Una seguridad privada a precio de saldo

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa Seguridad Integral Canaria, está considerado el rey del low cost en su sector. Y no por méritos corporativos. Presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias a que somete a su plantilla, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”, obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de trabajo. Sus compañeros de profesión llaman a empresas como la suya “piratas” que tiran los precios. Ese es, según los expertos, el talón de aquiles de un sector considerado uno de los mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles (74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso en el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y normalmente retribuyen menos.

“Se firma cualquier barbaridad. Algunas empresas colocan de representantes de los trabajadores a personas a dedo, socios o familiares. El problema es que desde la Administración se adjudican a estas empresas concursos porque solo se valora el precio. Y si dijéramos que el salario del convenio sectorial es altísimo…, pero no es el caso”, analiza Daniel Barragán, secretario de acción sindical de la federación de Servicios de CC OO. A Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, le choca comprobar que en un sector tan controlado, donde el factor humano determina el coste final, haya unas empresas “que licitan a unas cantidades que cubren los costes salariales y además obtienen beneficios, mientras otras necesitan descolgarse del convenio colectivo para subrogar a los mismos trabajadores que ya estaban prestando el servicio en organismos oficiales, siendo estas últimas las que se quedan con el pastel”.

Este y otros motivos han hecho que la facturación del sector se haya visto muy mermada en los últimos años. Las 1.534 empresas registradas en el Ministerio del Interior ingresan en España menos que hace una década: fueron 3.481 millones en 2015. Entre 2009 y 2014 las caídas del negocio llegaron a un ritmo del 8% anual. Gracias al aumento de la demanda de alarmas e instalación de equipos, en 2016 las cosas comienzaron a ir moderadamente bien, con crecimientos del 2,7%, hasta los 3.580 millones, algo que, sin embargo, no compensa lo perdido en años anteriores.

En el resto del mundo la seguridad, desde la vigilancia a la instalación de alarmas, el transporte de explosivos, el traslado de fondos o la protección personal, es un mercado con buenas perspectivas. Según un estudio de la firma de análisis Freedonia, los servicios de seguridad privada mueven 161.000 millones de dólares en el mundo, y se estima que crecerán a un ritmo medio anual del 6% hasta 2020. La mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de The Guardian. “En el sentido más amplio, el interés por los servicios de seguridad está impulsado por el riesgo de la delincuencia. A pesar de que las tasas de criminalidad caen en un gran número de países, existe una percepción generalizada de que la delincuencia va en aumento”, valora el informe de Freedonia. En España no es exactamente así: la tasa de criminalidad, según el balance que hace el departamento de Seguridad Nacional, no ha dejado de caer en los últimos años, “pero también lo hace la percepción social de inseguridad”, añaden desde el Ministerio del Interior. En las encuestas del CIS de mayo de 2010 la inseguridad preocupaba a un 9,7% de los ciudadanos, mientras que el pasado diciembre tan solo era de un 3,2%.

Contratos por los suelos

La Administración genera contratos por importe de 600 millones por la custodia y vigilancia de sus infraestructuras y edificios. “Pero los sueldos son paupérrimos. Para los vigilantes y para todos los que trabajamos en seguridad”, lamenta el presidente de la asociación de profesionales de jefes de seguridad, Antonio Cedenilla. “Hay una competencia brutal de las empresas pirata para conseguir servicios. Lo único que quieren es gran volumen. Los beneficios han sido muy exiguos. Han cerrado empresas, pero creo que hemos tocado fondo y ahora reemprenderemos el vuelo”, repasa Cedenilla. “No estamos en una situación trágica de otros momentos, pero todavía nos queda un tiempo para la recuperación”, añaden en Aproser. “La culpa de esta situación la tienen las propias empresas con sus estrategias. No creemos que estén perdiendo dinero, no son hermanas de la caridad”, contrapone Barragán (CC OO). El “descuelgue” del convenio sectorial es la práctica más criticada. Para UGT, modificar la reforma laboral es clave para “recuperar su prevalencia ante los acuerdos de empresa”.

Alejandro Fernández, consejero delegado de Ilunion Facillity Services, calcula que alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector. “Más del 90% de los costes de una oferta suelen ser por la mano de obra. Si una propuesta está un 30% o un 40% por debajo de la nuestra, es obvio que no se trata de un tema de ahorro por una mejor o peor gestión. Ahí entran salarios de 700 euros. Eso daña el servicio y va expulsando a otros operadores, como nosotros, porque tenemos claro que no vamos a precarizar el sector”. La empresa que dirige tiene 5.000 trabajadores, medio millar con algún tipo de discapacidad. “Estamos tratando de aplicar criterios de gestión muy estrictos, estudiamos muy bien en qué operaciones entramos. Lo hemos pasado un poco mal estos años, pero no hemos sido la excepción”. Cree que han pasado una época de “huida hacia adelante”, donde las empresas se han tenido que proteger para cubrir los costes de estructura. “Tocará una nueva situación que permita una subida de precios”, augura. ¿Cómo? “La forma de salir de aquí es capacitando a nuestra gente, ofreciendo algo mejor, especializándonos”.

