Competencia vuelve a la guerra contra el Gobierno por las licencias de las VTC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue en guerra abierta contra el Gobierno propósito de las limitaciones que el Ministerio de Fomento quiere imponer a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), de empresas como Uber y Cabify. Competencia ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto-ley de 29 de diciembre de 2017, por los dos preceptos que prohíben el comercio de licencias VTC durante dos años y obliga a que sus conductores comuniquen a un registro telemático sus viajes antes de realizarlos.

El recurso, admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se produce después de que el organismo que preside José María Marín requiriera al Consejo de Ministros el pasado 13 de febrero que derogara estas restricciones, y avisara de que en caso de no hacerlo impugnaría de nuevo esta norma ante el Tribunal Supremo, según ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El organismo regulador ya recurrió ante el Alto tribunal la legalidad de otros tres preceptos de la norma sobre VTC, pero en este caso las recogidas en el real decreto-ley de 2015. En concreto, se impugnó la limitación impuesta a las licencias de VTC por otorgar una autorización a estas empresas por cada treinta del taxi; la norma que obliga que el 80 % de los trayectos de un VTC se realicen dentro de la comunidad autónoma de origen, y la obligatoriedad para las empresas de VTC de poseer al menos siete autorizaciones para conformar una flota mínima y vehículos de más de 12 caballos fiscales con una longitud mínima de 4,70 metros.

Tira y afloja con Fomento

La Sala Tercera del Alto Tribunal ya celebró el juicio y dejó el recurso visto para sentencia el pasado 17 de abril. Pero en el tira y afloja que mantienen la CNMC y el Ejecutivo, el Ministerio de Fomento movió ficha y cuatro días después, aprobaba otro decreto-ley que elevaba a rango de ley el topo del 1-30 que figura en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT).

De esta forma, el departamento que dirige Íñigo de la Serna trata de proteger a los taxistas ante un hipotético fallo desfavorable del Tribunal Supremo, ya que si una sentencia tumbara el apartado 3 del artículo 181 del reglamento, que contenía el tope de licencias introducido en 2015, no tendría ya efectos prácticos al haber sido derogado ese punto del reglamento para pasarlo a la ley a través del decreto aprobado el 21 de abril. El Congreso elevó el pasado 10 de mayo a rango de ley esas limitaciones a los VTC incluidas en el real decreto de 2015,

La CNMC vuelve ahora a tensar la cuerda con el nuevo recurso ante el Supremo al estimar que las restricciones a las VTC no están "justificadas" y que, además, suponen "numerosas restricciones a la competencia que perjudican a consumidores y usuarios".