó su compromiso de proporcionar 300 millones en una ampliación. Junto a eso, Del Valle asegura que estaba en una fase avanzada para vender activos (carteras de préstamos acciones de Merlin, acciones de Totalbank) por un importe de más de 3.400 millones, además de la venta de WiZink y Targo Bank.