La lucha de 362 familias para salvar su empleo en Vestas
El Gobierno intenta convencer 'in extremis' a la multinacional danesa para que mantenga su planta de aerogeneradores
Dos hombres entran en el campamento cargados de cajas llenas de comida al grito de “¡dos donaciones más!” La respuesta es un sonoro aplauso y carreras para ver qué llega y quién lo envía. Una de las cajas ha viajado 40 kilómetros, desde la tienda de comestibles de la mujer de un trabajador de Vestas, el fabricante danés de aerogeneradores. Otros días el propietario de un camping cercano ha llevado bandejas de comida. Ha habido incluso quien se ha bajado de su coche al pasar por este polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) y ha dejado 20 euros, o un par de plátanos que llevaba en la guantera. “Hay veces que son cosas simbólicas, detalles, pero lo agradecemos todo”, dice David Crespo, uno de los 362 trabajadores que llevan dos meses y medio en huelga.
Lo que empezó con un techado de tres por tres metros frente a la entrada de la planta de Vestas es ahora un campamento con varias tiendas de campaña, sala de estar, cocina, baño portátil y hasta una enorme nevera que aún no enfría pero lo hará: “Nos van a poner un punto de luz”, anuncia orgulloso Crespo, que también es miembro del comité de empresa. El paro empezó mucho antes de que Vestas anunciara oficialmente que quiere cerrar su planta de León. “Llevábamos tiempo viendo cosas raras. De priorizar a los proveedores locales pasaron a comprar en China. Después anunciaron que cerraban dos líneas de producción; luego otras dos. Votamos, nos unimos y decidimos parar”, explica.
Una empresa con beneficios
Beneficios. La matriz del Grupo Vestas, Vestas Wind Systems, ganó casi 900 millones de euros en 2017.
Filiales en España. La compañía, que tiene otras plantas en Daimiel (Ciudad Real) y Viveiro (Lugo), tuvo unos beneficios de 8,5 millones de euros en 2016 en una de sus filiales, Vestas Eólica.
Pleito con el fisco. Las filiales españolas Vestas Eólica y Vestas Manufacturing Spain se enfrentan a Hacienda en la Audiencia Nacional. La Agencia Tributaria les reclama 90 millones de euros por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2006 a 2009, como adelantó eldiario.es. La empresa atribuye el conflicto a que los mismos resultados han tributado simultáneamente en España y Dinamarca y ha pedido un arbitraje. "El grupo no ha dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales en ningún momento", asegura una portavoz.
La empresa había anunciado que presentaría el ERE de extinción este martes, pero lo ha retrasado. Ayer su dirección se reunió en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y altos cargos del Ministerio de Industria, y acordaron abrir “una línea de negociación permanente”. Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que “parece que la decisión de cerrar es firme” y deslizan que en el trasfondo puede estar la política medioambiental del anterior Gobierno, que no apostaba por las energías renovables. A la Junta de Castilla y León le preocupa el futuro de casi 2.000 familias (hay más de 1.500 puestos de trabajo indirectos afectados) de la provincia, y le indignan por los 12,5 millones de euros en subvenciones que ha recibido Vestas.
“Todavía no entiendo cuáles son las razones reales del cierre de la planta de León, que es muy moderna y muy competitiva”, asegura Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda. Las subvenciones procedían de las arcas de la Junta, del Estado y de los fondos europeos Feder. Buena parte eran ayudas a la inversión con creación y mantenimiento de empleo durante un plazo de cinco años. Plazo que se cumplió a finales de junio pasado, precisamente cuando Vestas comunicó que cerraba las líneas de producción. La empresa desvincula una cosa de la otra. “La decisión, independiente, de cerrar la fábrica responde a la situación de los mercados que atiende esa planta”, asegura una portavoz.
La llegada de Vestas a León en 2006 se vivió como una fiesta en una provincia con la peor tasa de actividad (50%) de todo el país, solo por debajo de Orense, y casi diez puntos por debajo de la media nacional. La planta de Villadangos empleaba a 362 trabajadores fijos y unos 150 temporales y generaba 1.500 empleos indirectos en una zona eminentemente rural.
“No había otra empresa como esta en León”, dice Cristina Cabero, de 42 años, que entró a trabajar en Vestas hace una década. “Eran buenos el sueldo, las vacaciones, los horarios, las horas extra…”, enumera. La planta, destacan todos los trabajadores con los que habla EL PAÍS, era ejemplar. Lideró proyectos de I+D, fue galardonada varias veces como factoría más eficiente de Vestas, en ella se formaban trabajadores de otros países… El sueldo medio era de unos 1.100 euros netos al mes. Eso antes de que empezara la huelga. Ahora los trabajadores sobreviven con los pocos centenares de euros de la parte proporcional de la paga extra y lo que hubieran podido ahorrar.
A algunos, como José Manuel Nistal, de 43 años, casado y con dos hijas preadolescentes, empieza a costarles salir adelante. “Mi mujer es auxiliar de clínica y trabaja media jornada. Con eso no se aguanta”, dice. Nistal recuerda ahora con un punto de arrepentimiento que rechazó un trabajo en Mercadona hace años porque en Vestas tenía asegurado un buen sueldo y buena calidad de vida en León. “Acababa de nacer mi hija pequeña y no me quise mover a Ciempozuelos”. Ahora vive la situación con “resignación y rabia”.
Los trabajadores de Vestas se turnan para mantener viva la protesta. En la tarde del lunes al menos 40 personas, la mayoría hombres, se entretenían haciendo muebles con palés, charlando bajo los tendales o jugando al fútbol en las avenidas del desangelado polígono industrial. Todos coinciden en que no piensan moverse. “¡500 euros, nos dan 500 euros!”. Se desata la alegría de nuevo. Han encontrado un primer patrocinador para que un deportista de La Bañeza vaya en bicicleta hasta Aarhus (Dinamarca), donde están las oficinas centrales, pasando por Bruselas, para dar a conocer la situación de Vestas.
También en la Junta quieren que Bruselas conozca qué está sucediendo con la empresa danesa. “Vamos a llevar este problema a la Comisión Europea. Me parece muy triste que las empresas puedan disfrutar de ayudas públicas financiadas con fondos europeos y luego llevarse las instalaciones y producir fuera de Europa. Nos vamos a desindustrializar con fondos europeos y luego tendremos que importar de empresas que no respetan nuestra legislación laboral, condiciones medioambientales y requisitos de calidad”, asegura.
Juan Carlos Sanz, de 61 años, electromecánico, dejó a su mujer y su hija en Valladolid para trabajar en Vestas. Ahora vive de lunes a viernes en Trobajo del Camino, a pocos kilómetros de Villadangos, y coge el coche todos los fines de semana para ir a su casa. Es de los mayores, y también es el más experimentado entre sus compañeros de campamento en este tipo de conflictos: 10 años atrás la tecnológica en la que trabajaba en Valladolid cerró y trasladó la producción a China. Lo vive como un déjà vu de una doble víctima de la deslocalización.
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