Nueva Zelanda pone trabas a los extranjeros para comprar vivienda

El parlamento de Nueva Zelanda aprobó este miércoles una ley que restringe a los extranjeros la compra de viviendas en el país. Con esta medida, promesa del gobierno laborista que preside la primera ministra Jacinda Ardern, se pretende contener el aumento desmesurado de los precios inmobiliarios en el archipiélago, un 60% en la última década, que el gobierno achaca en parte a los especuladores extranjeros. Los ciudadanos de Australia y Singapur, con los que Nueva Zelanda tiene tratados de libre comercio, están excluidos de la norma.

La escalada del precio de la vivienda, producto también de la llegada de inmigrantes, el aumento del nivel de vida y la escasez de oferta, fue uno de los asuntos candentes de la campaña de las elecciones del año pasado, sobre todo a raíz de un informe de la Universidad de Yale (EE UU) que afirmaba que Nueva Zelanda sufría el mayor problema de personas sin hogar de todo el mundo desarrollado. La coalición laborista comandada por Ardern prometió tomar cartas en el asunto.

No se trata de una prohibición total. La ley prohíbe a los extranjeros comprar viviendas ya existentes, pero sí permite comprar sobre plano, de forma que se incentive la construcción de nuevas viviendas para aumentar la oferta. En todo caso, para realizar esa compra, los extranjeros deberán contar con el permiso de la Oficina de Inversiones Extranjeras, que lo concederá cuando el afectado demuestre que la inversión traerá beneficios para el país.

Durante el debate sobre la nueva ley, el ministro neozelandés de Comercio y Desarrollo Económico, David Parker, afirmó que una quinta parte de las viviendas de Auckland, la capital, y una décima parte de las del área de la ciudad de Queenstown, dos de las zonas más caras, habían sido adquiridas recientemente por inversores extranjeros, lo cual, “sin duda” tiene un efecto en el precio. “Este Gobierno cree que los neozelandeses no deben ser expulsados por compradores extranjeros ricos. Tanto si son hermosas propiedades junto a un lago o frente al mar como si se trata de modestas casas en suburbios, esta ley asegura que nuestro mercado inmobiliario está en Nueva Zelanda, no en los mercados internacionales”, dijo el ministro.

Sin embargo, las empresas inmobiliarias y algunos partidos de oposición no creen que la ley tenga el efecto deseado. Según cifras oficiales, solo el 2,8% de las casas vendidas en el primer trimestre en el país fueron a parar a manos de extranjeros, cinco décimas menos que en el trimestre anterior. También han caído las cifras en las dos zonas mencionadas –del 7,3 al 6,5% en Auckland y del 9,7 al 5,2% en Queenstown. “Prohibir al 3% del mercado que compre casas en Nueva Zelanda no va a tener un impacto significativo en los precios”, afirma Bindi Norwell, jefa del Real State Institute (Instituto de la Propiedad), en declaraciones recogidas por el diario neozelandés NZHerald.

El sector inmobiliario señala, además, que la inversión extranjera contribuye al desarrollo de nuevos proyectos residenciales, lo que eleva la oferta disponible, también para los residentes, y que la prohibición echará por tierra la imagen de economía abierta de Nueva Zelanda, lastrando inversiones en otros sectores.

Canadá, Australia y otros países han tomado medidas en el mismo sentido en los últimos años, intentando contener los precios de la vivienda. La norma neozelandesa entrará en vigor en dos meses.