Divergencias territoriales

Las desigualdades económicas entre territorios se han intensificado en los últimos años. Todas han crecido, pero las más prósperas han liderado la recuperación, mejorando su situación relativa. Baleares, Cataluña y Madrid crecen por encima del conjunto de la economía española, mientras que Navarra y País Vasco lo hacen en torno a la media. Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura, desde un peor punto de partida, también se han recuperado, pero con menos intensidad. Existen excepciones a esta pauta. Así pues, Galicia y la Comunidad Valenciana, que partían con desventaja, han ido escalando posiciones.

Estas divergencias no solo representan un importante desafío para la cohesión territorial. También pueden lastrar el crecimiento para todo el país. En algunas comunidades, la tasa de paro se va acercando al nivel previos a la crisis. Para 2018, se prevé que Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja consigan bajar su tasa de paro por debajo del 10%. No hay que descartar que algunas de ellas experimenten situaciones de escasez de mano de obra en los próximos años. Mientras tanto, la tasa de paro todavía superaría el 20% en otras.

Por otra parte, el reciente informe sobre el empleo de la Comisión Europea insiste en que la distribución de la renta es una de las más desigualdades de Europa, algo que amenaza la sostenibilidad del crecimiento. Sin duda, la dimensión territorial contribuye a esas desigualdades.

¿Cómo se pueden explicar esas divergencias de crecimiento? La clave está en la capacidad exportadora de los distintos territorios. Las exportaciones de mercancías y de servicios han sido el principal motor de la recuperación, y es lógico que aquellas comunidades con un tejido productivo más competitivo aprovecharan ese contexto. La demografía también influye. El interior peninsular, salvo las grandes urbes, se despuebla, lo que deprime la demanda y erosiona el potencial productivo. Por el contrario, el arco mediterráneo y los archipiélagos ganan población.

Todo hace prever que las divergencias se mantendrán el próximo año, con una excepción notable, la de Cataluña. El conflicto ha frenado la inversión, el consumo y el turismo, y restará más de un punto de crecimiento a la economía catalana en 2018. Además, de no disiparse, el desafío soberanista podría producir un cambio notable en la geografía económica del país, como lo demuestra la experiencia del Québec en Canadá. La repetición de consultas secesionistas en esa provincia ha provocado un desvío paulatino de las inversiones hacia otros destinos. El resultado es un retroceso de la renta per cápita y del empleo en el Québec con respecto al resto del país.

Para corregir los desequilibrios, hay que gastar mejor los recursos existentes. En las comunidades con más paro, más del 40% de las personas activas no han completado la educación secundaria. Esto es casi el doble que en las comunidades con mejores resultados en el mercado laboral. Es evidente que el objetivo del fondo de garantía —igualar la calidad de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades— no se ha cumplido en el caso de la educación. La descentralización de la sanidad, sin embargo, ha logrado mejores resultados. Por tanto, lo que está en cuestión no es el fondo de garantía, pilar esencial del sistema y que debe mantenerse, sino su utilización.

La inversión que realiza el Estado en materia de infraestructuras, o en potenciación del I+D del sector privado, podría ayudar a fortalecer el tejido empresarial. Iniciativas como en la costa malagueña o en zonas interiores de Cataluña, las dos Castillas y Galicia, muestran la utilidad de conectar con las aglomeraciones más dinámicas. Algunos de los principales ejes de comunicación, como el corredor mediterráneo, requieren de nuevas inversiones que eviten cuellos de botella que estrangulen la expansión.

En el debate que se ha abierto sobre la financiación autonómica no debería tratarse sólo de cómo repartir la factura. También hay que mejorar la articulación entre las diferentes administraciones y corregir las graves deficiencias en el gasto.