Despidos en Sargadelos, los platos rotos de una marca que “va bien”

"Sepan apreciar el arrepentimiento de un mal hombre como yo que se ha pasado toda su vida explotando y maltratando a sus empleados hasta que los sindicatos le han hecho comprender la realidad social", espetó sarcástico a su plantilla Segismundo García, dueño de Sargadelos, el pasado 17 de agosto. Acababa de convocar al personal a la vuelta del festivo de San Roque para anunciar, por sorpresa, "49 despidos" en los siguientes dos meses. Y atribuía la decisión a "amenazas" y "presiones" de una delegada sindical de UGT, que reclamaba una subida de sueldo para los contratados tras el concurso de acreedores de 2014. Esto era algo que, según el consejero delegado, a pesar de ir "bien", Sargadelos no podía asumir. "Lo correcto y lo justo sería rebajar el salario de todos los empleados en tanto las empresas no superen el convenio de acreedores. Pero la ley no lo permite. Según el legislador y los sindicatos es mejor cerrar las compañías", criticaba irónico García ante aquel perplejo auditorio. Por eso, concluía el jefe, "he decidido prescindir de los nuevos empleados con efecto inmediato... Doce abandonarán hoy ya sus puestos. No queremos que nadie se sienta explotado”.

Ha pasado medio mes desde que en la factoría más productiva del emblemático sello cerámico gallego, la histórica planta del municipio de Cervo (Lugo), la tierra se partió en dos. De momento, en un goteo que al principio fue más rápido y ahora más lento, han caído a la brecha abierta unos 20 trabajadores, que han recibido ya su carta de despido.Y de nada han valido las visitas al dueño por parte de responsables de la Xunta de Galicia, ni el grito en el cielo puesto por formaciones como el BNG y el PSOE, que advierten de que lo que está en juego, además del trabajo, es el "símbolo" que Sargadelos representa para la cultura gallega. Según UGT, en la lista de bajas no solo hay empleados nuevos, de aquellos que cobraban menos y la empresa decía que no podía equipararles el salario, sino que también se ha tenido que marchar a casa algún veterano al que se le ha ofrecido una indemnización mucho mayor. El abogado del sindicato, Pedro Blanco, asegura que está preparando estos días las demandas para impugnar esos despidos porque está "convencido" de que todos van a ser anulados.

En el epicentro de este terremoto está el enfrentamiento laboral y judicial que desde tiempos del ERE que emprendió la firma en 2010 (ahora declarado nulo por el Supremo) mantienen García, accionista mayoritario, y una trabajadora, Rogelia Mariña, que entró en la factoría en 1974, cuando solo tenía 14 años. La maestra decoradora fue presidenta del Comité de Empresa mientras lo hubo y es delegada de UGT en la actualidad. Y su sindicato entiende que el dueño de la empresa está tratando a los empleados como "rehenes", a los que "chantajea y coacciona" para lograr borrar de la fábrica a la representante de los trabajadores, contra la que muestra "una inquina personal". Mientras tanto, Segismundo García afirma a este diario que el que se siente presionado es él, pero admite que el anuncio (y ejecución) de los despidos es también un "pulso a los sindicatos y a los jueces de lo social y a la Inspección de Trabajo". "Algo que ya deberían haber hecho otros empresarios", apostilla, "ante la altanería, soberbia e impunidad con que actúan".

El consejero delegado, dueño también de un hotel y perfumerías en Ribadeo (Lugo), reconoce que ahora el negocio cerámico, al que rescató de la quiebra arriesgando su propio patrimonio, "va bien económicamente y en ventas". Pero al mismo tiempo se queja de que "solo este año" la empresa ha tenido que "pagar más de un millón de euros por demandas sindicales derivadas" de ese ERE, que en su opinión era "necesario para la pervivencia de la compañía". El caso es que a la semana siguiente del anuncio de despidos que dejó perplejos a todos, empezó a circular por la planta de Cervo un escrito rubricado por parte de la plantilla en el que, con frases casi calcadas a las que había esgrimido el propietario el día 17, los firmantes expresaban su rechazo a UGT y su apoyo al consejero delegado. "Rogelia Mariña debería dimitir de su cargo de representante sindical y repartir los 30.000 euros que consiguió por daños morales entre esos trabajadores nuevos que ella tanto quiere defender", decía el documento que, según la compañía, respaldaban más de 50 de los casi 100 trabajadores de la planta.

