Fraude fiscal y economía sumergida: una realidad mal conocida

Existe un consenso amplio en la academia sobre la idea de que la economía sumergida en España es superior a la media de los países de la OCDE. Y lo mismo ocurre con el fraude fiscal. Desafortunadamente, no sabemos con suficiente precisión cuánto más, cómo se distribuyen o dónde se concentran; y esto nos frena para combatir ambos problemas. No existen estimaciones ni observatorios oficiales. Sin duda, el punto de partida de un Gobierno que quiera afrontar ambas lacras debería ser la creación de una comisión ministerial de expertos independientes, similar a la que se creó en su día para resolver las dudas sobre las balanzas fiscales.

Lo que sí tenemos en España es un número relativamente grande de investigaciones desarrolladas en las últimas tres décadas, fundamentalmente en el ámbito universitario. Con mucho esfuerzo y entusiasmo, los investigadores han intentado aproximarse a realidades particularmente difíciles de abordar: por definición, los que se mueven en estos mundos son reacios a dejar huella. Sin olvidar que no existe un consenso pleno sobre la mejor metodología a aplicar.

Con todas las cauciones anteriores, los trabajos más recientes cuantifican la economía sumergida en España en una cifra ligeramente superior al 20%. En cuanto al fraude fiscal, las estimaciones son incluso más complejas y hay que tomarlas incluso con más cuidado. En particular, las que parten de las cifras de economía sumergida sitúan el límite máximo en el 5% o 6%. Un libro publicado hace unos días por la Fundación Funcas y que me tocó dirigir detalla estas cifras al hacer una suerte de “estado de la cuestión”.

Ningún país del mundo está exento de padecer problemas de fraude y economía sumergida. Es iluso pensar que podemos hacer aflorar toda la actividad económica oculta. Pero sí podemos y debemos mejorar; no hacerlo peor que Francia, Alemania o Reino Unido, por ejemplo.

Los tipos impositivos son hoy en España similares a nuestro entorno. La recaudación no, por dos motivos fundamentales: el fraude y la extensión de beneficios fiscales de todo tipo. Sin duda, necesitamos una reforma a fondo de nuestro sistema fiscal que lo haga más justo, eficiente y capaz de obtener los recursos suficientes para financiar la cartera de servicios públicos que desean los españoles, sin padecer un preocupante déficit estructural como el que hoy tenemos. El punto de partida para esa reforma debería ser el informe de la Comisión de expertos entregado en 2014, con todas las actualizaciones y matizaciones que sean precisas. En este caso, el siguiente paso sería ponerse de acuerdo en el Parlamento sobre un nuevo sistema fiscal que le valga a los diferentes partidos. Una buena estructura común con flexibilidad para poder recaudar cantidades diferentes en función de las preferencias políticas del Gobierno de turno y los partidos que le dan respaldo.

Desafortunadamente, en lo que atañe a la economía sumergida y el fraude estamos en un estadio anterior. Tomémoslo en serio. Sepamos a qué nos enfrentamos y luego actuemos.

Santiago Lago Peñas es director de GEN, grupo de investigación de la Universidad de Vigo