El tribunal estudia si archiva la causa de las preferentes de la CAM en base a la ‘doctrina Botín’

La Audiencia Nacional ha suspendido este miércoles el juicio contra los dos ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad y María Dolores Amorós, procesados por la presunta estafa en la venta de preferentes. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han adoptado esta decisión después de que los letrados de las acusaciones particulares, que representan a unas 1.500 personas, anunciaran su retirada durante la fase de cuestiones previas, de forma que solo se mantiene la acusación popular ejercida por Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros). La Fiscalía y las defensas han pedido que, por tanto, se aplique la doctrina Botín y se archive el caso. Los jueces deben valorar ahora esa solicitud y emitir un auto.

El Ministerio Público ha argumentado que ya "no existe una acusación legitimada" para seguir adelante con el proceso penal, en base a las sentencias del Tribunal Supremo que establecen que las acusaciones populares no pueden pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados piden el sobreseimiento de la causa. "No procede en ningún caso continuar con este juicio", ha apuntado también el abogado de López Abad. Las acusaciones particulares han expuesto que "ya no existe perjuicio, porque han sido resarcidos" —después de que el Banco Sabadell, que adquirió la CAM, ofreciese la recompra de acciones para resarcir el daño—.

Manuel Pardos, presidente de Adicae, ha expuesto este miércoles que ellos mantienen la acusación popular para defender el interés general, pero que retiran la particular —representan a unos 700 afectados—. "La doctrina Botín significa que los delitos estaban ahí, pero que no se puede juzgar porque la acusación popular no puede demostrar los daños concretos. Pero, en este caso, están muy claros los daños: a la economía y a la sociedad española. Las preferentes de la CAM fueron criminales", ha subrayado Pardos, que ha añadido: "Este miércoles, la Fiscalía ha adoptado una posición vergonzosa. No puede ser que todo el fraude de las preferentes no tenga ningún reproche penal".

Esta es la segunda causa contra López Abad y Amorós que llega a la Audiencia Nacional. El órgano judicial los condenó el pasado octubre a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables de la CAM entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la caja de ahorros en momentos de grave crisis. En este segundo procedimiento se enfrentan a penas de diez años de prisión por delito de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas.

"Los directivos de la entidad eran plenamente conscientes de la grave situación económica de la CAM, razón por la cual idearon un plan deliberado de colocación de las emisiones a la clienta minorista", según denuncia Adicae en su escrito de acusación, donde añade que la comercialización de preferentes se hizo con "ánimo de engañar".