Pagar el alquiler es sagrado hasta en una infravivienda ilegal

Un juez de Madrid ha ordenado el desahucio de Azzdine Khnisser y le ha impuesto el pago de 4.750 euros por los alquileres impagados de una infravivienda ilegal en la Cañada Real Galiana, un gigantesco asentamiento irregular donde viven unas 8.000 personas al este de Madrid. Da igual, según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 86, que el inmueble no sea legalmente propiedad del denunciante —se trata de terrenos públicos ocupados hace décadas que están todavía en proceso de regularización—, porque la jurisprudencia establece que se debe hacer honor a un contrato de arrendamiento con independencia de la cuestión de la propiedad. Nada dice el fallo sobre las condiciones de la destartalada construcción, sin acceso al alcantarillado y conexiones ilegales a la luz y, hasta el mes pasado, al agua. 

Khnisser, marroquí de 42 años, mostraba el pasado martes ese contrato que firmó en 2005 con Francisco Bas, un acuerdo entre particulares que ni siquiera le sirvió, asegura, cuando lo presentó en el Ayuntamiento de Madrid para empadronarse —lo cual solo consiguió cuando la Policía Municipal certificó en persona su lugar de residencia—. Y, sin embargo, ese mismo papel es el que le acaba de condenar, se queja.

El hombre cuenta que llegó a España “en patera” hace casi 20 años, sin papeles, y que en seguida recaló en el asentamiento irregular por falta de alternativas. Trabaja de albañil haciendo reformas y tiene en Marruecos mujer y un hijo de un año. Asegura que pagó durante más de una década religiosamente la renta del alquiler —muestra ahora un montón de recibos cumplimentados a mano y también algún extracto bancario—, pero admite que dejó de hacerlo —el verano pasado, y no desde finales de 2016 como dice la sentencia— porque el propio casero se lo pidió, “para no tener líos” con las autoridades, asegura.

“Eso es mentira. Me dejó de pagar porque le dio la gana. Es un ladrón que quiere quedarse con mi casa”, protestaba el propio Francisco Bas, sentado en una silla de playa a la puerta del inmueble en el que vive, justo en el piso debajo del de Khnisser. A las dudas del periodista sobre la propiedad de ese inmueble —teniendo en cuenta que en esa zona de la Cañada Real, una antigua vía pecuaria de titularidad pública y no urbanizable, nadie ha podido registrar todavía nada—, Bas contesta con violencia antes de dar por concluida la conversación: “¿Qué no es mía? Y eso, ¿por qué? ¿Porque lo dices tú?”.

En cualquier caso, según el fallo firmado el pasado 20 de junio el juez Ignacio de Torres, da exactamente igual que lo sea o no, pues a la hora de cobrar el alquiler y echar al inquilino la razón judicial seguirá estando de su parte. “Los procedimientos administrativos que puedan seguirse contra el actor no afectan a su falta de legitimación, quedando acreditada su condición de arrendador mediante la aportación del correspondiente contrato”, señala el texto de la sentencia, que todavía se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

“Entiendo que el juez dice que el propio acusado ha legitimado al casero como tal en el momento en que ha firmado el contrato y le ha pagado las rentas”, interpreta Andrés Vilacova, abogado especialista en arrendamientos urbanos. Entiende, por tanto, que la decisión es jurídicamente correcta. Otro experto abogado, Miguel Crespo, coincide: "Hay que diferenciar entre el plano administrativo sobre la legalidad de la vivienda, y el plano civil sobre la legitimidad de arrendamientos urbanos", insiste, y añade que el estado de la infravivienda no tiene importancia en este procedimiento, entre otras cosas, porque el inquilino no lo incluyó entre los argumentos de su defensa.    

Otra cuestión es que la decisión del juez, vista la situación en su conjunto, pueda escandalizar a algunas de las personas que trabajan en la Cañada Real. Y a Khnisser, que dice no entender nada, que no tiene dónde ir si le echan y que desde luego carece de los 4.750 euros que se le exigen por las rentas no pagadas desde finales de 2016, sin contar las costas de las que también deberá hacerse cargo. Así que quiere negociar que le permitan pagar a plazos, poco a poco. “No quiero robar nadie. Solo quiero trabajar y quedarme en la casa”, asegura. La misma que él ha ido completando poco a poco —la pintura, la cocina, el baño…— a partir del cascarón de paredes desnudas que se encontró hace más de una década.

Una decena de inquilinos más

Alrededor del inmueble que ocupan Bas, abajo, y Khnisser, arriba, hay otras cinco infraviviendas y una nave industrial donde viven una decena de personas más, incluidas dos parejas con niños. Pese a las malas condiciones —por ejemplo, viven sobre tres pozos negros, uno delante de la puerta de una de las casas— todos le han estado pagando a Bas un alquiler de unos 250 euros, aseguran. Pero todos dejaron de hacerlo en algún momento, bien porque el propio casero se lo pidió para evitar responsabilidades legales, como defiende Khnisser, bien porque repararon en que tal vez no tenían por qué pagarle si él no es legalmente el propietario. 

Sea como sea, fuentes municipales aseguran que los inquilinos pidieron el amparo del Comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real, Pedro Navarrete, porque temían ser expulsados. Y, de hecho, las mismas fuentes aseguran que Bas llegó a pedir al Consistorio el derribo de todos los chamizos que tenía arrendados para conseguirlo. “Yo soy el primero, pero luego van los demás”, dice Khnisser en referencia a la sentencia que le obliga a dejar la casa y pagar todos los retrasos del alquiler; del resto de inquilinos, algunos tienen un contrato firmado, como él, y otros no. 

El contexto de la Cañada Real es muy complicado, pues se trata de un gigantesco entramado urbano —con chabolas, pero también viviendas bien construidas y hasta chalés de lujo—, consentido durante décadas por las administraciones a lo lo largo de casi 15 kilómetros de la antigua vía pecuaria. Y con residentes que, a pesar de haber levantado sus casas de forma ilegal ocupando terrenos públicos o adquiriendo algo que en realidad no se podía ni comprar ni vender, han ido generando en ese tiempo una serie de derechos que han complicado enormemente cualquier solución. "Muchos han estado pagando el IBI. Por eso creo que esta situación no es exactamente la misma que cuando alguien ocupa una casa dando una patada a la puerta y después la alquila", insiste el abogado Miguel Crespo.  

Un gran pacto político abrió el año pasado el camino para regularizar las viviendas que se pueda y realojar a los que vivan en el resto. Pero el proceso puede durar lustros. Mientras, la presión de las autoridades se centra en las nuevas construcciones —para evitar que siga llegando gente—, los puntos de venta de droga y los numerosos alquileres ilegales de infraviviendas, chabolas y hasta en naves industriales. En febrero pasado, por ejemplo, el Consistorio tiró abajo seis casetas de obra alquiladas como vivienda por entre 150 y 300 euros al mes. El Ayuntamiento tiene por norma, en todo caso, no derribar ninguna construcción ocupada por familias si no tienen una vivienda alternativa para ellas.