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Empleo busca salvar la ayuda a parados del Prepara tras un fallo del Constitucional

El alto tribunal declaró ilegal la gestión del programa tras una demanda de la comunidad vasca

Fatima Bañez
La ministra de Empleo, Fátima Báñez EFE

El Ministerio de Empleo busca alternativas para salvar el plan Prepara. A finales de julio el Tribunal Constitucional declaró ilegal la gestión y los pagos centralizados de ayudas a parados de este plan a raíz de una denuncia del País Vasco. El fallo ha trastocado la intención de Empleo, que pretendía prorrogarlo por otros seis meses. Ahora busca fórmulas que permitan la extensión, apuntan en el departamento que dirige Fátima Báñez, sin dar más detalles. Para ello ha convocado a una reunión el lunes 14 de agosto a sindicatos y empresarios Garantía Juvenil. Y, además, tras una demanda de la comunidad vasca el Tribunal Constitucional declaró ilegal la gestión y la forma centralizada en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del pago a parados del plan Prepara.

“Prorrogarlo tal cual, ahora sería inconstitucional”, apuntan en Empleo. Esta edición del Prepara concluye el 15 de agosto. La intención del Ejecutivo era aprobarlo con un cambio: hasta ahora se renovaba automáticamente mientras la tasa de paro estuviera por encima del 18%. España bajó de ese nivel en primavera. La prórroga requería una ligera modificación en la norma. Pero la sentencia obliga ahora a un cambio más profundo.

Un plan extraordinario

El plan Prepara es una variante de la primera ayuda extraordinaria a parados que se creó por la crisis, el llamado PRODI. En 2011 fue rebautizado como Prepara. Después ha sufrido varias modificaciones hasta su configuración actual: un plan de seis meses de duración que se ha ido prorrogando hasta ahora, el desempleado recibe una paga mensual que oscila entre 400 y 450 euros. Entre finales de 2011 y comienzos de 2017, el número total de beneficiarios ha sido de casi 700.000 parados. Desde el Ministerio apuntan que su intención es buscar “alternativas” para asegurar la continuidad del plan y “no dejar a nadie sin cobertura”, pero no dan más detalles.

“La sentencia solo habla de la gestión. Por tanto, el Ministerio lo que debe prorrogar el programa y hacer el ajuste con las comunidades autónomas”, reclama Lola Santillana, responsable de Empleo de CC OO. En la misma línea, Maricarmen Barrera, su homóloga en UGT, apunta que “la sentencia no debe ser excusa” y adelantó que su central el lunes, en la cita del próximo lunes en el Ministerio, reclamará la extensión del programa y, además, su mejora.