Las incógnitas que dejan las declaraciones de los tres presidentes del Popular

En 45 años, el Popular solo había tenido dos presidentes. Casi medio siglo de estabilidad. Hasta que llegó el gran lío: entre febrero y junio de 2017, cambió su cúpula en tres ocasiones: pasó de Ángel Ron (Santiago de Compostela, 1962), a Emilio Saracho (Madrid, 1955) y por fin a Rodrigo Echenique (Madrid, 1946). Los tres comparecieron hace días en el Congreso, en la Comisión de investigación de la crisis financiera, para explicar su visión de la quiebra del banco, hace ahora 13 meses. Fue la última víctima de la mala gestión de sus responsables durante la burbuja inmobiliaria. Las fuertes acusaciones cruzadas dejan numerosas incógnitas que añadirán tensión al futuro juicio que celebrará la Audiencia Nacional.

Ron acusó a Saracho de propiciar, con diferentes métodos, la caída de la acción para que el Santander se quedara con el Popular sin pagar y recibiendo 2.000 millones. Su sucesor afirmó que cuando llegó al banco, el capital era insuficiente por los ocultamientos y trampas realizadas bajo la órbita de su antecesor. Echenique denunció deficiencias en los sistemas internos de control de las cuentas del Popular e insistió en que la compra del Popular tiene riesgos por los futuros litigios a los que se enfrenta, aunque admitió que el Santander recibirá 1.000 millones del Estado en créditos fiscales por esta operación.

Estas acusaciones, contenidas en unas 13 horas de comparecencias, ponen de manifiesto el rompecabezas que fue la caída del quinto banco español y que ha afectado a 305.000 inversores que se quedaron sin su dinero. Las demandas han llegado a juzgados de Madrid, Nueva York, México y Luxemburgo.

Es la primera crisis financiera del Banco Central Europeo (BCE) como supervisor. Esta entidad ha sido la que más velos ha puesto a la investigación: entregó documentos censurados sobre la situación del Popular, limitó la capacidad de informar a uno de sus inspectores cuando acudió al Congreso y envió pen drive cifrados a la Audiencia. Por su parte, la JUR, el brazo ejecutor de la resolución, ha censurado documentos y no ha dado detalle de parte de sus actuaciones.

Se acusaron de tener intereses ocultos y hacer trampas con las cuentas

"Intentaron hacerse con un inmenso botín"

Sus declaraciones abren vías para nuevas demandas por las pérdidas en Bolsa

En esa Comisión de investigación, en el que mentir es un delito, Ron apuntó hacia los accionistas mexicanos. Capitaneados por el magnate Antonio del Valle, (que llegó al banco de la mano de Ron), en 2016 “intentaron hacerse con un inmenso botín, el Popular, a un bajo precio”. Ron sostiene que se opuso y, a partir de ahí, se desató una “batalla interna por el control del banco”, que provocó su salida en febrero de 2017 para evitar males mayores. Antes de este conflicto, Ron —que fue presidente desde 2004—, afirmó que el banco era solvente y “jamás incumplió un requerimiento legal, incluido el de la liquidez”.

Saracho llegó al Popular, en la versión de Ron, conociendo las intenciones de los accionistas mexicanos y contrató a JPMorgan, el banco de inversión del que había sido vicepresidente mundial hasta final de 2016. Saracho buscaba beneficiar a JPMorgan ya que iba a recibir un cuantioso fondo de pensiones de unos 80 millones al cumplir los 65 años. La tercera acusación contra Saracho fue sobre sus intereses ocultos y su connivencia con el Santander, al contratar al despacho Uría y Menéndez, asesor habitual de la entidad presidida por Ana Botín y donde trabaja un hijo de Rodrigo Echenique.

Ron eludió la autocrítica y quitó importancia a las tres advertencias del auditor, PwC, en 2016. Lanzó un dardo envenenado contra el presidente de la CNMV, Sebastián Albella. Recordó que felicitó al consejo del Popular por la ampliación de capital de 2016 cuando Albella trabajaba para el despacho Linklaters. Ahora la CNMV ha hecho un informe que alerta de “datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes” de las cuentas del Popular.

Saracho —108 días presidente de la entidad— negó todas las acusaciones: no trató de bajar el precio de las acciones (“en el mandato de Ron los títulos perdieron el 98% de su valor”, dijo), aseguró que no tener fondo de pensiones de JPMorgan, y afirmó que ese banco no ganó ni un euro con el Popular. También rechazó haber sido “un tapado del Santander”. Lo que sí hubo, según Saracho, fueron “trampas contables”, “ocultaciones”, “engaños” “que convirtieron el banco en una caca”. Saracho, que no ha firmado las cuentas del Popular, dijo que la única solución para el banco era que Ron se hubiera marchado dos años antes. Dijo haber realizado duras declaraciones porque no estaba dispuesto “a mentir, aunque quizá haya que mentir para ser banquero”, apuntó.

Echenique negó haber encontrado irregularidades en las cuentas y desmintió la teoría de la conspiración que sostiene que el Santander sabía que el Popular iba a ser intervenido y por eso no ofreció dinero en la oferta privada. Esta teoría se basa en que el consejo del Santander aprobó el 22 de mayo de 2017 —16 días antes de la caída del Popular—, presentar una oferta en caso de liquidación del banco en los mismos términos en los que se hizo el 6 de junio. Así pudo presentar una oferta con rapidez, en la noche en la que cayó el Popular. El Santander sostiene que esa era su hipótesis de trabajo tras analizar las cuentas en el fallido proceso privado de compra, celebrado en mayo.

En octubre pasado, Ron, Saracho y sus respectivos consejos de administración, así como a PwC, fueron imputados por falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros delitos. Después del escándalo de la crisis de Bankia, nadie esperaba que cayera otro gran banco. “Quizá por eso no se le dio otra solución. Ahora nadie quiere más riesgos para el sistema”, apunta un experto.