La crisis en la que (casi) nadie falló

Tres vicepresidentes de Gobierno, tres gobernadores del Banco de España, tres presidentes de la CNMV y otros altos cargos, como el presidente de Asociación Española de Banca, ya han pasado por la Comisión de investigación sobre la crisis financiera. A lo largo de las 11 primeras sesiones celebradas —aún le quedan meses de trabajo—y con casi un centenar de horas de declaraciones, se han oído todo tipo de razones para justificar y explicar la hecatombe que ha roto la estabilidad social al disparar la desigualdad y la pobreza, y que elevado la deuda pública hasta casi el 100% del PIB desde el 36% que estaba en 2004. La factura final directa está por determinar, pero nadie espera que baje de los 50.000 millones.

La mayor parte de los altos cargos ha coincidido en que nadie anticipó la segunda recesión de 2011, fue una crisis de toda la zona euro, no tenían normas para actuar sobre las cajas de ahorros, el Gobierno no quiso inyectar más dinero en la banca creyendo que así protegía al contribuyente (aunque el remedio fue más caro) o que cumplieron la ley (aunque no pudieran frenar el desastre). La autocrítica casi ha brillado por su ausencia, quizá porque la crisis es demasiado grave y nadie quiere aceptar ni la más mínima responsabilidad en este entierro.

Lo que sí ha quedado claro, como han declarado varios portavoces, es que fallaron los supervisores (aunque los primeros responsables fueron los gestores de las entidades) y que un punto clave será reforzarlos, tanto al Banco de España como a la CNMV, con independencia política, autonomía de gestión y una nueva arquitectura de competencias, si se quiere evitar otro desastre.

Dos asumen errores

Solo dos protagonistas han destacado por asumir errores: Pedro Solbes, exvicepresidente del Gobierno socialista entre abril de 2004 y abril de 2009, y Luis Linde, gobernador del Banco de España desde junio de 2012. La actitud de Solbes ha sido elogiada por todos los partidos. Explicó que con la información que tenía en aquel momento, y los condicionantes políticos de estar en un Gobierno en minoría —en la segunda legislatura—, actuó convencido de que era lo mejor. “Asumo la culpa que tengo en la crisis; fui responsable de coger un tren que se aceleraba y se me aceleró más, creíamos que teníamos más tiempo para desacelerar, pero nos quedamos sin vía. No pudimos hacer un ajuste más suave. Sí, he sido responsable y debí ser más valiente en fomentar el superávit presupuestario”.

Admitió que mantuvo discrepancias con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y explicó que la gota que colmó el vaso y le convenció de que tenía que dejar el Gobierno fue la negativa a una reforma laboral y otra de las pensiones. Al final, Europa forzó las dos. “Debimos ser más valientes y haber contenido el gasto público”. Al dejar el cargo en 2009, Solbes fue criticado por marcharse en plena crisis para ocupar un puesto en el consejo de la italiana Enel y en el de Barclays. Ya no ocupa ningún consejo.

El actual gobernador, Luis Linde, desde la libertad del que no estuvo a los mandos cuando se derrumbó el sistema, afirmó en julio pasado que no “se tomaron las medidas adecuadas para frenar un crecimiento insostenible” de los créditos, sobre todo los inmobiliarios. También comentó que las fusiones frías de las cajas, que no eran realmente fusiones, “no resolvieron los problemas de solvencia y gobernanza”. Añadió que no se previó la dureza de la burbuja porque se pensó que la economía crecería en 2011.

A partir de aquí, el reconocimiento de errores decae. José Viñals, subgobernador entre 2006 y 2009 y que, al igual que Solbes, se marchó en pleno incendio del sistema, en este caso para ocupar un puesto en el FMI, admitió que “podían haberse hecho mejor algunas cosas en la supervisión”, y reconoció que hubo “errores de previsión”.

