Bruselas da un últimatum a España para que facilite la reclamación de indemnizaciones

Bruselas da dos meses a España para que cambie una ley que dificulta la reclamación de indemnizaciones al Estado cuando este incumple el derecho europeo. Las autoridades comunitarias acusan a España de entorpecer las reclamaciones de ciudadanos y empresas de cualquier violación de las normas europeas por parte del Estado, motivo por el que ya abrió expediente a España el pasado mes de junio. Ahora, ante la inacción de España, vuelve sobre la cuestión con una advertencia: si España no actúa en ese plazo, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y puede exigir sanciones.

En el centro de la polémica está la ley de Régimen del Sector Público, aprobada en 2015, poco después de que la justicia europea dictaminara como ilegal el llamado céntimo sanitario, un impuesto a los hidrocarburos con el que algunas comunidades autónomas buscaron financiación extra para sus servicios de salud. La Comisión cree que esa ley limita las posibilidades de empresas y ciudadanos de recurrir, y su promulgación ha sido interpretada como un blindaje ante la oleada de devoluciones a las que condenaba a España la sentencia europea contra el céntimo sanitario.

El dictamen exponía a España a la devolución de unos 3.000 millones de euros por haber cargado a los combustibles un tributo ilegal entre 2002 y 2010. Pese a los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy de dejar sin efecto la retroactividad de la devolución, la justicia europea estimó entonces que había existido mala fe al mantener el impuesto durante tantos años, y determinó que la enorme cuantía de la devolución no era argumento para limitar su retroactividad y dejar así indefensos a los posibles afectados. Tres años después de la sentencia europea sobre el caso, el Gobierno sigue lidiando con las reclamaciones de los transportistas, si bien hasta este pasado diciembre, Hacienda solo había tramitado expedientes por importe de 38,85 millones de euros.

En su escrito de este jueves, el Ejecutivo comunitario es tajante: "Las disposiciones nacionales en cuestión hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión negativa en la efectividad del Derecho de la UE". Esto es, las actuales leyes eximen a España de asumir como debe su responsabilidad cuando viola las normas europeas, lo cual hace que la legislación comunitaria pierda efectividad en su cometido final de proteger los derechos de empresas o ciudadanos.

Ante la falta de soluciones por parte del Gobierno español, el procedimiento de infracción ha entrado en su segunda etapa, el dictamen motivado. En su comunicado, la Comisión critica también que España ha establecido condiciones más duras para reclamar cuando el Estado infringe la legislación europea que cuando se trata de una infracción de la legislación española.