Fijada una fianza de 348 millones a Pescanova por el presunto maquillaje de sus cuentas

José de la Mata, magistrado del Juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Pescanova y su antigua cúpula directiva por ocho delitos: falseamiento de cuentas, blanqueo de capitales y uso de información privilegiada, entre otros. El magistrado sienta así en el banquillo a 19 personas físicas —incluido el expresidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa— y 12 jurídicas. Pero, además, también fija en su escrito una fianza provisional de 348,2 millones de euros que deberá abonar la empresa en el que caso de que tenga que responder a las multas solicitadas por las acusaciones.

"Así como otras fianzas por importe de 602,9 millones conjuntamente o subsidiariamente con otros acusados", añade Pescanova en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En esa nota, también anuncia que recurrirá el auto porque la "eventual ejecución en el patrimonio de la sociedad por estos importes podría provocar una situación de insolvencia temporal de Pescanova". "Con gravísimo e injustificado perjuicio de nuestros 9.000 accionistas, quienes perderían de esta manera todo el patrimonio invertido en el capital de nuestra sociedad", apostilla la compañía; que asegura que Nueva Pescanova, la empresa surgida tras la crisis, debe hacerse cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria.

Según concluyó De la Mata en su instrucción, Pescanova maquilló sus cuentas entre 2009 y 2012 para engañar a las autoridades, a los accionistas, a quienes acudieron a la ampliación de capital de 2012 y a los bancos que les dieron más financiación. La empresa atravesaba una situación de insolvencia y sus directivos, que se enfrentan a penas de casi 30 años de prisión, decidieron presuntamente alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado, mediante determinadas prácticas contables irregulares, con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales irregulares no quedaran registradas en su contabilidad, ni afloraran en sus cuentas anuales ni en los informes y documentos que venían obligados a presentar ante la CNMV.

Las acusaciones piden para el expresidente de Pescanova una pena de 28 años de cárcel y una multa superior a los 22 millones euros; para su hijo Pablo Javier Fernández Andrade, 13 años y seis meses y una multa de 504.000 euros; y para el ex consejero delegado, Alfonso Paz Andrade, 12 años y medio y una multa de más de 5 millones de euros.