Caruana, con el que empezó todo

Las miradas estaban puestas en Jaime Caruana, gobernador entre 2000 y 2006, cuando se fraguó la crisis con un calentamiento del precio de la vivienda y, sobre todo, con un crecimiento desbocado del crédito bancario apoyado en el nuevo euro de los inversores alemanes y franceses, a los que hubo que devolver su dinero al estallar la burbuja con cargo al Estado. Con un discurso contrario a Linde, Caruana sostuvo que el supervisor no tenía herramientas para atajar los excesos bancarios y que, entonces, cumplían los niveles de capital y provisiones reforzadas por las normas anti crisis creadas en España. Sin embargo, el que después fuera alto cargo del FMI y luego del Banco Internacional de Pagos, mantuvo que llegó “una crisis global sin precedentes unida a otra del euro, imposibles de predecir” y que rebasaron las defensas.

También recordó Caruana que los primeros responsables de la crisis de una entidad “son sus gestores por delante de cualquier supervisor. El Banco de España no concede los créditos”.

Su sucesor, Miguel Fernández Ordóñez, al mando en el Banco de España entre 2006 y 2012, periodo en el que se derrumbaron 30 de las 45 cajas de ahorros y Bankia estuvo a punto de quebrar, echó balones fuera. Al Gobierno del PSOE, partido en el que Ordóñez militó hasta 2000, le acusó “de utilizar la menor cantidad posible de recursos públicos para reestructurar la banca, lo que multiplicó los problemas y dilató el proceso”. Sin citarlo, culpó al ministro de Economía, Luis de Guindos, de provocar problemas al generar desconfianza, y afirmó que existe “un riesgo muy alto de que se repitan crisis”. “Disiento de las opiniones que dicen que se actuó con tibieza”, despejó el que fuera número dos de Ordóñez, Javier Ariztegui, que achacó la crisis al modelo de crecimiento de España y defendió que el organismo hizo un esfuerzo notable, aunque “no fue suficiente”, admitió

Por la Comisión han pasado también los tres presidentes de la CNMV desde que se inició la crisis: Julio Segura, Elvira Rodríguez y el actual, Sebastián Albella. Segura, el que autorizó la salida de Bankia, comentó que “forzó” las leyes para proteger a los inversores bajando el precio de las acciones del banco. Rodríguez ratificó este criterio y los dos, junto con Albella, reclamaron una nueva arquitectura supervisora: un organismo que controle la solvencia de bancos, mercados y aseguradoras —el Banco de España—, y otro, la CNMV, el comportamiento de estas entidades ante los usuarios. Segura recordó que el FMI en 2017 dijo que “la coordinación entre los supervisores en España es deficiente”. Fernando Restoy, vicepresidente de la CNMV (2008-2012) y subgobernador (2012-2016), pidió corregir la falta de independencia “de algunos supervisores sectoriales”.

Elena Salgado, vicepresidenta entre 2009 y 2011, defendió su gestión enfocada a “salvar a España del rescate” y recordó que no contó con el apoyo del BCE para la compra de deuda. Entre los más negacionistas destacó Rodrigo Rato, exvicepresidente y ministro de Economía (1996-2004), director gerente del FMI (2004-2007), y presidente de Caja Madrid-Bankia (2010-2012). Pese a haber estado en primera línea en 14 años clave, Rato no asumió ninguna responsabilidad. Con tres procesos judiciales pendientes y condenado por apropiación indebida, mantuvo un tono altivo y desafiante con los portavoces, y responsabilizó al Ministro de Economía de hundir Bankia (y la economía) por las provisiones que exigió al banco. Rato no habló de los 37.000 millones brutos en créditos y activos tóxicos de Bankia que se traspasaron al banco malo en 2012, pese a lo cuál la entidad mantuvo un 11% de morosidad. Las provisiones que necesitó Bankia, por su morosidad, hicieron visible a los ojos de todos lo mal que estaba. Eso hundió el banco, pero de eso no habló Rato. “Es el mercado, amigo”, señaló. Rato se unió al discurso mayoritario: no falló en esta crisis.