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El Pacto de Toledo ultima un acuerdo para actualizar las pensiones con el IPC

Persisten las discrepancias sobre si las prestaciones más altas deben subir menos en épocas de crisis

El cambio de Gobierno no aleja la posibilidad de un acuerdo en el Pacto de Toledo sobre las pensiones. La distancia entre todos los grupos políticos se va acortando, incluso en la primera reunión tras la moción de censura. Este martes ha quedó claro que los grupos coinciden en que, como norma general, las pensiones subir con el IPC todos los años , y no solo de forma excepcional como la incluida en los Presupuestos. Pero aún hay escollos por salvar: ¿además de la evolución de los precios hay que incluir otros elementos, aunque con menos peso (salarios, cotizaciones)?; ¿en las crisis las prestaciones más altas deben subir menos? Las respuestas no son unánimes y no parece fácil que vayan a serlo; aunque por si finalmente no lo fueran se busca una redacción para la semana que viene que de cabida a los descuerdos.

Los miembros de la comisión del Pacto de Toledo antes de comenzar la reunión de este martes. En vídeo, declaraciones de los portavoces de los partidos políticos.

La recomendación segunda del Pacto de Toledo, la que atañe al mantenimiento del poder de compra de los pensionistas, sigue centrando la atención de la subcomisión parlamentaria que trata sobre las reformas de las pensiones. Después de la llegada a La Moncloa del presidente Pedro Sánchez,  este martes se celebró la primera reunión. Y fue frutífera. Se despejó definitivamente el camino para volver al IPC para actualizar cada año las pensiones. Todos los grupos políticos coincidieron en esto a la salida.

El Partido Popular, pese a perder el poder, no dejó el camino emprendido a finales de abril cuando ya dio a entender que renunciaba al índice de revalorización anual de la reforma de 2013, que ha determinado incrementos del 0,25% desde 2014. Su portavoz en la cita, José María Barrios, fue muy claro al respecto: “El cambio de Gobierno no cambia nuestra posición”. Y así lo reconoció la representante del PSOE, Mercè Perea: “El PP ha estado muy colaborador, por el consenso”.

Este clima hizo posible el paso dado para “establecer un mecanismo anual de revalorización de las pensiones que tenga como cometido básico garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas” teniendo “en cuenta de manera medular la evolución del IPC”, según reza el tercer borrador de esa segunda recomendación.

Hasta aquí el acuerdo, lo que ya es mucho, pero lo que sigue a continuación todavía genera discrepancias importantes. Ese borrador habla de que el nuevo mecanismo incluya, “dentro del diálogo social”, otras variables como la evolución del PIB, los salarios o las cotizaciones. Esa redacción le vale al PP, a Ciudadanos, al PNV y al PDECat. Al PSOE no le convence y a Unidos Podemos solo si “es en positivo”, explica Aïna Vidal. Es decir, si las prestaciones siempre suben al menos el IPC y en las buenas épocas esos criterios sirven para que las pensiones suban más que los precios.

Las diferencias crecen más cuando se aborda si el criterio general del IPC debe mantenerse en las épocas de crisis. El PSOE, Podemos, ERC y Compromís defienden que sí y que, además, no debe hacerse distinción algunas entre las pensiones bajas y las altas. “Es enfrentar pensionistas”, defendió la socialista Perea a la salida de la reunió.

Más flexibles son Íñigo Barandiaran, del PNV, y Carles Campuzano, del PDECat, que creen que al introducir otros elementos en el cálculo se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas a lo largo del ciclo económico y no año a año. El PP también pide que haya distinciones: “Decir IPC llueva o no llueva es engañar a la gente”. Para defender esta posición, Barrios apuntó a la congelación de pensiones de 2011 que hizo el PSOE. En línea con este último grupo está también Ciudadanos.

Fijadas las posiciones, los grupos encargaron al letrado de la cámara que les asiste que redactara un cuarto borrador de la segunda recomendación para la reunión del próximo martes. La petición de los parlamentarios es que sea inclusivo para que todos se vean reflejados en él. No obstante, Barandiaran y otros diputados apuntaban que la redacción también puede reflejar los desacuerdos. Al fin y al cabo, el papel del Pacto de Toledo es redactar recomendaciones que luego se desarollan en el diálogo social y, posteriormente, en un texto legal.