Los sueldos de los funcionarios podrán subir ya en agosto

El Gobierno dará las instrucciones necesarias esta semana para que los funcionarios puedan cobrar ya en agosto el aumento de sueldos del 1,5% más 0,25 puntos adicionales. De hecho, los trabajadores de la Administración central seguro que lo percibirán ya el próximo mes, según ha apuntado este lunes la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, al terminar la reunión con los sindicatos más representativos de la función pública, CC OO, CSI-F y UGT.

Sobre los empleados del resto de administraciones la ministra Batet fue menos concreta, ya que señaló que eso dependería de los gestores de cada una de ellas. Acerca los atrasos correspondientes a la demora en el incremento salarial (la subida de sueldos del 1,5% tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero), no concretó cuando se producirá el pago, pero señaló que sería cuanto antes: “Hoy mismo los secretarios de Estado de Función Pública y Presupuestos firmarán las instrucciones para hacer efectivo el pago de los atrasos de forma inmediata a los empleados públicos”.

Batet también anunció que la intención del Ejecutivo es cumplir con los compromisos firmados por el Gobierno anterior. Y añadió que pretende llevar la oferta de empleo público correspondiente a los presupuestos de este año al Consejo de Ministros del 27 de julio, en ella se incorporarán los “acuerdos de estabilización” de 2017 y 2018.

Reivindicación sindical

Por su parte, a la salida de la reunión los sindicatos se mantuvieron en sus reivindicaciones. Pepe Fernández, de CC OO, señaló que en España había unas 300.000 vacantes en la Administración de las que solo se habían cubierto 140.000.

También puso cifras el presidente de CSI-F, Miguel Borra, que reclamó una oferta extraordinaria de empleo de 4.000 plazas más otras 6.000 de promoción interna. Además, Borra pidió que se negociara la implantación de un permiso de paternidad de 20 semanas. Julio Lacuerda, de UGT, optó por exigir que se reviertan los recortes que han afectado a los empleados públicos desde 2012, “incluida la jornada máxima laboral de 35 horas”.