La independència per fer què? Respuesta a Luis Garicano

Querido Luis,

Te escribo en respuesta a tu carta abierta, publicada por El País (10/9/2017). En ella te refieres a un artículo que escribí hace casi cinco años (La Vanguardia, 14 de octubre de 2012) en el cual apuntaba la oportunidad que ofrece la creación de un nuevo estado para hacer tabla rasa, y donde proponía una lista de elementos –de matriz liberal y que tú dices compartir- que consideraba deseables en un eventual futuro estado catalán. Me ruegas, en primer lugar, que reflexione sobre si es razonable pensar que la independencia es el camino para alcanzar aquellos objetivos y a continuación compartes unas reflexiones sobre los logros alcanzados y la situación actual en Cataluña sobre las que me invitas a pensar “de forma racional y desapasionada.” Lo intentaré.

En respuesta a tu primera pregunta voy a empezar por reconocer que, efectivamente, la independencia de Cataluña no garantiza que se implementen los “principios de buen gobierno económico” que compartimos. Pero en mi artículo no hablaba en ningún caso de garantías, sino de las oportunidades y posibilidades que ofrece la tabla rasa. Oportunidades y posibilidades que, por cierto, van mucho más allá de la economía. Repensar el papel y tamaño del ejército, o democratizar la jefatura del estado, por citar dos ejemplos. Pero el atractivo de una nueva república, pese a sus incertidumbres, también depende de cuál es la opción alternativa. En el caso catalán, la alternativa es la de permanecer en España, estado que ya tuvo una oportunidad de hacer tabla rasa hace cincuenta años y que desaprovechó, por lo menos en lo que se refiere a la lista de “desiderata” que proponía en mi artículo. Si crees que es una exageración, repasa los puntos uno a uno, ponles nota, y juzga por ti mismo. ¡Si son los mismos que tú, hasta tu entrada en Ciudadanos, habías denunciado repetidamente desde Nada es Gratis! Y lo que es peor: no se atisba en el horizonte ninguna perspectiva de hacer tabla rasa, ni en las cuestiones económicas objeto de mi artículo, ni en otras tanto o más importantes para muchos catalanes. ¿Puede ser que “lo nuevo,” aunque incierto, sea peor que “lo viejo”? En un campo que te preocupa especialmente, el del “contencioso catalán,” el Estatuto de Catalunya de 2006 ofrecía una modesta posibilidad de encauzamiento “a la vasca” –por cierto, como considerabas deseable en tu libro “El Dilema de España” (p. 171). Pero tu partido votó en contra del Estatut y después aupó la campaña para declarar su inconstitucionalidad, liderada por el PP. Os pronunciasteis contra el pacto fiscal, pero a la vista de los resultados obtenidos en las últimas elecciones en el País Vasco ahora calláis y otorgáis con la renovación del cupo.

En tu carta comentas que Cataluña goza de un grado de autogobierno muy elevado. Pero esto es engañoso y tú lo sabes. Las comunidades autónomas gestionan políticas, Madrid las decide. Lo hace directamente o mediante leyes básicas que limitan enormemente la libertad de acción de los gobiernos autonómicos, por mucho que se alardee de elevadas cifras de gasto descentralizado y por muchos símbolos autonómicos que se exhiban.

La diferencia entre gestionar y decidir es fundamental, en mi opinión, para entender el sentido del proyecto independentista. Los beneficios de la capacidad de decisión dependen del grado en que las políticas elegidas aumenten el bienestar de la población a la que un gobernante sirve, sin que para ello sea necesario ser o creerse más competente. Dicho de otro modo, la clave está en tener los objetivos correctos. Pues bien, la opinión compartida por un amplio espectro de la sociedad catalana --incluyendo entidades empresariales poco afines al catalanismo-- es que muchas de las decisiones económicas estratégicas de los sucesivos Gobiernos de España han despreciado en gran manera los intereses de los catalanes y de su economía. En Ciudadanos a esto lo llamáis victimismo. Pero las cifras están ahí (déficit fiscal, porcentaje de inversión pública), y algunas de las prioridades a la vista de todos (AVE vs. corredor mediterráneo, cercanías). Gran parte de los intentos modestos de la Generalitat de hacer política (y no solo gestión) han sido abortados sistemáticamente por el gobierno central mediantes recursos de inconstitucionalidad (véase figuras tributarias diversas, pobreza energética, modelo de comercio, etc.). Y todo ello en base al argumento, repetido ad nauseam, de que su adopción en Cataluña atentaría contra el principio sacrosanto de la igualdad entre todos los españoles. ¿Pero si este principio de igualdad tiene que prevalecer en cualquier ámbito, qué espacio puede existir para decidir políticas propias diferenciadas y, por lo tanto, para una efectiva autonomía política?

