Sindicatos y empresarios abren la puerta al fin de los ajustes salariales

Cuatro años después de que comenzara la recuperación y se cree empleo, los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, y las patronales, CEOE y Cepyme, han llegado a un preacuerdo que da la señal de que ha llegado la hora de que los salarios también pueden beneficiarse de la bonanza. Ese pacto contiene la posibilidad de que el incremento de sueldos llegue al “entorno” del 3% (dos puntos más otro condicionado a varios criterios), es el aumento más alto firmado en la crisis del acuerdo estatal de negociación colectiva. El preacuerdo al que llegaron los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, tiene que ratificarse ahora en el seno de las propias organizaciones.

Una de las primeras víctimas de la crisis fue el pacto guía —lo que se acuerda no son cláusulas obligatorias sino recomendaciones para los negociadores de convenios— de salarios que hasta entonces se renovaba anualmente. Costó mucho reeditar algo parecido. Llegó en 2010, cuando se firmó el primer Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC). Esta primera edición se renovó en 2012 (sin haber acabado todavía por la recaída en la recesión) y en 2015. En estas ocasiones el criterio que se seguía era el de la moderación salarial o, directamente, la devaluación.

El nuevo pacto, de partida, no supone una ganancia de poder adquisitivo grande. En su franja básica, el “en torno” del 2%, supondría medio punto si la inflación a final de año se situara en el 1,5% previsto en la media de servicios de estudios que elabora Funcas. Además, será difícil trasladar ese incremento máximo del 3% a los convenios cuando el desempleo está en el 16,7% y la posición negociadora de los representantes de los trabajadores es más débil tras la reforma laboral de 2012.

Con este escenario de fondo, por tanto, el incremento medio actual del 1,56% pactado en los convenios hasta ahora tardará en llegar a ese punto de arranque del 2%. Dicho de otra forma, será difícil que los sueldos pactados en convenio —unos 10,5 millones— empiecen ya a ganar poder adquisitivo significativamente y más si se tiene en cuenta la cláusula pactada para ello no es muy concreta.

En cambio, donde sí que se va a producir un avance claro es en los sueldos más bajos. Estas retribuciones han sido las que más han sufrido con la crisis. Todas las estadísticas apuntan que la devolución salarial se ha cebado especialmente en los salarios de la mano de obra de peor cualificación y menos retribuida, especialmente entre quienes perdían su empleo y volvían a encontrar uno y entre los jóvenes que entraban en el mercado laboral estos años.

1.000 euros al mes para los sueldos más bajos

Que el pacto, pediente de ratificación, fije que en 2020 el suelo de esas retribuciones sea de 1.000 euros mensuales en 14 pagas (con dos extraordinarias) beneficia especialmente a estos colectivos. Según cálculos del gabinete económico CC OO, esta medida podría llegar a afectar a más de dos millones de empleados con un trabajo a jornada completa.

En esta negociación, para los sindicatos este punto siempre ha sido clave. Durante los meses que han durado las conversaciones han estado dispuestos a rebajar sus reivindicaciones iniciales de subida salarial (3,1% más un porcentaje adicional por productividad). Sin embargo, han mantenido firmes la exigencia de que esos 1.000 euros fueran el suelo de las tablas salariales de los convenios.

El preacuerdo también contempla una medida para evitar que los convenios decaigan cuando se agote su vigencia y el año de prórroga que contempla la norma. No obstante, esto solo se cumplirá cuando las partes estén negociando.

Una de las novedades de este acuerdo es un anexo que enuncia temas que los agentes sociales quieren negociar con el Ejecutivo. Varios suponen retoques en el Estatuto de los Trabajadores, como la propuesta de cambiar el artículo que regula las subcontrataciones para asegurar que no hay “competencia desleal” o “deterioro de condiciones de empleo”. También se propone el desarrollo de ayudas que faciliten las reducciones temporales de plantilla o jornada y no los despidos en los ajustes de costes laborales o la recuperación del contrato de relevo para rejuvenecer plantillas.

Este punto supone una enmienda a una de las medidas de la reforma de pensiones de 2011, que endureció el acceso a los contratos de relevos y a la jubilación parcial que llevan aparejada, por el coste que suponía en bonificaciones. También hay una enmienda seria a una de las leyes estrella del Ejecutivo de Rajoy, la exigencia de cambiar completamente el modelo de formación que se aprobó en la ley de 2015. La patronal cargó contra ella desde el primer momento, y ha sido una de sus exigencias en este pacto.