La economía de la depredación

El turismo de masas ha adquirido una dimensión suficiente como para que haya un flujo constante de millones de personas residiendo temporalmente, por periodos muy cortos, en otra ciudad. De seguir la tendencia actual, no es difícil predecir que el turismo urbano de corta duración seguirá creciendo de forma exponencial. Los vuelos de bajo coste facilitan poder viajar a precios muy asequibles, a veces más asequibles incluso que desplazarse dentro del propio país. Para las extensas capas medias de los países desarrollados, incluidos sus pensionistas, no supone hoy un gran sobreesfuerzo programar estancias cortas en otras ciudades varias veces al año, especialmente si el coste se limita a poco más que los gastos de traslado y alojamiento.

Barcelona ha pasado de 1,5 millones de visitantes en 1990 (antes de los JJ OO) a los 17 millones actuales. Estos visitantes permanecen en la ciudad un promedio de cinco días con un coste de alojamiento de 60,7 euros por noche y gastan adicionales por valor de 350 euros por persona. Pero estas cifras son promedios que incluyen los visitantes de congresos y empresas, que suelen gastar bastante más. Si el alojamiento es un piso turístico, el precio puede ser inferior y el coste de manutención, no muy superior a lo que el turista gastaría en su ciudad.

Este tipo de turismo se ha convertido en un elemento importante de la economía de las ciudades. En Barcelona representa ya más del 14% del PIB. Pero también tiene su lado oscuro: está provocando la rápida y radical transformación de los núcleos urbanos. Alquilar por días o por semanas es relativamente barato para el visitante, pero altamente lucrativo para los propietarios de apartamentos, lo que está provocando una irresistible presión para transformar los edificios del centro de las ciudades en alojamientos turísticos. La baja remuneración de los depósitos bancarios hace que tanto el capital local como los fondos buitre de inversión generen movimientos globales de inversión especulativa que tienen como campo de operaciones todas las ciudades con capacidad de atracción global.

Como señala la arquitecta milanesa Gaia Radaelli, en los años noventa la burbuja inmobiliaria permitió que las inversiones especulativas ocuparan todo el suelo que quedaba libre, y ahora, tratan de colonizar el interior de los edificios ya construidos para reconvertirlos en alojamiento turístico. A esta transformación contribuyen sin duda y poderosamente plataformas tecnológicas como Airbnb. El resultado es bien conocido: un aumento sin precedentes del precio del alquiler y la rápida expulsión de los residentes hacia una periferia cada vez más lejana, con la consiguiente pérdida de identidad y de tejido social en el centro de las urbes.

Si se dejara a la estricta lógica del mercado, todas las viviendas de los centros urbanos de las ciudades de mayor éxito acabarían convertidas en pisos turísticos. De manera que esa parte de esas ciudades, la que según la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, constituye su alma, estaría ocupada por una población flotante, sin arraigo ni otro interés por el entorno urbano que pasar unos días agradables. ¿Es eso lo que queremos? ¿Qué el núcleo central y más emblemático de las ciudades esté ocupado por una población siempre cambiante?

Doce capitales europeas, entre ellas Berlín, París, Viena, Bruselas, Lisboa, Barcelona y Madrid, han secundado una iniciativa de Ámsterdam para que la Comisión Europea tome cartas en el asunto del descontrol de los alquileres turísticos. Y tres de ellas —las gobernadas por las alcaldesas Ada Colau, Manuela Carmena y Anne Hidalgo— han firmado un manifiesto conjunto contra “la nueva economía de la degradación” que se cierne sobre las ciudades globales.

Las doce ciudades consideran urgente cambiar la dinámica porque, de lo contrario, pueden encontrase con que ya no llegan a tiempo. Pero no todas están en las mismas condiciones de afrontar este desafío. Algunas disponen de instrumentos patrimoniales y de gestión que las favorecen. Berlín, por ejemplo, dispone de un sistema de control del precio de los alquileres que penaliza las subidas abusivas, mientras que Viena cuenta con un parque de 220.000 viviendas públicas de alquiler. Barcelona, en cambio, se encuentra especialmente desprotegida por falta de vivienda pública suficiente y de competencias para intervenir sobre el precio de los alquileres. En Cataluña, las viviendas públicas representan el 2% del total, cuando la ley aprobada por el Parlament en 2007 fija como objetivo al menos un 15%. Pese al esfuerzo municipal de los últimos años, Barcelona apenas contará en 2.022 con 13.000 viviendas públicas. Para hacerse una idea de lo lejos que está esta cifra de las necesidades, el registro municipal acumula más de 100.000 solicitudes de familias que aspiran a acceder a una vivienda social.