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EDITORIAL

Encrucijada turca

Los esfuerzos del capital público son loables pero insuficientes para contrarrestar las reticencias de los agentes económicos

Turquía, país candidato a integrarse en la UE, presenta un retrato complicado o, para los más pesimistas, enmarañado. Es uno de los pocos países que se han atrevido a aplicar una política económica anticíclica (programas de inversiones a través de fondos públicos), el crecimiento se ha basado en la inversión y en el consumo, la deuda privada es alta y la pública baja. Sin embargo, las tasas de crecimiento hasta 2016 han sufrido un freno importante por factores políticos de primer orden, desde la inestabilidad derivada de las convulsiones políticas internas hasta la participación en conflictos bélicos y los ataques esporádicos del terrorismo. Los avances estadísticos indican que el crecimiento se ha disparado en 2017, pero sería prudente esperar a las confirmaciones. Es una economía con voluntad de crecimiento, con impulso de dinero público y margen de acción del Estado; pero aparece marcada por el estigma político que se traslada al ámbito institucional.

El trazo más marcado del retrato nos conduce a una economía privada que tiene dificultades de expansión por factores monetarios y, sobre todo, políticos. Así lo demuestra la extrema lentitud con que se reduce la tasa de desempleo (11,5% en 2017). Turquía está en una fase de desarrollo en la que la estabilidad política es crucial; si no se tiene, es casi imposible atraer inversiones. Si acaso, fluirá el hot money. Indicadores recientes, no obstante, muestran que vuelve a afluir la inversión, quizá porque las convulsiones de 2016 se han alejado en el tiempo. Pero existe un factor más difícil de disipar: la pertinacia del Gobierno turco en sumarse a conflictos guerreros que consumen demasiados recursos del país. Turquía está hoy en las fronteras de una zona inestable en extremo, y eso es un factor desincentivador para los mercados de servicios. Por ejemplo, para el turismo. En 2016 los ingresos por turismo cayeron el 30%; una parte de los que Turquía perdió fueron a parar a España.

Así, los puntos débiles de la economía turca quedan claros si se tiene en cuenta que la agricultura del país (el 8,5% del PIB) es poco rentable y que el sector industrial y el turístico están afectados por la inseguridad política y bélica. La receta más adecuada sería entonces un periodo largo de estabilidad, al menos de un trienio, para que la calma atraiga de nuevo a los capitales que necesita el sector privado. Los esfuerzos del capital público son loables pero insuficientes para contrarrestar las reticencias de los agentes económicos. Esa estabilidad implica mantener la seguridad jurídica para los negocios y las inversiones. Como sucede en otros países en la fase de desarrollo de Turquía, la seguridad jurídica es un criterio que no puede sustituirse con otras ventajas o prebendas para la inversión.

En definitiva, el precipitado político-económico turco se resume en una cuestión esencial: ¿está el Gobierno de Erdogan en condiciones de garantizar la estabilidad política y la seguridad jurídica en condiciones democráticas aceptables para el exterior y para el interior? La cuestión no puede resolverse de forma tajante. En términos económicos suele resolverse de forma pragmática, por el procedimiento de las pruebas sistemáticas. Los inversores toman decisiones y comprueban resultados. La economía turca parece estar en esta fase concreta, cargada además como está por las sospechas sobre la calidad de su democracia. Necesita salir de la periferia para instalarse en la media exigible en Europa y para ello lo que sucede este año y el próximo resultará decisivo.