Las víctimas de las ‘casas fantasma’ de Mallorca: “Han arruinado la vida de muchísima gente”

“Lo único que nos queda ahora es denunciar y rezar por que no se hayan gastado el dinero en casinos y hoteles de lujo”. Unos 60 afectados por la estafa urdida presuntamente por la promotora Lujo Casa y la agencia inmobiliaria Mallorca Investment aseguran sentirse “desprotegidos” por la legislación actual y reclaman medidas a la administración estatal para que episodios como este no se repitan. La Guardia Civil ha arrestado hasta el momento a ocho personas acusadas de vender viviendas sobre plano que nunca se llegaron a construir y de quedarse con el dinero que los clientes entregaban para hacer una reserva de compra. El fraude supera los cuatro millones de euros, según fuentes de la investigación.

El propietario de la agencia Mallorca Investment, el empresario M. P., de origen italiano, permanece arrestado a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas acusado de delitos de estafa y blanqueo de capitales. El dueño de la promotora Lujo Casa, que responde a las iniciales C. G. R., huyó del país hace más de cuatro meses, cuando las primeras denuncias de afectados le pusieron en el punto de mira.

Las reclamaciones comenzaron a llegar en el mes de marzo y el pasado mayo algunas familias, a través del abogado Eduardo Luna, presentaron una querella en los juzgados de Palma y pidieron el bloqueo de todas las cuentas y una orden internacional de busca y captura contra el promotor que, según fuentes de la investigación, está refugiado en un país sudamericano.

“Ante la sospecha de que nos encontrábamos ante un caso de estafa, tras comprobar que no empezaba las obras, que varios de los solares no eran suyos y que cualquier cambio sobre planos era posible y gratuito, nos reunimos con el abogado Bartolomé Salas, que nos confirmó lo que ya sospechábamos, que tenía toda la pinta de ser una estafa piramidal”, afirman las víctimas en un comunicado.

A la primera docena de denunciantes se han ido uniendo posteriormente más afectados, que se estima superan los 200, con un porcentaje importante de extranjeros. “Con toda la ilusión te compras una vivienda sobre planos, ves que tiene licencias de derribo concedidas, una excavación empezada, en el Ayuntamiento lo conocen porque tiene varias licencias en marcha y con una inmobiliaria que lleva años en el sector. Algunos decidimos dar los ahorros y otros pedir un préstamo para la entrada” lamentan.

Fuga internacional

A medida que pasaba el tiempo muchos se dieron cuenta de que las condiciones ventajosas que les habían prometido, como los cambios gratuitos en el plano, escondían un fraude. No había solicitudes de licencia en los Ayuntamientos o habían caducado y el segundo pago del 20% del coste de la vivienda se tenía que hacer sin aval. “Te dice que te tienes que fiar de él y ahí te das cuenta de que te están timando; lo primero que intentas es recuperar tu dinero con una cláusula que decía que en no más de 90 días te devolvía el dinero y vas conociendo casos de gente a la que se lo ha devuelto y cruzas los dedos”.

Los afectados, canalizados a través de cuatro despachos de abogados, denuncian que el promotor se marchó primero a Barcelona, donde había tenido problemas similares, y después a Valencia donde se le perdió el rastro definitivamente. Las víctimas cargan también contra el propietario de la inmobiliaria, M. P., que intentó justificarse antes los clientes que reclamaban diciendo que él también había sido estafado. “Desde el minuto uno Mallorca Investment se presentó como socio, carpetas con su membrete y demás relaciones. La agencia incluso vendió varias casas de afectados que ahora se han quedado en la calle”, afirman.

Cambios legislativos

La cantidad media que ha perdido cada afectado ronda los 30.000 euros, aunque hay casos más extremos, como el de un hombre extranjero que llegó a entregar más de 200.000 euros con la promesa de un piso de lujo cerca del mar. Entre los damnificados hay parejas jóvenes que buscaban su primera vivienda, jubilados y familias con menores a su cargo. Todos afirman sentirse “desamparados” por los cambios legislativos que provocaron en 2006 la derogación de la Ley 57/68, que permitía a quienes habían perdido su dinero en la compra de una casa sobre plano reclamar los importes al seguro o al banco, que estaban obligados a responder por ello.

“Todos confiábamos en que al hacer el pago por transferencia a una cuenta de promociones inmobiliarias nuestro dinero estaba protegido, creímos entender que este tipo de cuentas están controladas por los bancos y no es tan fácil sacar el dinero de ellas aunque este señor lo movió a su antojo” subraya el comunicado, que pide a las administraciones públicas medidas para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse ya que consideran que “la única ley que nos amparaba fue derogada para beneficio de las entidades bancarias”.