El Reino Unido tuvo la valentía e inteligencia de hacer frente a la voluntad de poder decidir su vínculo con el Reino Unido, manifestada repetidamente por el pueblo escocés, con una actitud impecablemente democrática

Permíteme compartir dos experiencias personales. Durante unos años tuve el honor de ser miembro del CAREC, un consejo asesor en cuestiones de economía creado por el gobierno de Artur Mas y presidido por Salvador Alemany. Nuestra misión principal era la de hacer propuestas de política económica al Govern. A pesar del muy elevado capital humano del consejo y de los estimulantes debates que tuvimos en su seno, mi sensación a los pocos meses de funcionamiento era la de una cierta frustración: la mayor parte, sino la totalidad, de las políticas que discutíamos y proponíamos sobre temas de calado (relaciones laborales, regulación financiera, fiscalidad, etc.) nunca podrían ser implementadas por el Govern, al carecer de competencias sobre las mismas. En cualquier caso los informes están disponibles y, quien sabe, quizás serán útiles en el futuro. Mi experiencia reciente como director del CREI, un centro de investigación en economía que conoces bien, me ha llevado a una conclusión parecida: la autonomía que creíamos gozar, y que ha sido sin duda la clave del éxito de los centros de investigación impulsados por la Generalitat, ha topado con las limitaciones impuestas por la normativa del sector público español, reflejada en leyes básicas del Estado, jerárquicamente superiores a cualquier normativa catalana. Y como tú bien sabes la normativa española no es precisamente la ideal para construir centros de investigación (o universidades) que puedan competir en condiciones razonables con los centros más punteros del mundo. Por cierto, me consta que Ciudadanos votó en contra de varias enmiendas al Presupuesto del 2017 que hubieran flexibilizado algunas de estas normas para los centros de investigación.

En la última parte de tu carta me preguntas qué me hace pensar que una eventual república catalana nacida a partir del referéndum del 1-O puede volverse repentinamente respetuosa con la ley y el Estado de derecho. Una vez más tengo que reconocer que no existe ninguna garantía de que sea así y que, como decía en mi artículo, todo depende del uso que se haga de las oportunidades que ofrece el poder empezar desde cero. Pero reconocerás que las bases del proceso catalán son mucho menos rupturistas, por no decir desgarradoras, que las de otros precedentes históricos que difícilmente pueden calificarse de fracasos. A Estados Unidos, por citar un ejemplo que conoces bien, no le han ido las cosas tan mal. Ni a Irlanda o Noruega. Ni les va mal a muchos de los pequeños países que se han creado tras la caída del muro.

Además, uno constata que la mayoría de los países que en su día surgieron de un proceso de independencia mantienen una relación especial de amistad con los Estados a los que pertenecían, relación reconocida y apreciada por ambas partes. El caso de las provincias españolas en América, cuya españolidad se presentaba como incuestionable desde la metrópoli y cuya independencia se alcanzó solo tras guerras sangrientas, es un ejemplo paradigmático. Como sabes algunos de estos países han estado celebrando estos años el bicentenario de sus respectivas independencias. Las representaciones diplomáticas españolas en estos países han participado en las conmemoraciones, con Felipe González (who else?) ejerciendo de embajador plenipotenciario. ¡Qué lejos quedan los tiempos en que los Miranda, San Martín, Bolívar y tantos otros líderes de las independencias de Hispanoamérica eran despreciados desde la metrópoli como traidores antiespañoles para quienes se pedía la cabeza! Una relación de igual a igual, respetando la identidad y legitimidad del pueblo que se siente como nación y con derecho a ser sujeto político, es la mejor garantía y una condición necesaria para una buena relación. El Reino Unido tuvo la valentía e inteligencia de hacer frente a la voluntad de poder decidir su vínculo con el Reino Unido, manifestada repetidamente por el pueblo escocés, con una actitud impecablemente democrática. ¿Por qué el Estado español no ha podido hacer frente de forma similar a una demanda parecida de la población catalana? ¿Es que Cataluña es menos nación que Escocia? ¿O que alguno de los trece estados europeos que han alcanzado la independencia en los últimos 30 años? ¿Cómo es posible que la principal razón que el Estado español pueda esgrimir contra un referéndum en Cataluña sea un artículo de la Constitución que --como explica Solé Tura en sus escritos sobre el proceso de su redacción-- no es más que una transcripción de una nota escrita a mano, no negociable, acordada con “los sectores consultados”?

Es difícil no compartir la idea de que las condiciones y bases del referéndum del 1-O no son las ideales. El mismo President Puigdemont lo reconoce abiertamente. ¿Pero qué alternativas quedaban después de la masacre del Estatut (que Ciudadanos aplaudió), la negativa tajante del Gobierno español a negociar un pacto fiscal y una relación confederal (como las que sugerías en tu libro), así como la negativa sistemática a negociar por parte del Estado un mecanismo que permitiera dar una salida digna a la demanda del derecho a decidir –que no necesariamente de independencia-- expresada mayoritariamente en urnas y encuestas por la población catalana? ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar, de entre todos los que ofrece la rica lengua española, para describir las críticas al 1-O por su falta de garantías formales por parte de poderes públicos y partidos políticos que han hecho y harán lo imposible para impedir que se pueda hacer una consulta con todas las garantías deseables, como se hizo en Escocia?

La inmediatez del 1-O ha motivado tu carta, que se refiere a un artículo que escribí hace cinco años. Aunque ocasionalmente doy mi apoyo público a causas que considero meritorias, hace tiempo que no escribo artículos en la prensa. Pero por el respeto que te tengo como académico no he querido dejar sin respuesta las preguntas que me formulabas en tu carta.

Recibe un fuerte abrazo,

Jordi Galí, Director del CREI y Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra