El Parlamento Europeo quiere poner orden contra los abusos de la economía colaborativa

Europa observa con inquietud cómo una buena parte de la llamada economía colaborativa escapa a las reglas. El Parlamento Europeo ha pedido este jueves medidas comunes para evitar abusos y garantizar que las normas laborales, fiscales y de protección al consumidor se aplican también a fenómenos como Uber, Airbnb o Deliveroo. Sin dar nombres, los eurodiputados advierten de que este modelo “puede desembocar en situaciones de precariedad”, aunque también piden evitar trabas a la actividad que generan. La Comisión Europea estudia nuevas directrices para el sector de alojamientos turísticos.

Las instituciones europeas tienen sentimientos encontrados ante esta nueva realidad. Por un lado, quieren evitar cortapisas a la generación de empleo en un continente que se recupera muy lentamente. Por otro, observan las dificultades para lograr que esos servicios paguen impuestos, coticen por los trabajadores o respondan ante los usuarios como lo hacen los negocios tradicionales.

Sin dejar claro si piden nueva regulación o simplemente que se aplique la convencional, la Eurocámara ha aprobado una resolución que exige contemplar esas realidades. “Se están abordando más a través de sentencias que otra cosa. Eso ha dado lugar a normas de difícil interpretación y a un mercado fragmentado”, recordó el ponente socialdemócrata de esta iniciativa, Nicola Danti, durante el debate celebrado la noche del miércoles en la Eurocámara. El texto se ha aprobado con una amplísima mayoría: 510 votos a favor, 60 en contra y 48 abstenciones.

En principio Europa acogió con los brazos abiertos un modelo participativo que procuraba ingresos económicos a segmentos de población con dificultades de acceso al empleo ordinario. Pero el crecimiento vertiginoso de la economía colaborativa ha creado situaciones de competencia desleal como la del transporte urbano. Uno de esos pronunciamientos de los tribunales a los que se refiere el diputado se ha producido a raíz de las protestas del sector del taxi en España. El abogado general de la UE considera que Uber es una empresa de transportes y que como tal puede estar sometida a licencias. La sentencia definitiva confirmará si ese es el veredicto final del tribunal europeo.

Entretanto, los nuevos negocios no paran de crecer. En 2014 los ámbitos de actividad de la economía colaborativa eran solo seis. Hoy ese impacto se ha triplicado, según datos del Parlamento Europeo. La resolución parlamentaria lamenta “la falta de claridad” de la Comisión en las propuestas que ha planteado hasta el momento y destaca “la importancia de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, de respetar plenamente los derechos de los trabajadores y de velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales” de las compañías. También exige distinguir entre quienes prestan los servicios de manera profesional y los particulares que lo hacen ocasionalmente.

El texto es lo suficientemente ambiguo como para haber recibido el respaldo de sensibilidades políticas muy distantes. “Hay que regular para evitar una doble realidad legal entre la economía digital y la tradicional”, defendió el socialista español Sergio Gutiérrez. En el lado contrario, Anna Maria Corazza Bildt, del Partido Popular Europeo, concluyó: “La sobrerregulación no es una solución. Debemos espolear el crecimiento económico en Europa”. Tania González, de Podemos, criticó que el texto parlamentario no sea suficientemente claro y pidió “un marco regulatorio” para evitar “camuflar empleo precario en una especie de marco de oportunidades para el empleo juvenil y para el emprendimiento”.

Rendir cuentas al consumidor

Consciente de la falta de concreción, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, evitó dar una respuesta concluyente. “Hay que facilitar el desarrollo de estos negocios, pero hace falta certidumbre jurídica”, manifestó. Un año después de haber presentado una guía —no vinculante— de buenas prácticas para todos los fenómenos de la economía colaborativa, la Comisión intenta ahora abordar el fenómeno desde el punto de vista sectorial, según las fuentes consultadas. Bruselas está en conversaciones con los agentes económicos y los Estados miembros para hablar de posibles medidas en el sector de los alojamientos turísticos, el que más volumen de ingresos genera. También pretende reforzar la responsabilidad de estas plataformas ante los usuarios (por ejemplo, cuando el servicio se presta en malas condiciones).

El Ejecutivo comunitario quiere igualmente poner coto a los abusos laborales, con una revisión de una directiva sobre contratos de trabajo este mismo año. El objetivo es fijar unas garantías mínimas para cada trabajador, especificando que también cubre a quienes trabajen en negocios de este tipo. También se quiere ampliar el foco de la protección social a estos empleados —a veces autónomos y a veces por cuenta ajena—, aunque la Comisión no aclara cómo.