Los ayuntamientos piden ampliar el impuesto de plusvalía a la construcción

La Femp plantea dos opciones beneficiosas para ellos. Por un lado, reclama sustituir la "base objetiva actual por una nueva que grave la capacidad económica real del contribuyente". Es decir, el impuesto se calcularía aplicando un gravamen entre la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición. De esta forma se ampliaría el incremento del valor tanto al valor de la construcción —y no solo del suelo como hasta ahora— así como a los inmuebles rústicos —y no solo a los urbanos como ahora—.

Esto supondría un cambio radical de este impuesto que grava el incremento de valor del suelo de las ciudades por las mejoras urbanísticas que los Ayuntamientos han realizado en la zona. De aceptarse la propuesta de la Femp, el nuevo impuesto sería un remedo del impuesto sobre la renta (IRPF) que grava las ganancias patrimoniales.

Deducción estatal

Precisamente, para evitar una colisión con este impuesto estatal (IRPF), los alcaldes proponen que la cuota del nuevo impuesto municipal sobre plusvalías sea deducible en los impuestos estatales. De esta forma, los Ayuntamientos reforzarían su capacidad de recaudación y se asegurarían un mayor pellizco de ingresos públicos en detrimento de las arcas estatales.

La otra propuesta de los alcaldes consiste "en adecuar el tributo a la evolución real del mercado inmobiliario". Para ello, el Catastro tendría que elaborar unos coeficientes cada año que reflejen la evolución del mercado del suelo. Los alcaldes quieren aprovechar para eliminar la exención del impuesto para las plusvalías inferiores al año, algo que afectará negativamente a los inversores o los ciudadanos que reciban donaciones.

"Con esta propuesta no se va a reducir la litigiosidad, la batalla legal se va a trasladar a otro sitio", explica José María Salcedo, abogado del despacho Ático Jurídico. "Además", añade, "trasladar la plusvalía a menos de un año provocará gravar las plusvalías inmerecidas". Según Salcedo esto perjudicará a los contribuyentes que hayan recibido una donación o una herencia así como a los inversores. Y provocará un aumento de los procesos de comprobación de valor, "con todo los problemas que conlleva", sostiene.