Prosegur, el líder del mercado, factura cerca de 4.000 millones en el mundo y está fuertemente internacionalizado: en España su plantilla alcanza los 27.000 empleados sobre un total de 160.000. “Tenemos un crecimiento consistente en ventas y rentabilidad. Nuestra estrategia para crear valor ha empezado a dar resultados”, señaló Antonio Rubio, el director financiero, durante la presentación del último balance a los analistas. Es una de las más dinámicas en la apuesta por la convergencia entre seguridad física y lógica. “El sector se está adaptando. El mercado de la ciberseguridad crece a un ritmo del 25% anual. Prosegur tiene un potente departamento”, valora Iván Rubio, director de la revista Cuadernos de Seguridad.

Nichos de mercado

Eulen, otro gran actor, también ha girado el enfoque de su negocio. “Llevamos impulsándolo desde 2008. Las empresas tienen la necesidad de asegurar todos sus activos, tanto tangibles como intangibles, eso nos ha llevado a integrar servicios de vigilancia con sistemas de seguridad (física y electrónica), inteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia”, explica Luciano Valladares, director de Eulen Seguridad. Este año esperan alcanzar los 207 millones en facturación. Lo que sí han notado, apunta Valladares, es que el principal servicio que disminuye es “la vigilancia convencional”, frente a la creciente demanda de acciones en infraestructuras críticas. En Securitas Direct, por ejemplo, combinan la innovación entre sus centros de Malmö (Suecia, país sede de la empresa) y Madrid. “En ellos trabajan más de 350 ingenieros en un gran abanico de especialidades”, analiza Cristina Rivas, directora de tecnología. Desde Internet de las cosas hasta procesado de imágenes, reconocimiento de voz, diseño de interfaces de usuario o big data. “Habitualmente trabajamos de forma simultánea en cinco o seis innovaciones”.

Más allá de estos grupos, sin embargo, fuentes empresariales reconocen que la seguridad privada en España no es un sector lo suficientemente atractivo para captar capital de otros países, ni tampoco brilla por su gran múscu­lo exportador o por su desarrollo tecnológico. “Estamos poco concienciados, y lo vemos en la poca atención que dedicamos a los primeros auxilios o a la protección contra incendios. Estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 [considerado alto] y tenemos a los vigilantes presando el servicio con una defensa de goma, lamenta José Ignacio Olmos, de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. “La seguridad siempre se ve como un gasto, y en cambio puede ser una ventaja competitiva”.

Una ventana de oportunidad se abre en el corto plazo para que el sector crezca: la Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene un artículo (el 41.3) que autoriza a que las empresas privadas participen “en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. Se ha especulado —y polemizado mucho— sobre si es lícito que un vigilante pueda llegar a actuar en una manifestación, o haga identificaciones en una zona pública, por ejemplo. “Antes no estábamos acostumbrados a que los vigilantes realizasen funciones de escoltas (como en el País Vasco), que estuviesen en aeropuertos, desempeñasen servicios en aguas internacionales o vigilasen determinados espectáculos, y ahora es normal. La ley, por su técnica legislativa, y por una flexibilización del concepto de la vía pública, ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos servicios que puedan desem­peñar las empresas en el futuro”, recuerdan en Aproser. “Si tiene sentido la vigilancia de un centro comercial, ¿por qué no lo tiene en una zona comercial delimitada de una ciudad?”, se preguntan. “Cada caso tendrá que analizarse y el papel que tengamos que desempeñar lo irán definiendo las necesidades”.

El reglamento que desarrolla la ley, sin embargo, no se ha aprobado —continúa vigente el del año 1992—, y con el actual mapa político no se anticipan cambios muy drásticos. “Sin saber su contenido es difícil valorar cómo nos va a afectar”, piensa el responsable de CC OO. “El tema más delicado está en servicios de seguridad pública. Se baraja que puedan ejercerse funciones complementarias, como en otros países de nuestro entorno donde eso está más avanzado, incluso con patrullas externas controladas por la policía ejerciendo sus funciones en la calle. Pueden llegar a detener o participar en funciones policiales”. La línea roja, para Barragán, es “que no se use a los trabajadores como arma arrojadiza. No se les puede poner en situación de indefensión. Policías y vigilantes no tienen el mismo oficio”. El ejecutivo de Ilunion pronostica que habrá un nuevo desarrollo dentro del sector de prisiones, los eventos y las infraestructuras críticas (las que se consideran estratégicas para que funcionen los servicios esenciales del país).

Poca formación

¿Está capacitado el sector para afrontar un mayor papel cuando el 45% de los vigilantes solo ha completado la enseñanza obligatoria y solo el 8% son licenciados o diplomados? “Muchos profesionales no se están formando sobre las nuevas vías de negocio que se abren”, juzga Iván Rubio. Por ejemplo, sólo las personas acreditadas del sector pueden operar un dron para funciones de seguridad privada. “La ley establece las horas obligatorias de formación, pero se debería mejorar el reciclaje de los profesionales”. Es más, añade Gianluca D’Antonio, director académico del máster en Ciberseguridad del IE, “las nuevas tecnologías van más rápido, el mercado de la seguridad avanza hacia otro perfil de empleo y el sector tiene que reflexionar sobre la gestión de los recursos humanos”.

Yendo más lejos, hay quien incluso apunta a que la colaboración público-privada crezca como brazo de los servicios de seguridad ciudadana. “Los responsables de banca ya colaboran con las autoridades en temas de ciberseguridad. Hay otros campos, como la amenaza yihadista, donde se está trabajando”, añade Rubio.