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Los taxistas suspenden la protesta pero avisan que es una tregua

Fomento da de plazo hasta septiembre a las comunidades autónomas para que asuman o no la gestión de las licencias de Uber y Cabify

Votación de la asamblea en la que han decidido abandonar la protesta en Barcelona.

Los taxistas de Madrid y Barcelona han decidido a última hora de este miércoles suspender la protesta para tratar de conseguir la limitación de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC). La decisión se produce tras la finalización la Conferencia Nacional de Transporte convocada por el Ministerio de Fomento para tratar de parar el conflicto, de la que salió una propuesta vaga por parte del Gobierno para que las comunidades autónomas decidan si se quieren hacer cargo o no de la nueva regulación de las autorizaciones de empresa como Uber o Cabify.

"Es un paro técnico, una tregua, si tenemos que volver a salir en septiembre u octubre, volveremos", señaló Julio Sanz, dirigente de Antaxi a los cientos de taxistas concentrados en el paseo de la Castellana de Madrid, enfrente del Ministerio de Fomento, desde el lunes. Los taxistas barceloneses también pusieron fin a los paros y han levantado la ocupación de la Gran Vía, calificando la medida como una “tregua” como sus colegas madrileños. En cadena, se desconvocaron los paros en Valencia, Sevilla y otras ciudades que mantenían un pulso con las autoridades.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, planteó a las comunidades autónomas un nuevo régimen jurídico con el fin de “habilitarles para que puedan regular este sector en el ámbito territorial correspondiente y dispongan así de un instrumento para ordenar sus políticas de movilidad urbana y periurbana”.

La medida, que no ha sido concretada ni por el ministro ni en la nota de prensa posterior de su departamento, se instrumentalizaría normativamente a lo largo del mes de septiembre, y se da la opción a las comunidades de que la acepten o no. De esta forma, si una administración autonómica decidiera no regular en este ámbito, seguiría siendo de aplicación la normativa estatal recogida en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El ministro explicó que no se trata de una transferencia de competencias, que ya tienen según la Constitución para el transporte dentro de su territorio, sino de facultar una capacidad normativa a las comunidades para que regulen las licencias.

Un centenar de taxistas increpa al ministro de Fomento en el Palau de la Generalitat Valenciana.
Un centenar de taxistas increpa al ministro de Fomento en el Palau de la Generalitat Valenciana. EFE

"El compromiso sería darle la forma jurídica correspondiente para poder aprobarla en el mes de septiembre", indicó Ábalos al término de la reunión. También ha adelantado que se ha acordado generar dentro de la conferencia sectorial un grupo de trabajo de buenas prácticas del sector de transporte urbano para intentar que la competencia entre ambos sectores "sea en beneficio del servicio público y el taxi gane competitividad". Este grupo abordaría no solo temas de la prestación de servicio , sino también otros como la fiscalidad.

"No vamos a desistir del marco regulatorio, sino que lo vamos a enriquecer para dar una salida e ir buscando medidas tendentes a conseguir los parámetros de 1/30", comenó Ábalos.

El Estado no tienen competencia alguna sobre el taxi, cuya regulación y concesión de licencias corresponde a los ayuntamientos, y la fijación de tarifas a los gobiernos autonómicos o locales en función de la distribución de competencias establecida en cada región. Por el contrario, el Ministerio de Fomento sí tiene la facultad normativa y reguladora del sector de las VTC, aunque la gestión de las autorizaciones y su otorgamiento es competencia de las autonomías por delegación del Estado.

Recelo de las CC AA

Dos taxistas en las protestas en Barcelona.
Dos taxistas en las protestas en Barcelona. EFE

La propuesta fue recibida con recelo e incluso con indiferencia por gran parte de las autonomías que entienden que el gobierno quiere salir del paso y no ha concretado una norma legal para hacer cumplir la ley de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Fomento optó por dar de plazo hasta septiembre para que las comunidades estudien su proposición y avancen en una solución negociada.

La reunión encontró desde el principio las reticencias de algunos de los representantes de las comunidades autónomas asistentes. Algunas como la gallega han pedido concreción sobre la reforma legislativa que pretende el Gobierno antes de pronunciarse sobre la transferencia de competencias. Otras como la extremeña y la catalana solicitan financiación adicional para llevar a cabo la transferencia. Y otras como la andaluza se han ausentado apenas iniciada la reunión.

