Días contados para los morosos

Os Blancos es un pequeño pueblo de Ourense que tiene el deshonor de ser el que peor paga de España. El Ayuntamiento, sumido en la bancarrota, dilata el abono de facturas a sus proveedores 1.232 días (tres años y medio). Ninguna empresa sana, por muy robusta que sea, aguantaría semejantes complicaciones si el ejemplo cundiese. Pero muchas sucumben con menos. En España el plazo legal máximo para abonar una factura en el sector privado es de 60 días (la mitad en el sector público), pero la media está en 81. La ley al respecto, de 2004, no contempla sanciones, y la primera sentencia que dictó el Supremo sobre el particular es de diciembre del año pasado.

“Es el gran drama, una de cada tres empresas que ha cerrado lo ha hecho directa o indirectamente por esta causa. La morosidad te lleva a pedir créditos para financiar tu circulante, y los más pequeños no tienen esa capacidad”, razona Antoni Cañete, presidente de PMcM, la plataforma que lucha contra los impagos. Pone un ejemplo muy ilustrativo: una empresa española necesita adelantar la mitad del dinero de sus facturas frente, por ejemplo, a las empresas francesas, país donde el abono se realiza de media en 41 días.

En España se paga a 81 días a pesar de que la ley prohíbe demoras superiores a 60

El Banco de España resume en su estadística el crédito moroso de las empresas con la banca para financiar actividades productivas ascendía a 68.585 millones de euros en el segundo trimestre de este año. Es la mitad del que se registraba en 2012, en plena salida de la crisis, pero sigue lastrando la gestión financiera y la competitividad. Lo peor ocurre cuando la situación se vuelve crónica. “La morosidad, pese a que constituye un incumplimiento de los contratos, se ha hecho económicamente provechosa para los deudores debido a los bajos intereses de demora aplicados, cuando no de la no aplicación de dichos intereses o de la lentitud de los procedimientos judiciales”, reza el texto de una iniciativa parlamentaria presentada en el Congreso por Ciudadanos. Con ella pretenden que se apruebe un régimen sancionador para los incumplidores. Va desde los 60 euros a 819.780 en los casos más graves, cuando el pago se exceda en más de 60 días. “Es necesario establecer incentivos para que los pagos se realicen sin demora”, creen en el partido. En el preámbulo del texto apuntan a dos culpables de esta situación: la Administración, que en los últimos años ha avanzado mucho en la buena dirección con el plan de pago a proveedores y “aquellas empresas que gozan de poder de mercado para imponer sus abusivas condiciones”.

Una encuesta de PMcM señala que el 29% de las empresas aún desconoce que existe un tope legal para pagar y que el 96% de los proveedores no exigen la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; el 91% nunca o casi nunca exigen a sus clientes morosos los intereses de demora; y al 68% de las empresas se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley.

Las sanciones podrían hacer virar esta situación. El texto legislativo recoge además exenciones del 100% de las multas para las microempresas, pequeñas y medianas empresas justifiquen de forma fehaciente ante el órgano sancionador que ellas mismas son a su vez acreedoras de deudas por un importe total superior a lo que tienen que abonar. Quizá así España deje de ser el tercer país de Europa donde peor se cumple con las facturas.