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Destruyamos los contratos temporales

El fraude es encadenar falsos compromisos de corto plazo: degrada la seguridad, la formación y la dignidad

Dos camareros en un puesto del Mercado de San Miguel, en Madrid.
Dos camareros en un puesto del Mercado de San Miguel, en Madrid.

Felicidades, españoles, sois capaces de lo más sublime, crear más empleo, generar más afiliación a la Seguridad Social y reducir más el paro que nunca, siempre en un entorno complicado. Y al mismo tiempo, de lo más miserable, que los nuevos puestos sean de la peor calidad posible.

La economía española lleva ya un trienio colmado —desde primavera de 2014— generando puestos de trabajo netos. Desde el principio lo celebramos, sin regateos. Y organismos internacionales como la OCDE, la Comisión o el FMI critican sin remilgos la pésima calidad (escasa duración, nula seguridad, bajos salarios) de esos nuevos empleos.

Así que al cabo volvemos a la esquizofrénica casilla de salida: más empleo, hurra; peores empleos, horror. Ahora que esto sucede en grado máximo, centrémonos en cómo sortear el horror del empleo basura mientras mantenemos la creación de empleo.

¿Cómo? Hay que destruir los contratos temporales. La pinza de la precariedad tiene dos palas. Una es la racanería de los nuevos contratos y salarios: los jóvenes que entraron a trabajar en 2015 lo hicieron con sueldos inferiores en un 14,4% a sus antecesores (Funcas); desde 2010, el conjunto de los salarios apenas ha subido un 1,4% (Encuesta estadística salarial, junio 2017).

La otra es la exacerbación de la temporalidad. Hasta el punto de que el grueso de los contratos temporales que se firman en España son un fraude masivo para evitar la fijeza de los contratos estables: el grueso de los temporales son falsos contratos fijos encadenados, así estructurados para evitar su eventual mayor coste, y del despido.

¿Fraude? Ante los ojos de todos. No se entiende si no que cada año se firmen más de veinte millones de contratos (y concluyan otros tantos) y que más de un 25% sea hoy de tipo temporalísimo, de menos de una semana (10 puntos más que hace 10 años).

España es farolillo rojo de Europa —va bien un poco de humildad en días de cifras tan mayestáticas— según el baremo de conversión del empleo temporal en fijo: menos de diez trabajadores sobre cien lograron fijeza en 2016, frente a casi 24 la media de los europeos, y más de la mitad de los letones y de los rumanos.

Es cierto que este abuso favorece la productividad a corto plazo (menor coste por unidad de trabajo), e incluso puede incentivar una segunda oportunidad laboral.

Pero genera inseguridad económica, inhibe la inversión en formación, deprime los salarios (y pues, en cadena, el consumo, la demanda, el PIB), y devasta los baremos de derechos y dignidad del mundo del trabajo.

La pinza de la precariedad desborda el ámbito laboral y se proyecta en desigualdad social creciente. Por eso España figura a la cola de la disparidad social en la UE (Informe sobre empleo, de noviembre). Y los organismos mundiales aconsejan afrontarla con más política social, formación profesional, políticas activas de empleo.

Nada que objetar. Pero la primera medida debe ser acabar con los falsos contratos temporales. Son la génesis del problema.