El párrafo se refería a otra batalla judicial, además de la del ERE, que la empleada había ganado al empresario el pasado febrero: el juzgado de lo Social número 3 de Lugo sentenciaba que su despido, tras oponerse a una ampliación de la jornada generalizada y sin remuneración, era nulo. La juez obligaba a Sargadelos a readmitirla en su puesto, pagarle los salarios no percibidos desde diciembre de 2016 e indemnizarla con 30.000 euros. De momento, según su sindicato, no ha cobrado nada de esto porque el fallo ha sido recurrido en el Superior, tanto por la empresa como por UGT, que reclama una indemnización de 70.000. A esto se suma una nueva demanda, esta vez de tutela de derechos fundamentales, que el abogado de UGT acaba de interponer por los hechos de los últimos días y en la que por daños y perjuicios pide 100.000 euros para el sindicato y otros tantos para la representante de los trabajadores, de los que quiere que también se haga cargo el dueño de Sargadelos con su patrimonio personal. En la demanda, UGT solicita también al juzgado de lo social que "paralice los despidos" de forma cautelar.

Rogelia Mariña no va estos días por la fábrica. La misma jornada, 20 de agosto, en que apareció el misterioso escrito de repulsa, la sindicalista recibió una carta firmada por el empresario en la que, con evidente tono socarrón, la mandaba provisionalmente a casa. "Ante la tensión generada en el día de hoy en la planta de producción, con la firma de una carta manifiesto por parte de la mayoría de los trabajadores, y con el fin de poder evitar posibles enfrentamientos personales, esta dirección considera pertinente otorgarle permiso remunerado. En la espera de que los ánimos se calmen y la inquietud se relaje. Confiamos en que sepa entender esta decisión, y como siempre le agradecemos sus desvelos por la compañía".

Aunque Segismundo García niega que las rescisiones de contrato se estén llevando a cabo de forma aleatoria (sino que responden a determinadas necesidades de trabajo para "satisfacer los pedidos"), UGT ha denunciado que el jefe está cosechando para su lista negra a los trabajadores que no firmaron el escrito contra Mariña después de garantizar el empleo a los que lo secundasen. El próximo día 11 tendrá lugar una asamblea solicitada por 48 empleados con un único tema sobre la mesa: la revocación de la delegada sindical. Unas horas antes, ese mismo martes el dueño de Sargadelos está citado por el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) para un acto de conciliación después de que UGT plantease un conflicto colectivo. A esta reunión también están convocados representantes de los sindicatos CC OO y Confederación Intersindical Galega, además de la Confederación de Empresarios de Galicia. A la representante sindical "la respalda la legislación laboral y UGT", decía ante sus empleados García el día que anunció las expulsiones: "A mí solo me ampara el sentido común y las ganas de sacar estas empresas adelante".

En medio de este cataclismo que solo afecta a la planta de Cervo y deja al margen la de Sada (A Coruña), un día amaneció la fábrica lucense con dos pintadas sobre el asfalto. "El trabajo os hará libres", rezaba la primera de ellas. "¡¡Vivan las cadenas!!", replicaba la segunda. Aquella fatídica jornada en que anunció los despidos, el consejero delegado retaba una vez más al sindicato: "En estos dos días festivos he revisado el Estatuto de los Trabajadores, las ordenanzas y reglamentaciones laborales, la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Ley General de la Seguridad Social, las ordenanzas municipales sobre licencias de actividad, la Ley de Marcas, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley de Protección de Datos y la ley autonómica sobre residuos industriales", dijo. "He detectado que Sargadelos incumple 262 normas o preceptos y deseo facilitar esos datos a UGT para que curse las correspondientes denuncias y, si es el caso, se proceda a la clausura de la compañía".

Era la primera vez en mucho tiempo, después de los agónicos años de crisis en que casi naufragó, que se hablaba de cierre en Sargadelos. Pero desde hace medio mes el temor a ese desenlace ha estado en boca de trabajadores y representantes políticos de todos los colores que claman por salvar este icono cultural. La semana pasada, además, el propio Segismundo García echaba más leña al fuego con unas declaraciones en las que vinculaba el futuro de la firma a la respuesta que diera el juzgado a la demanda de tutela presentada por UGT. Si la empresa se veía obligada a pagar 100.000 euros (y el accionista mayoritario otros 100.000), para García la única salida sería la venta o el fin de una marca que Galicia identifica como parte de su acervo.