Regulación bancaria en EE UU

La llegada de Donald Trump a la presidencia ha supuesto un cambio de tono en el discurso de la regulación financiera. Atrás quedan los tiempos de Barack Obama, en los que se aprobaron severas restricciones al sector bancario como respuesta a la profunda crisis financiera internacional. El mensaje de Trump es bien distinto y ha sido difundido a través de sus célebres tuits y discursos. "[la ley] Dodd-Frank [que regulaba el mercado financiero] es un desastre. Vamos a machacarla". Este es el que transmitía el presidente a pequeños empresarios en un acto en la Casa Blanca en enero de 2017.

Sus prioridades son claras: el crecimiento y los estadounidenses. Con este objetivo, Trump encargó revisar el marco de regulación financiera. El informe del Tesoro americano, recientemente publicado, es la respuesta a dicha petición. Incluye más de 100 recomendaciones dirigidas a cumplir un conjunto de principios como: buscar una regulación más eficiente, efectiva y proporcional, apoyar el crecimiento económico, y promover la competitividad de las compañías estadounidenses. El Tesoro mantiene gran parte de los pilares del marco introducido a raíz de la crisis, pero también propone la revisión de numerosos elementos de la reforma: simplificación de la separación de banca comercial y de inversión, los test de estrés, recalibración de la definición del ratio de apalancamiento y los ratios de liquidez, y un tratamiento más favorable para los bancos extranjeros. Con todo ello, se busca una simplificación de la carga regulatoria para bancos pequeños y sistémicos, velando por su competitividad internacional.

Una de las grandes incógnitas de esta revisión es el impacto sobre los acuerdos internacionales. El Tesoro pide explícitamente que se finalice la revisión de Basilea III, pero queda por ver si las otras partes están dispuestas a firmar con un socio que tiene en revisión gran parte de la reforma y que pide retrasar elementos ya acordados.

Muchas de las recomendaciones son modificaciones que no requieren de trámite parlamentario. Sin embargo, algunos temas más estructurales, como reducir la independencia de la Oficina de Protección del Consumidor Financiero (CFPB, en inglés) o desvincular la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC) de los planes de resolución bancaria, necesitan de cambios en la ley. Algo difícil de obtener en la actual coyuntura política de EE UU.

Estamos ante una recalibración del marco regulatorio de gran alcance. Está por ver si, tras la negociación política, se materializa en una nueva etapa de relajación regulatoria en el país norteamericano que pueda convertirse en tendencia global. Por el momento, lo más probable es la recalibración y no la eliminación de las leyes clave. La búsqueda de la eficiencia en la regulación resulta positiva y bienvenida, siempre que no se descuiden los elementos instaurados de protección frente a una nueva crisis.

María Abascal es analista de BBVA Research.