¿Es buena idea subsidiar los salarios?

La respuesta inmediata a la pregunta que da título a este artículo es que sería considerablemente mejor elevar los salarios. Las devaluaciones salariales y el intenso proceso de precarización de las condiciones laborales resultantes de la crisis han dado lugar al aumento de la desigualdad, dificultan la mejora de la productividad laboral, limitan la adecuación de las pensiones a las necesidades de los hogares e incluso pueden propiciar la inestabilidad del sistema político, ante la desafección que produce el dispar comportamiento de las rentas del trabajo y las del capital.

En lugar de animar el crecimiento de las remuneraciones, algunos países han optado por lo que en terminología anglosajona se denomina in-work benefits (IWB) o complementos salariales. Mediante el pago de prestaciones por hora trabajada, estos instrumentos tratan de combinar el aumento de los ingresos con una mayor participación laboral de los trabajadores con rentas más bajas. Muy desarrollados en el ámbito anglosajón, apenas han tenido aplicación en España. Una excepción reciente, aunque inadvertida por la escasez de recursos asignados, es una de las medidas pactadas por Ciudadanos y el Partido Popular para la aprobación de los Presupuestos de 2018, que consiste en un complemento salarial de 430 euros para jóvenes con un contrato con cargo a la Garantía Juvenil europea.

En términos generales, los complementos salariales son prestaciones que se conceden a individuos que trabajan y que reciben ingresos salariales que pueden considerarse bajos o insuficientes. El objetivo es intentar evitar la trampa de la pobreza, generar incentivos para la incorporación al mercado laboral y reducir la pobreza de los trabajadores con remuneraciones más bajas. Según los últimos datos de Eurostat, esta situación afectaría a algo más de un 9% de los trabajadores de la Unión Europea, mientras que en España el porcentaje de personas ocupadas con ingresos inferiores al umbral de pobreza supera el 13%.

Los IWB se presentan en muchos casos como una deducción en la cuota del impuesto sobre la renta por su mayor facilidad de gestión. Aunque existen varios trabajos al respecto, no está claro cuál debe ser su diseño óptimo. Una fórmula que parece haber funcionado bien en algunos países es la siguiente: en una primera fase la persona beneficiaria recibe un porcentaje de la deducción máxima, en una segunda fase se recibe la prestación completa y en una tercera se aplica progresivamente un porcentaje de descuento hasta que se elimina la prestación al haber conseguido una renta suficiente.

Aunque estos instrumentos parecen haber contribuido a reducir la desigualdad y a elevar las rentas de las personas beneficiarias en los países donde más se han desarrollado, presentan también algunos problemas. Podrían crear desincentivos entre algunos trabajadores, como los que tienen salarios ligeramente superiores al nivel fijado para percibir el complemento, y, sobre todo, podrían tener el efecto contrario al deseado si son utilizados por los empleadores para reducir los costes salariales. Además, sistemas excesivamente generales en su aplicación podrían ser poco eficaces.

Los estudios que han evaluado las respuestas individuales ante estos instrumentos muestran cierto consenso en que, en países como Estados Unidos o Reino Unido, con características de sus mercados de trabajo no directamente extrapolables al caso español, los IWB favorecen el tránsito desde la inactividad a la ocupación, pero no parecen generar aumentos de las horas trabajadas entre los que ya estaban empleados. Algunos estudios también ponen de manifiesto posibles desincentivos en la participación laboral de los segundos perceptores de rentas en el hogar. Las evaluaciones realizadas, sin embargo, suelen obviar cómo se combina el desarrollo de los IWB con otros programas. Los citados efectos redistributivos positivos dependen en gran medida de que a la vez se extiendan las prestaciones de garantía de ingresos, los programas de inserción sociolaboral y de que aumenten los salarios mínimos.

Algunas simulaciones que se han hecho sobre su posible introducción en España muestran tanto el potencial que pueden tener los IWB para moderar la incidencia del problema de la pobreza en los trabajadores con salarios bajos como las condiciones necesarias para que ese impacto sea positivo. Una posible propuesta, por ejemplo, sería transformar la actual deducción por maternidad de 100 euros que lleva vigente desde el año 2003, de la que se benefician las mujeres con hijos pequeños que trabajan y cotizan a la Seguridad Social, por un IWB destinado a aquellas con menores salarios. La simulación de esta reforma muestra que los posibles efectos sobre la incorporación al empleo y los ingresos de las mujeres que actualmente no trabajan serían positivos, aunque aumentaría el empleo a tiempo parcial en las que trabajaban a tiempo completo. Sin embargo, para que esas ganancias de eficiencia y equidad fueran posibles, tendría que darse un aumento muy importante de la contratación por parte de los empleadores. Sin cambios desde el lado de la demanda, esos efectos redistributivos apenas se producirían.

Puede decirse, en síntesis, que en un país donde los salarios medios y las prestaciones familiares están muy por debajo de la media europea podría ser positiva una política de estas características. Esos efectos favorables dependerán, sin embargo, de la implementación de medidas mucho más amplias. Plantear un complemento salarial como única estrategia de mejora, tanto de las remuneraciones como de la protección social, podría no sólo no reducir sustancialmente el problema de la desigualdad y de los bajos salarios, sino producir el efecto contrario.

Luis Ayala es catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.