En el exterior de la sede del Ministerio, esperaban cientos de taxistas que desde el lunes bloquean con sus vehículos el Paseo de la Castellana de Madrid.  No obstante, los taxistas ya han avisado de que el hecho de que las competencias pasen a las autonomías es algo accesorio; lo importante para ellos es que se aplique el modelo de la segunda licencia urbana, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que permitiría prohibir o suspender la circulación de VTC de miles de Uber y Cabify, sobre todo en Madrid y en la capital catalana, donde los consistorios regidos por Ada Colau y Manuela Carmena son favorables a esta restricción.

“En la ley nacional tiene que poner bien claro que los ayuntamientos tienen competencias directas para regular la operativa de las VTC”, señaló el portavoz de Élite Taxi y uno de los líderes de la protesta del sector, Tito Álvarez.

Las comunidades más beligerantes en contra con la propuesta de Fomento son Madrid y Galicia, ambas gobernadas por el PP. El presidente regional madrileño, Ángel Garrido, señaló que lo no puede hacer el Gobierno de Pedro Sánchez “es dispersar el problema, intentar echar balones fuera” para solucionar un asunto que tiene alcance nacional.

Por eso, Garrido ha exigido al Gobierno central que se “deje de juegos de manos” y solucione ahora “el conflicto que ellos han creado, con la colaboración de su gran amiga de gestión Ada Colau, y después de ya habrá tiempo de hablar de cualquier otro capítulo relacionado con esto”. Una vez que haya esa modificación legal la comunidad madrileña no descarta asumir las competencias “siempre que vaya acompañada de presupuesto”.

En la misma línea, la Xunta de Galicia rechazó “centrifugar” el problema y reclamó al Ministerio de Fomento medidas concretas para “garantizar” un marco regulatorio que permita la convivencia entre el servicio del taxi y el de los VTC, según indicó la consejera de Infraestructuras, Ethel Vázquez.

“Competencias, sí. Una patata caliente, no”. Con esta postura acude a la Conferencia la Generalitat catalana, que solo aceptará las competencias sobre las licencias de VTC si son “efectivas y plenas, no una transmisión del problema”, según el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, informa Clara Blanchar.

El ministro de Fomento se había reunido por la mañana con un grupo de taxistas en Valencia, y apeló al diálogo “sin ningún tipo de intimidación ni presión por parte de nadie”, y aseveró que el Gobierno será “inflexible” en el sentido de mantener la “convivencia” y el “respeto a las normas”. Ábalos accedió a reunirse con los taxistas tras ser increpado con consignas como “ni un paso atrás” e insultos a las puertas del Palau de la Generalitat donde estaba reunido con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para firmar un convenio de vivienda.

Pese a la llamada al respeto a las normas realizada por el ministro, el Gobierno no ha actuado en ninguna ciudad para garantizar el tráfico en las calles que están bloqueadas por los taxistas, que tampoco han recibido ningún aviso de sanción ni por parte de las autoridades estatales ni municipales.

"Un paro patronal ilegal"

Los taxistas, la mayor parte de ellos autónomos, no han solicitado permiso a ninguna delegación del Gobierno de las comunidades donde se han movilizado, por lo que ninguna de sus concentraciones está autorizada. Pese a ello ocupan las principales vías públicas de Madrid, Valencia o Barcelona, sin que los ayuntamientos afectados actúen ni les impongan ninguna sanción, como harían con cualquier conductor particular que bloqueara la vía pública, según denuncia Unauto, la patronal de las VTC. “Se trata de un cierre patronal, no de una huelga. Y es completamente ilegal”, asegura Eduardo Martín, presidente de Unauto.

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos, alienta la protesta de los taxistas. La delegada de Movilidad, Inés Sabanés, exigió este miércoles la segunda licencia urbana para poder restringir el paso de los VTC por la capital, e indicó que la policía municipal no tiene “ni capacidad ni competencias” para actuar en el bloqueo de La Castellana.

Las movilizaciones de los taxistas no solo afectan al tráfico. El bloqueo de la Gran Vía y de parte del paseo de Gràcia, unas calles con gran afluencia turística de Barcelona, preocupa al sector del comercio y la restauración. El sector ha registrado una caída de hasta el 30% en ventas desde que inició la huelga el pasado miércoles, especialmente desde que el viernes empezaron a acampar en el centro de la ciudad. La patronal Pimec Comerç lamentó en un comunicado la “mala imagen internacional” que está dando la capital catalana.

“Necesitamos rápidamente una solución para no deteriorar más la imagen de la ciudad y de toda Cataluña, ya que todo esto irá en detrimento del turismo y del propio sector del taxi”. La patronal pidió al Ministerio de Fomento que encuentre una solución en la Conferencia Nacional del Transporte, informa Josep Catà.